Los encargados de los Registros del Automotor resisten los cambios y presentaron una ola de demandas en todo el país

Los sucesivos anuncios del Gobierno sobre el funcionamiento de los Registros del Automotor rompieron los puentes de diálogo y derivaron en una batalla judicial. En los últimos días se presentaron decenas de amparos en todo el país. Las presentaciones buscan modificar la decisión oficial de frenar los aumentos que se habían otorgado a mediados de abril. Según pudo saber Infobae de fuentes del sector, ya hubo amparos en la ciudad de Buenos Aires, en La Plata, en Córdoba, y en varias provincias del Norte.

La ola de demandas apunta a una resolución puntual del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, firmada el 16 de abril, que dio marcha atrás con los aumentos que se habían otorgado apenas unas horas antes. En realidad fueron dos resoluciones. Por un lado, el ministro dio de baja la suba de los formularios, que ya habían aumentado en enero de este año. Y además congeló los ingresos que perciben los encargados de los registros, técnicamente conocidos como “emolumentos”. Estos últimos estaban frenados desde octubre del año pasado.

Tal como había adelantado este medio, los encargados de los Registros decidieron acudir a la Justicia. El puntapié inicial lo dio la Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor (AAERPA), que presentó un amparo con la firma de 77 encargados e interventores de registros del todo el país. Esa presentación apunta a que se declare “la nulidad de la Resolución 2024-133-APN-MJ”, y que restablezca la resolución que había otorgado los aumentos. Pero además apunta a una actualización trimestral por el índice del IPC, como vienen implementando varias empresas de servicios.

“Solicito a V.S. disponga la actualización trimestral de la escala de los emolumentos por el índice del IPC a partir del 12 de abril de 2024, ya que la omisión anterior fue reparada, parcialmente al menos, por la Resolución N° 2024--122-APN-MJ, dejada sin efecto por la Resolución N° 2024--133- 2024-APN-MJ, que se impugna en el plazo previsto en la Ley 16.986″, dice la demanda patrocinada por Alberto Manuel García Lema y Tomás A. García Lema.

Esa presentación se replicó en varias jurisdicciones, con presentaciones individuales y colectivas. “Hay presentaciones en La Plata, en Córdoba, y en varias provincias del Norte. Más de 200 registros firmaron demandas. Algunos van contra las resoluciones oficiales y otros presentan documentación y números de los registros para pedir una actualización de los ingresos”, explicó una fuente que conoce la estratega jurídica.

La batalla por los aumentos se activó luego de que el Gobierno anunció, hace diez días, el cierre del 40% de los registros, la reducción del personal de la Dirección de Registros Automotor, y la eliminación de la cédula azul, entre otras medidas. Desde entonces, se rompió el diálogo y el gremio endureció su discurso. “Entes cooperadores, Sugit- Sucerp , e-pagos, funcionarios de línea del Ministerio de Justicia y sobre todo los funcionarios del organismo de aplicación, no han hecho ver a las autoridades políticas, el camino de implosión al que nos están llevando”, dice un comunicado de AAERPA firmado por su titular, Alejandro Germano, y por todos los delegados del interior.

Al margen de las acciones judiciales, el plan del Gobierno para reducir al máximo el sistema de los registros desencadenó renuncias de varios encargados y despidos de personal. “La mayoría de las renuncias no se aceptan porque nadie quiere agarrar un registro en estas condiciones”, explicó una fuente del gremio. “Obviamente la calidad del servicio se deteriora día a día y el peligro de la entrada del delito a la actividad, se agiganta y está a la vuela de la esquina. En medio de ello se desató una campaña de descrédito de la actividad impulsada por las autoridades. El hecho de llamar “corrupto” al sistema registral no hace más que deslegitimar el trabajo que día a día realizamos todos los actores de la actividad”, se quejó la entidad en estos días.

Apenas asumió, el gobierno de Javier Milei apuntó a una profunda digitalización de todos los trámites que se realizan en los registros. Los cambios figuran en el DNU que desregula la economía. Son 13 artículos que modifican artículos e incisos de un decreto de 1958 que luego fue ratificado por una ley de 1997, durante el gobierno de Carlos Menem, donde se regula el régimen jurídico del automotor.

Luego, el Gobierno lanzó una auditoría de 141 registros que ya estaban intervenidos. En ese listado hay 42 registros de la provincia de Buenos Aires, 13 de la Ciudad de Buenos Aires, 10 de Córdoba, 10 de Entre Ríos, 6 de Chaco, entre otros.

La estocada final ocurrió hace diez días, con un comunicado oficial. La principal medida apunta al cierre del 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años. “¿Por qué no se empieza con los interventores puestos en los últimos dos años, durante el gobierno de Alberto Fernández?, se quejó ante este medio uno de los afectados.

Este lunes el Gobierno oficializó a través del Boletín Oficial otras dos medidas esperadas: la derogación de la cédula azul y la decisión de que la cédula verde no tenga vencimiento. “Las cédulas verdes emitidas anteriormente y que contengan una fecha de vencimiento en su formato físico, así como las cédulas azules ya emitidas, seguirán siendo válidas hasta que sean revocadas por el solicitante”, aclara la resolución publicada esta mañana.