Un funcionario de la Municipalidad de Hurlingham renunció a su cargo de tesorero tras ser denunciado por acoso sexual. Se trata de un joven de alrededor de 30 años, identificado como Mauro Rojas, quien había recomendado a la supuesta víctima al puesto de cajera en una dependencia que la administración tiene en la localidad de William Morris.
En un primer momento, hubo versiones sobre un vínculo de militancia por parte de Rojas en La Cámpora, pero los referentes de la agrupación que lidera Máximo Kirchner desmintieron categóricamente el vínculo a Infobae.
De todos modos, desde la administración de Damián Selci reconocieron: “El área de Recursos Humanos de nuestro Municipio recibió una denuncia por acoso de una trabajadora. Inmediatamente se aplicó el protocolo correspondiente y 24 horas después el denunciado fue desplazado de su cargo y presentó la renuncia como trabajador”.
“Es falso que el denunciado sea militante de La Cámpora”, insistieron y agregaron: “Nunca jamás militó en la citada organización. Era un técnico, licenciado en economía. No ejerció cargos ni de secretario ni de director municipal”.
También detallaron que tanto el denunciado como la denunciante tenían una relación preexistente al vínculo laboral y aclararon: “Ninguna institución pública o privada está exenta de situaciones como la que se denuncia. Lo importante es contar y activar el protocolo para proteger a la victima y actuar con toda rigurosidad”.
La noticia se conoce en medio del escándalo con el ex presidente Alberto Fernández, quien fue denunciado por violencia de género por su ex pareja, Fabiola Yañez. Por el caso, el juez federal Julián Ercolini decidió prohibirle la salida del país al ex presidente y además ordenó “medidas de restricción y protección”.
Todo comenzó con una serie de mensajes encontrados en el celular de María Cantero, ex secretaria de Alberto Fernández, en el marco de la investigación por los seguros. Una de esas conversaciones era con Yañez sobre supuestos actos de violencia. Ercolini resguardó ese material en un legajo reservado, notificó a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema, y luego convocó a la ex primera dama a una audiencia mediante videoconferencia desde Madrid, ciudad donde sigue viviendo. Pero en ese momento, Yañez no quiso instar la acción penal.
Yañez se comunicó con el juzgado este martes y cambió su decisión. El delito de violencia de género es de instancia privada, por lo que requiere del impulso de la persona damnificada para que la Justicia tome intervención. Por el momento, la causa seguirá en el juzgado de Ercolini.
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