El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) Facundo Jones Huala, ante un posible nuevo revés judicial de la Corte Suprema de Chile, solicitó a través de los carriles diplomáticos que lo autoricen a cumplir la condena en una dependencia penitenciaria nacional.
Cuando desde el entorno del activista confiaban en su liberación en junio pasado, Gendarmería de Chile los anotició sobre la extensión de la prisión hasta el mismo mes, pero de 2025.
La Defensora Penal Pública Penitenciaria de la Región de la Araucanía, Viviana Burgos Pérez Giegliola, presentó un recurso de amparo para solicitar la liberación del convicto, utilizando como argumento el fallo del juez federal Gustavo Villanueva durante el juicio de extradición. La petición fue rechazada por la Corte de Apelaciones de Temuco y ahora la Corte Suprema de Chile deberá confirmar o rechazar esa resolución.
Si la ratifica, Jones Huala intentará pasar el tiempo que le resta detrás de las rejas - hasta junio de 2025- en una dependencia penitenciaria de Argentina, aunque para que hagan lugar a esa solicitud ambos gobiernos – el chileno y el argentino – deberían prestar conformidad, algo que resulta de difícil concreción.
Para rubricar esa solicitud, el líder mapuche dialogó con las autoridades consulares argentinas en Concepción y completó una planilla donde plasmó el planteo, que recién cobraría vigencia una vez que se expida la Corte Suprema de Chile.
Mientras tanto, Jones Huala sostiene, desde hace más de 20 días, una huelga de hambre seca y hace dos semanas debió ser hospitalizado por su debilitado estado de salud y esta semana nuevamente tuvo que recibir asistencia médica. Fuentes de comunidades que permanecen en contacto con el activista informaron que desde que inició la huelga de hambre “su estado de salud se debilitó notoriamente, con desmayos permanentes, una notoria pérdida de peso de más de 10 kilos y múltiples complicaciones”.
La nueva internación del lonko se produjo este miércoles a la tarde, ocasión en la que tuvo que ser trasladado hasta el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, donde permanece internado.
No es la primera vez que el mapuche elige las dependencias carcelarias argentinas para agotar la condena que le impusieron en 2018 por el incendio de un fundo en la localidad de Pisu Pisué y la portación de un arma de elaboración casera.
Antes de ser extraditado, utilizó la misma estrategia para forzar a las autoridades a que lo autoricen a permanecer en territorio nacional: “preso, pero cerca de mi gente”, dijo en aquel entonces.
Sin embargo, el método no fue fructífero, ya que la Justicia avanzó con el proceso de extradición y fue trasladado a Chile para que sea allí donde agote la condena. Para sensibilizar al magistrado que empujó la causa, también incurrió en una huelga de hambre seca, aunque la abandonó al notar que el juicio de extradición seguía su curso.
El argumento por el que Gendarmería de Chile incorporó algo más de 11 meses a la condena, es aún incierto y el calendario trasandino es disímil del argentino. “Debió quedar en libertad en algún momento del mes de junio, pero en Chile ignoran los tratados internacionales, jurídicos y diplomáticos”, aseguraron desde su entorno, una vez que se conoció que sería liberado el 8 de junio de 2025.
El reclamo persiste y los defensores siguen de cerca el avance de los planteos que elevaron y al mismo tiempo el estado de salud del convicto, quien promete seguir adelante con la medida de fuerza extrema hasta lograr su liberación o bien su derivación a Argentina.
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