La Justicia falló a favor de un barrio privado y le ordenó a AySA que facture por cada casa

La Cámara Federal de San Martín revocó un fallo de primera instancia y le ordenó a la empresa AYSA a facturar el consumo de agua de manera individual dentro de un barrio privado de Pilar. Ocurre que la empresa había comenzado a cobrar de manera general, perjudicando a sus vecinos. El fallo tiene impacto en decenas de countries de la zona norte, que acudieron a la Justicia pero hasta ahora se habían topado con resoluciones adversas.

El tribunal, integrado por los jueces Marcelo Darío Fernández y Marcos Morán, hizo lugar a una presentación del barrio El Portillo, de la localidad de Pilar, que fue a la Justicia ante el cambio repentino de la facturación.

En primera instancia, el juzgado federal de Campana, con jurisdicción en la zona, había rechazado la medida cautelar argumentando que “no se apreciaba la existencia de un perjuicio provocado por un accionar arbitrario o ilegal de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. que no pudiera repararse con el dictado de una sentencia definitiva”.

El consorcio del barrio privado, donde viven 66 familias, apeló ese fallo sosteniendo que era evidente “el perjuicio patrimonial y social” para los vecinos porque la nueva factura de AYSA se “debía liquidar en las expensas conforme a los porcentuales dominiales de cada propiedad”, mas allá del consumo.

“Se obliga a que los vecinos que habitaban el conjunto inmobiliario abonaran consumos que no habían efectuado y que, además, financiaran a todos aquellos que incumplían el pago”, dijeron los abogados del barrio, representado por el estudio Lopez Canfora-Lopez Melnyk.

Además de la facturación global, el consorcio cuestionó la decisión de AYSA de abandonar el mantenimiento de las redes hasta cada medidor individual. Esa tarea estaba a cargo de la empresa Sudamericana de Aguas hasta 2018, cuando el servicio fue traspasado a AYSA. “Desde aquel entonces y hasta el mes de mayo de 2023, la prestación del servicio no sufrió variación alguna, las facturas comenzaron a ser realizadas por la Municipalidad de Pilar en forma individual a cada propietario y el servicio de mantenimiento de la red era prestado por la empresa concesionaria AySA, lo que constaba de las facturas que se acompañaban y del registro de ingreso y egresos al barrio”, relataron los abogados de El Portillo.

La empresa, por su parte, respondió que “ninguna unidad funcional del barrio se abastecía de manera independiente desde la red de AySA, no existiendo la posibilidad de medir el consumo individual de cada lote desde la vía pública y tampoco pudiendo intervenir de ninguna manera, dentro del barrio, sin violar su propia norma federal”.

Sin embargo, la Cámara de San Martín decidió darle la razón al consorcio y suspendió el sistema de facturación general. El fallo, al que tuvo acceso Infobae, cita una decisión precedente de la Corte Suprema, donde se debatía una cuestión similar. “En cuanto al peligro en la demora invocado, no puede dejarse de lado, que de realizar la facturación global, se debe proceder al prorrateo del pago entre los copropietarios, sin tener en cuenta el efectivo consumo, de modo que dicho pago generalizado, no podría en una futura sentencia, otorgar una efectiva reparación a aquellos vecinos que hubiesen pagado un excedente que no consumieron”, opinaron los jueces.

Sin embargo, rechazaron la pretensión del consorcio sobre el mantenimiento de las redes internas. “A primera vista, no puede prosperar, en tanto, del Marco Regulatorio citado surge claramente que los usuarios del servicio están obligados a instalar a su cargo los servicios domiciliarios internos de agua y desagües cloacales de acuerdo a las normas técnicas de la Ley 13.577 o las que dicte la Autoridad de Aplicación y a mantener en buen estado las instalaciones”, dice el fallo.

La resolución tiene impacto sobre decenas de barrios privados. Muchos de ellos ya habían acudido a la justicia, pero hasta ahora todos los amparos habían sido rechazados por el juzgado federal de Campana. “Tomando en cuenta el antecedente del barrio Sausalito, la Secretaría de Obras Públicas dictó en diciembre de 2023 la resolución 641 /2023 donde receptó, entre otras cosas, la posibilidad de que los consorcios adscriptos a la propiedad horizontal o análogos, pudieran determinar mantener la facturación individual y transmitirle a la empresa concesionaria de tal voluntad. Pese a ello, al día de la fecha, AYSA continúa facturando globalmente a los consorcios, debiendo, los mismos, recurrir a la justicia a los fines de proteger sus patrimonios y evitar ser un órgano de recaudación de la empresa”, opinó el abogado Rodrigo Lopez Canfora.