La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le contestó al representante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Juan Grabois, tras las críticas por el allanamiento realizado en la casa de la dirigente social, Fernanda Miño.
“Grabois. El operativo que reclamás fue de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Lo que tengas que reclamar, hacéselo a tu amigo Axel Kicillof”, aclaró la ministra en la red social X (ex Twitter), en relación al señalamiento que hizo Grabois por la misma vía, donde responsabilizó “al gobierno de este accionar propio de la dictadura”.
A través de sus redes sociales, el dirigente de UTEP reveló que habían allanado la casa de Miño, en Villa La Cava, San Isidro. “Los vecinos nos informan que cuando abrió la puerta, un grupo de policías encapuchados con armas largas que estaban escondidos se metieron violentamente por atrás”, denunció.
También precisó que no la dejaron comunicarse con su abogado ni le indicaron la causa de la irrupción. “A Fernanda nunca le pudieron encontrar nada, entonces, ahora le inventaron que ella, que es la gran bandida del mundo, se robó una moto. ¿Saben por qué es este allanamiento? Por el robo de una moto””, puntualizó en un video.
“Son nuestros enemigos que están cruzando una línea roja más, que son cobardes, siempre cobardes con los de arriba y muy fuertes con los de abajo. Esto no se lo vamos a dejar pasar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, advirtió Grabois, que calificó al allanamiento como “artero” e “ilegal”.
A su vez denunció: “Una de las menores que estaban en el lugar cuando fue el operativo, artero, completamente ilegal, nos cuenta que un señor encapuchado la agarró del pelo y la golpeó. Son muy guapos con los pobres, son muy guapos con los villeros”. E indicó que Miño también habría sido físicamente agredida.
Grabois también remarcó que el barrio “está lleno de narcotraficantes” y que allí “están envenenando a los pibes”. Y determinó: “Mueren pibes envenenados todos los días y vienen a hacer un allanamiento por una moto a Fernanda Miño. ¿Qué puedo pensar?”.
Finalmente, el dirigente social expuso en su último tweet: “Llegamos. Se fueron a los cinco minutos. Sus cómplices narcos ahora empezaron a los tiros en el fondo. Estuvieron dos horas revolviendo la casa. Le pegaron mucho a Fernanda, la tiraron al piso, le pegaron a las niñas que están totalmente aterrorizados. Esto no queda así. No nos chupamos el dedo. Nunca jamás hicieron esto para agarrar un narco de los que matan pibes en este barrio”.
Miño estuvo bajo la lupa del Gobierno a principios de año, cuando se realizó una auditoría en el fondo fiduciario que ella manejaba. De hecho, fue la última responsable del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), que destinó miles de millones de pesos a obras en barrios vulnerables, por lo que fue imputada en una causa por presuntas irregularidades en el fuero federal.
El Registro Nacional de Barrios Populares también estaba a cargo Miño, ya que era la titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat, y tenía al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) como fiduciario. Sin embargo, el propio Poder Ejecutivo aclaró que hasta ahora la auditoría “no encontró hechos de corrupción” al menos evidentes.
Según pudo saber este medio de fuentes oficiales, desde la creación del FISU se realizaron 1.278 obras de integración en barrios populares, alcanzaron 5.060 asentamientos con obras de vivienda en los que se realizaron 6.517 intervenciones por un monto de casi 500 mil millones de pesos, exactamente $480.611.383.294,59 durante los últimos cuatro años. Fueron distribuidos en casi el 70% a “organizaciones de la sociedad civil”.
La auditoría en cuestión puso la lupa en que un gran porcentaje de las obras fueron veredas y cordones, que los contratos -como en las licitaciones de alimentos y medicamentos oncológicos- fueron dirigidos, en este caso, cooperativas vinculadas a los movimientos sociales de la UTEP.
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