Más de 100 diplomáticos le pidieron a Diana Mondino que no les cobren un adicional del Impuesto a las Ganancias

La canciller Diana Mondino atraviesa un nuevo frente de tormenta. Más de 100 diplomáticos le elevaron una carta en la que expresan que la situación “es insostenible” por la nueva reglamentación del Impuesto a las Ganancias que alcanza al adicional que cobran por sus sueldos en dólares los funcionarios cuando se desempeñan en el exterior.

Manifiestan su “preocupación respecto de la situación en la que se encuentra el Servicio Exterior de la Nación desde la publicación” del decreto 652/2024 con las nuevas disposiciones y alertan, especialmente, sobre el impacto que pueden tener estas modificaciones en los rangos más bajos del ministerio, principalmente en los secretarios, consejeros o agregados que fueron asignados a las distintas embajadas de nuestro país.

Según afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni esta mañana en conferencia de prensa, “hay conversaciones para solucionar el tema”, pero algunos de los funcionarios que trabajan en diferentes áreas de la Cancillería consultados por Infobae dijeron que la solución “parece lejana”. Amenazan con un paro en el servicio diplomático que se produciría por primera vez en la historia. Actualmente trabajan unas 1.000 personas en el sector y cerca de la mitad verían afectados sus ingresos.

Entre los firmantes aparecen embajadores de carrera que fueron promovidos en este gobierno como Jorge Faurie (Chile) o Ricardo Lagorio, ahora representante permanente del país ante la ONU y también otros que fueron removidos a comienzos de este año a Buenos Aires por decisión de Mondino como Hugo Javier Gobbi, quien era el representante en la República de la India, Eduardo Antonio Zuain, embajador en Rusia, Javier Figueroa, ex embajador en Reino Unido e Irlanda del Norte y María del Carmen Squeff, que ejercía a la Representación Permanente en Naciones Unidas o el ratificado en su puesto Rafael Grossi, quien es el Director General de la Agencia Internacional de Energía Atómica, con sede en Zúrich, Suiza.

“Resulta difícil de comprender cómo se han mantenido otras excepciones como por ejemplo la del personal asignado a la Antártida”, dicen en otro párrafo de la carta y piden una “inmediata solución”. Aducen que verán reducidos sus salarios en un 23%. A excepción de los embajadores los empleados de rango inferior deben afrontar de su bolsillo los gastos en vivienda, salud y educación de sus familias. Algunos con destino en Europa abonan cifras superiores a los 2500 euros para alojarse. Por eso temen que muchos, sobre todo los más jóvenes, puedan pedir el retorno a Buenos Aires.

“Esta situación requiere de una solución inmediata de nuestras autoridades que tenga en consideración el impacto negativo que la misma tendrá sobre el normal funcionamiento del Servicio Exterior presente y futuro, considerando que la mayoría de los funcionarios que se desempeñan en las representaciones diplomáticas integran las categorías inferiores”, dice en uno de sus párrafos.

En estricto off, algunos de los que firmaron sostienen que lo hicieron “como gesto de solidaridad, de acompañamiento hacia los rangos inferiores” pero que consideran a los recortes “como una medida racional, teniendo en cuenta la difícil situación económica de la Argentina”.

“Ya está. Difícil que se revierta, es una decisión tomada. Negoció mal el sindicato”, le dijo otro diplomático a este medio, quien además aseguró que la canciller envió una circular por escrito en las que les ordenó no hacer declaraciones. Al frente de la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (APSEN) se encuentran Eduardo Michel y Gustavo Zlauvinen, quien ya tiene nuevo destino ya que será enviado a Austria. “Fue una batalla con el ministerio de Economía que se perdió”, añadió la misma fuente quien está muy molesto por la situación y se negó a firmar porque “no quiero estar en una lista con carneros”.

Precisamente la APSEN analiza una presentación ante la Justicia. También en X (ex Twitter) expresan la “su más enérgico rechazo a la extensión del Impuesto a las Ganancias” de la nueva reglamentación del Impuesto a las Ganancias. Alerta, sobre todo, por el impacto que tendrá en los rangos más bajos del ministerio, principalmente los secretarios. “La normativa resulta claramente confiscatoria”, agrega.

“La reglamentación publicada en el Boletín Oficial es ilegal y resulta claramente violatoria de los más esenciales derechos de los afiliados al APSEN por lo que anticipamos que llevaremos adelante un planteo formal ante la Justicia para detener su aplicación”, advierten.

La norma afectará al adicional que se aplicaba por costo de vida, un índice que establecen las Naciones Unidas, y estaba exceptuado desde 1973, apuntan desde el sindicato.

Mondino le dijo recientemente al sitio web de Todo Noticias que “el Impuesto a las Ganancias no es simpático, pero es necesario”. La canciller no parece muy dispuesta a dar marcha atrás con la situación.