La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) comenzó, desde ayer, a sancionar a empresas de transporte que no estén cumpliendo con la obligación del cupo para personas con discapacidad en la estación de ómnibus de Retiro. Según se informó de manera oficial, quienes nieguen este beneficio “estarán en infracción respecto de la normativa vigente” y tendrán multas.

Desde el organismo señalaron que el procedimiento surgió a raíz de numerosas denuncias recibidas entre el fin de semana y el lunes. “Analizamos la situación, vimos los registros, e intimamos a las empresas y a las cámaras empresarias el mismo lunes. Y ayer comenzamos con las sanciones”, destacaron a Infobae.

El procedimiento consistió en enviar las intimaciones a las empresas que no estaban cargando los servicios, mientras que al mismo tiempo se les envió una nota formal a las cámaras empresarias exigiendo el cumplimiento de dicho beneficio. Ayer, martes, se comenzó con el proceso de multas.

Así, la CNRT ya intimó a un total de 44 empresas “que decidieron unilateralmente” la suspensión de estos pasajes gratuitos. Y les exigió a las diferentes cámaras empresarias del sector, a través de una nota formal, que revean dicho accionar.

También aclararon que la desregulación del transporte automotor de media y larga distancia “no implicó la eliminación de la gratuidad en los pasajes” para las personas con certificado de discapacidad. “Por el contrario, el objetivo de las medidas es generar beneficios para las empresas y los usuarios, logrando una mayor oferta de servicios y a un menor costo”, agregaron. Y por lo cual, las empresas están obligadas a continuar brindando el servicio.

“La desregulación del transporte de larga distancia da libertad para competir, no para violar las normas. La protección a los más vulnerables no se derogó ni se va a derogar. Por eso CNRT controla y sanciona a quienes incumplen normativa vigente”, remarcó Franco Mogetta, secretario de Transporte de la Nación, en las redes.

En el ámbito político, el diputado nacional por el PRO, Héctor Baldassi, también se refirió al tema: “Hubo un gris en la interpretación de la Ley de Desregulación, algunos medios de transporte tomaron ese gris para hacer hincapié y no ceder más la gratuidad. Lo que hay que hacer es pensar para el futuro, para las nuevas empresas que vienen, también que se acojan a esta ley”.

La respuesta del sector empresario

“Ninguna empresa fue sancionada y no tienen justificación para hacerlo. No estamos incumpliendo ninguna norma”, respondieron desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) a Infobae. Y agregaron: “La desregulación implica que no existe más el servicio público de larga distancia. No desconocemos la ley, pero nos sacaron los permisos y ya no somos servicio público”.

En este sentido, criticaron que los desregularon de oficio, que los “transformaron en UBER”, que deben indicar su ruta y arreglar el precio con los pasajeros.

Además, indicaron que, desde el momento que se anunció la desregulación del transporte, solicitaron que se convoque a la Agencia Nacional de Discapacidad: “Sabiendo que esto iba a ocurrir, pedimos que se consulte a la gente, pero la respuesta fue cero. No hay sorpresa para nadie y no podemos ser nosotros los malos de la película”, argumentaron.

En tanto, también subrayaron que el Estado se desligó de sus responsabilidades y de sus decisiones. “Nosotros integramos entre un millón y un millón y medio de boletos gratis al año, que es un impacto económico enorme. Además de que desde 2018 tenemos subsidio cero al transporte, el Estado compensaba menos del 10% de la butaca y lo pagaba con meses de atraso”, indicaron. Sin embargo, desde CELADI aclararon que continúan entregando los boletos solicitados previos a la desregulación.

Por último, desde la cámara adelantaron que desde el Gobierno buscarán imponer el cupo para personas con discapacidad dentro del reglamento. Y concluyeron: “Si no hay un acuerdo lógico, si no hay un mecanismo de compensación y se hacen cargo de sus responsabilidades, no descartamos ir a la Justicia”.

Por otro lado, fuentes empresariales observaron: “Hoy, con la normativa, cualquiera se puede dar de alta en un registro y transportar personas, pero la obligación de llevar personas con discapacidad gratis solamente queda en cabeza de las empresas de servicios regulares de larga distancia”.

Por lo cual indicaron que habría una desigualdad frente a la ley: “Los servicios nuevos de oferta libre no estarían obligados y tampoco las líneas aéreas, pero sí las empresas de servicio reguladas, que van a enfrentar una competencia desleal de parte de aquellos otros operadores que tienen muchas menos obligaciones y van a competir por el mismo mercado”.

Finalmente, puntualizaron que para resolver la problemática, la nueva norma debe reflejar “un espíritu de sana competencia” y que sea en igualdad de condiciones. Y concluyeron: “O estamos todos obligados o no está nadie obligado. Pero de esta manera, se produce un excesivo peso por la gratuidad en las empresas de servicio regulado de larga distancia”.