El kirchnerismo volvió a exigir que se investigue a los posibles instigadores del intento de magnicidio a Cristina Kirchner

El lunes culmina la feria judicial y la causa por el intento de asesinato de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner retomará su curso. Pasarán testigos y se verán pruebas que muestran cómo Fernando Sabag Montiel le apunta a la cabeza a la dirigente con la intención que él reconoció en su declaración, de matar a la dos veces Presidenta de la Nación.

Sin embargo, los sectores kirchnerista entienden que la investigación quedará trunca y que, aunque se sabe quiénes fueron los autores materiales, se desconoce quién o quiénes financiaron e instigaron la operación.

A partir de esto, dirigentes de La Cámpora y referentes del kirchnerismo emitieron un comunicado en donde señalan lo que entienden que son las falencias de la investigación.

”Sectores muy chicos pero poderosos de la Justicia Federal entraron en pacto de impunidad para que no se sepa realmente qué ocurrió. Elevaron a juicio a los autores materiales pero hay otras vinculaciones”, aseguró el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena. “La jueza María Eugenia Capuchetti se negó durante cuatro meses a pedir el teléfono de Gerardo Milman, mientras él sabía lo que pasaba en la investigación. Entrega dos aparatos, uno comprado posterior al hecho y otro borrado a cero. Están cometiendo un delito gravísimo que es el de ocultamiento de un magnicidio. La Corte Suprema que no actúa y el Poder Judicial muestra su peor cara”, agregó el funcionario.

“¿Qué le pasa a la jueza que no quiere investigar? Quizás tenga que ver que haya sido designada por Macri, que tenga vínculos políticos con Ritondo, que se haya descubierto que cobra un sueldo del Ministerio de Seguridad de CABA, algo que está terminantemente prohibido”, expresó en la misma línea la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar.

Por su parte, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, cuestionó: “¿Por qué Capuchetti sigue siendo jueza de la causa? Fue seis veces recusada por haber destruido la prueba del celular de Sabag Montiel, que se borró y rompió el celular en su juzgado. Además, se negó a investigar la pista Millman (acusado por su secretaria) y tampoco investigó el financiamiento probado de la familia Caputto y más”.

“El poder judicial oculta a los verdaderos responsables del atentado a Cristina Kirchner”, afirmó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. “La persecución judicial y la demonización a Cristina solo tienen como objetivo disciplinar a aquellos que tienen responsabilidades políticas para que no intenten enfrentarse contra el poder económico. Todos los días este gobierno le quita más derechos a la clase trabajadora, y no es causalidad. Ya lo había dicho Cristina, vienen por todo, no iban por ella, vienen por todo el pueblo argentino”.

”No lo vas a ver como titular de ninguno de los grandes medios de comunicación, pero detrás del intento de asesinato a Cristina hay un gran pacto que garantiza la impunidad de quienes fueron los autores intelectuales de este grave hecho”, añadió en la misma línea la diputada nacional porteña Paula Penacca.

A este reclamo se le suman varias firmas del universo de La Cámpora y el kirchnerismo, porque entienden que la investigación sólo se centró en los autores materiales “que vimos todos por televisión” y no avanzó. “No sabemos cómo fue que se manipuló el teléfono de Montiel, que estaba en un sobre lacrado en el juzgado de Capuchetti y apareció abierto. Era una de las principales pruebas porque ahí podrían estar las motivaciones. Tampoco se investigó que las secretarias de Milman declararon que fueron a las oficinas de la fundación de Patricia Bullrich y un perito de Gendarmería les borró el celular. Ese perito hoy director de informática del ministerio que dirige Bullrcih”, agregaron a Infobae fuentes de la agrupación K

La queja de los y las dirigentes kirchneristas se refiere a que entienden que el juicio que se retoma la próxima semana sólo condenará a los autores materiales pero que un “pacto político-judicial” frena la continuidad de las investigaciones. “Nadie investigó el financiamiento de Revolución Federal, a Milman, a las secretarias, al gendarme que borró los teléfonos. Sólo se van a quedar con lo que todos vimos por televisión”, se quejó otro dirigente.