Un sector del Gobierno plantea transferirles las universidades a las provincias: las trabas constitucionales

Ante la inminencia de una nueva marcha universitaria, convocada para la próxima semana, y con el veto al proyecto para su financiamiento a días de publicarse, un sector del Gobierno analiza formas para poder transferirles las casas de altos estudios a las provincias, aunque hay diferentes trabas para que una medida de esas características se pueda llevar adelante.

Si bien es solamente una idea que surgió en el círculo más íntimo de Javier Milei -el llamado “triángulo de hierro”-, algunos funcionarios comenzaron a examinar diferentes opciones para que la Nación deje de estar a cargo de estas instituciones.

No obstante, en otra esfera de la Casa Rosada consideraron que avanzar con esta iniciativa “sería un error político”, ya que para hacerlo sería necesario no solo contar con la aprobación del Congreso, sino también de las Legislaturas de cada jurisdicción involucrada.

De acuerdo con el artículo 2º de la Ley Nº 24.521 de Educación Superior, “el Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales”, así como también del control de las privadas.

Los distritos, en tanto, solamente están obligados a mantener “los institutos de formación superior de gestión estatal y de las universidades provinciales, si las tuviere, de su respectiva jurisdicción”.

Asimismo, el artículo 75, inciso 2, de la Constitución establece que “no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso”.

Por lo tanto, si se intentara avanzar con esta medida, el Gobierno estaría obligado a enviar un proyecto y debatirlo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y luego en las Legislaturas correspondientes, además de entregar también los recursos financieros para el funcionamiento de los establecimientos educativos.

Por su parte, en el entorno del secretario de Educación, Carlos Torrendell, negaron rotundamente que se los haya consultado al respecto o que este haya sido uno de los temas conversados el martes, en la reunión que mantuvo con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Capital Humano, Sandra Pettovello, y de Modernización y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

“Todos sufrimos las consecuencias del centralismo y la atomización. Debemos pasar a una verdadera descentralización, citando a Estrada, para evitar que un solo actor monopolice la educación. Esto implica que el derecho a la educación debe desplegarse en múltiples niveles, desde lo local y lo civil hasta lo nacional, incluyendo al Estado y las iglesias. La educación es un fenómeno que debe ser multiagente, y el desafío es cómo coordinar esta dinámica”, explicó Torrendell, al exponer en el tradicional almuerzo semanal del Rotary Club.

Si bien el funcionario sostuvo que “avanzar hacia una política educativa participativa y federal es esencial”, aclaró que eso es necesario fortalecer el Consejo Federal de Educación, que reúne a los ministros provinciales, pero no habló sobre transferir universidades a las jurisdicciones.

“Sin embargo, también hemos visto cómo se despliegan lógicas de hegemonías políticas, basadas en el poder del látigo y la chequera. En nuestro caso, el Presidente ha sido claro: no hay dinero, pero sí voluntad de llevar a cabo propuestas de políticas educativas comunes de manera honesta”, fue la única referencia que hizo al respecto.

A su vez, el Ministerio de Capital Humano cuestionó la marcha de docentes y alumnos prevista para el próximo miércoles y emitió un comunicado en el que argumentó que “el diálogo con las universidades nunca se ha interrumpido desde el inicio de la actual gestión, al igual que los esfuerzos que se han hecho desde la cartera para garantizar el funcionamiento de las Universidades Nacionales, con los distintos actores que conforman la actividad”.

“Las reuniones con gremios y rectores, que se desarrollan con regularidad, son muestra del compromiso del gobierno que han significado un aumento del 76,1% en la pauta salarial. Seguimos, como el primer día, en diálogo tanto con rectores como gremios universitarios. Creemos en ello y señalamos que las medidas de fuerza y movilizaciones no alimentan ese intercambio”, señaló la cartera liderada por Pettovello.