Diputados y senadores de sectores dialoguistas convocaron a participar de la marcha universitaria

Diputados y senadores de la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y Encuentro Federal llamaron a la ciudadanía a participar de la movilización prevista para este miércoles en rechazo al veto presidencial de la ley de financiamiento universitario.

Los legisladores también adelantaron que en caso de que Milei firme el veto, buscarán insistir con el proyecto juntando dos tercios de los votos en ambas cámaras.

La primera en hablar fue la diputada Danya Tavela, que aclaró que su sector del radicalismo va a apoyar la movilización porque “acompañar la universidad es acompañar el futuro y el desarrollo del país”.

En la misma línea, el senador Martín Lousteau afirmó que el gobierno nacional “no tiene una agenda para mejorar la educación universitaria”, sino que simplemente tienen la “intención de destruir la universidad pública”.

“Lo único que hace Milei es atacar sistemáticamente a la universidad pública. Primero habló de adoctrinamiento, después mintió con las auditorías, después mintió con las auditorías y ahora miente con los fondos que dice que mandan”, señaló Lousteau.

Y agregó: “Hay universidades privadas que se están llevando docentes de las mejores públicas y les ponen como condición que no den clase en las universidades públicas. El Gobierno solo se acuerda cuando la sociedad reacciona. Por eso, es que hubo un grupo de diputados y senadores que arrancamos con un proyecto de ley para impedir que el Gobierno destruya la universidad pública en la Argentina”.

Sin embargo, no todo el radicalismo está alineado en la misma posición. De hecho, en la conferencia de prensa no había representantes de los sectores internos que responden a los gobernadores radicales o los “neutrales”, como el jefe de la bancada de diputados Rodrigo de Loredo.

Desde las líneas internas más confrontativas con el Gobierno que se referencian en Martín Lousteau y Facundo Manes señalaban que la contundencia de la movilización será clave para evitar que se repita lo que ocurrió cuando Milei vetó la reforma jubilatoria. En esa oportunidad cinco radicales cambiaron su voto y ayudaron al oficialismo a blindar el veto.

A su turno, el diputado Carlos Gutiérrez, que responde políticamente al gobernador de Córdoba Martín Llaryora, aseguró que desde su provincia, cuna de la reforma universitaria de 1918, apoyarán de manera irrestricta el reclamo salarial y presupuestario. También advirtió que el gobierno nacional “se equivoca cuando confunde la necesidad de controlar mejor los gastos con aquel valor que atraviesa a toda la sociedad y se sintetiza en la frase “M’hijo el dotor”.

Esta mañana, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el veto será total y saldrá publicado en el próximo Boletín Oficial. El argumento oficialista es que la prioridad es mantener el equilibrio de las cuentas públicas.

De acuerdo a los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el 0,14% del PBI alcanza para pagar la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades y sus hospitales, los fondos de ciencia y técnica, y la recomposición salarial.

“Nosotros adherimos a la marcha universitaria y vamos a insistir con la Ley de Financiamiento Educativo y le advertimos al Presidente de la Nación que deje de tener un conflicto de poderes en términos de cómo se ha pronunciado el Congreso de la Nación con respecto a las universidades y seguramente construiremos las mayorías para insistir”, planteó, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

Dónde y cuándo será la marcha universitaria

La marcha federal fue convocada para el miércoles 2 de octubre, a las 17. La concentración tendrá lugar frente al Congreso.

Los rectores de las universidades estatales –nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)–, junto con los organismos que representan a los docentes y no docentes (el Frente Sindical de Universidades Nacionales) y a los estudiantes (la Federación Universitaria Argentina), protagonizarán la protesta. También se espera que haya acompañamiento de otros sindicatos, organizaciones políticas y sociales y funcionarios del peronismo, el radicalismo y la izquierda.

La última movilización con el mismo reclamo fue el 23 de abril, cuando cientos de miles de estudiantes universitarios, docentes y trabajadores del nivel superior de educación marcharon para defender el financiamiento de las universidades públicas.