La Justicia define si el Gobierno tiene que pagar una deuda de $125 millones con el broker Martínez Sosa

El escándalo judicial de los seguros impactó de lleno en los ingresos de un puñado de brokers que monopolizaban los contratos con el Estado. La primera reacción del Gobierno fue cortar todos los pagos. Por ese motivo, quedaron retenidos más de $1000 millones en cuentas bancarias de Nación Seguros. El más afectado fue Héctor Martínez Sosa, el amigo del ex presidente Alberto Fernández. La definición sobre ese conflicto está en manos de la Justicia, pero no habrá definiciones hasta que se defina el planteo de recusación contra el juez Julián Ercolini.

Solo con la empresa que lleva su nombre, Martínez Sosa ganó $366.635.744 en comisiones durante el gobierno anterior. Tenía contratos con cuatro ministerios, Vialidad Nacional, Casa de la Moneda, Corredores Viales SA, el Fondo de las Artes, y la Corte Suprema, entre otros.

Pero la Justicia ya comprobó que había otras empresas que funcionaban como satélites de Martínez Sosa. La principal es Bachellier, que encabezó el ranking de las comisiones con $1.665.741.081, pero declaraba como domicilio un humilde departamento en Villa Crespo. “Un inmueble que a simple vista no sería congruente con la sede de una empresa con negocios de tamaña envergadura”, destacó Ercolini en una resolución.

La red de satélites de Martínez Sosa se extendía a otros brokers: Emanuel Raúl Andrés Calvo, Laura Elena Crisafulli, Norberto Matías Garrido, LEVELAR SA, y Fernando Carlos Salim. Todos están siendo investigados.

Apenas estalló el escándalo, la Justicia inhibió a muchos de esos empresarios, para que no puedan desprenderse de sus bienes, y levantó el secreto fiscal y bancario de todas las firmas sospechadas. En paralelo, Nación Seguros congeló los pagos atrasados. Pasaron tres meses y se acumularon cerca de $1.040 millones por comisiones.

De ese total, $210 millones corresponden a empresas investigadas en la causa judicial. Martínez Sosa es el principal, con $125 millones congelados. También aparecen empresas como Bri Brokers, con $50 millones, y Net Broker, con $13 millones.

Todos los pagos se frenaron los primeros días de marzo. Ahora, Nación Seguros le preguntó al juez Ercolini si tiene que pagar. La presentación ya pasó por el despacho del fiscal Carlos Rívolo, quien opinó que solo se abonen las deudas a las empresas que no figuran en la causa. Eso implicaría liberar unos 820 millones de pesos. Pero falta la decisión del juez.

“Si siguen reteniendo los fondos van a tener reclamos judiciales en un futuro cercano. Quien puede cortar el contrato no es la compañía sino el asegurado”, opinaron desde una de las empresas involucradas.

Ercolini no tomará ninguna decisión trascendental hasta que no se defina el pedido de recusación que presentó Alberto Fernández. La definición depende del camarista Roberto Boico. Esta semana podría haber novedades, según cuentan desde Tribunales. Si fracasa la estrategia del ex presidente, la causa se reactivará nuevamente con medidas rutilantes.

A tres meses de los primeros allanamientos, Nación Seguros busca dejar atrás el escándalo que obligó a su titular, Alfonso Torres, a echar a tres gerentes: Marcos Eufemio, Mauro Tanos y Matías Caselli. La purga no se detuvo. Según pudo saber este medio, también fueron despedidos dos empleados que respondían a Caselli. ¿El motivo? Estuvieron involucrados en la contratación de una póliza para la camioneta Jeep que motivó la renuncia de Tanos, ex gerente general.

Ese vehículo estaba a nombre de la cooperativa “7 de mayo”, propiedad de Alfredo Del Corro, pero Tanos tenía una cédula azul para utilizarla. La Justicia sospecha que era una coima encubierta.

TN reveló esta semana que la cooperativa recibía subsidios del Estado y que al mismo tiempo le facturaba al Ministerio de Desarrollo Social por un supuesto catering.

Durante las última semanas, el juzgado acumuló decenas de informes. El más importante es el entrecruzamiento de llamados ordenado a fines de abril. “Está muy avanzando aunque todavía hay teléfonos que no se abrieron”, respondió una fuente de la causa.

Ercolini pidió investigar las líneas que utilizaban el ex presidente Alberto Fernández, su ex secretaria María Cantero, el ex presidente de Nación Seguros Alberto Pagliano, y el broker Héctor Martínez, entre otros. La pericia determinará quiénes se comunicaban con mayor frecuencia. Pero también se analizaron decenas de conversaciones de WhatsApp y Telegram porque muchos de los teléfonos fueron secuestrados al comienzo de la investigación.

El entrecruzamiento de llamados revelará la participación de otros actores. Uno de ellos, según pudo saber Infobae, es Daniel Rodríguez, una de las personas de máxima confianza de Alberto Fernández. Fue chofer, cadete, secretario, custodio, y hasta cuidador de Dylan. Durante los cuatro años de gestión del ex presidente, estuvo a cargo de la quinta de Olivos.

No es todo. En diciembre del año pasado, cuando presentó los trámites para su jubilación ante la ANSES, Fernández eligió a Rodríguez como “apoderado”, según registros oficiales a los que accedió este medio. En ese trámite, el amigo del ex presidente declaró una casa en Martínez, muy cerca de la quinta presidencial.

Rodríguez es visto con atención por los investigadores porque además de ser un hombre de confianza del ex presidente trabajó para Martínez Sosa en las oficinas de Vicente López. “El Gordo es muy limitado, no lo veo siendo intermediario de esos negocios”, advirtieron dos personas que visitaban con frecuencia la quinta de Olivos.

Pese al cimbronazo judicial, el broker que tenía el monopolio de los seguros con el Estado intenta mantener a flote su empresa. Su estrategia, por ahora, apunta a despegarse de Alberto Fernández. No será fácil.