Intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires intentan poner en la agenda cómo afecta a sus gestiones las políticas implementadas por el gobierno nacional, principalmente en lo que respecta a la decisión de recortar todas las transferencias no automáticas hacia las provincias que, indefectiblemente, decantan en los distritos; además de otras decisiones adoptadas por la gestión de Javier Milei. Todo, en un contexto donde el peronismo entra y sale de una interna a cielo abierto por el proceso venidero: el armado legislativo del 2025.
Algunos casos. El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, presentó un amparo por el recorte del Fondo Compensador del Transporte Público de Pasajeros para las líneas que operan en distintas localidades del interior del país. La medida, advierte el jefe comunal peronista, pone en jaque a la única empresa que presta servicios en su distrito.
“Tuvimos que hacernos cargo desde el municipio. Un gasto que no teníamos contemplado en el presupuesto y que aparece porque el Estado nacional dejó de enviarle los fondos a la empresa”, aseguró ante la consulta de Infobae.
“La situación es crítica. Presentamos la cautelar para ver la posibilidad de que se restituya ese fondo”, agregó y pidió a otros intendentes “que se vayan sumando porque hay que hacernos escuchar; hay que visibilizar estas problemáticas que estamos teniendo”. Alertó también sobre el Fondo de Integración Socio Urbana que “nos permitía hacer obra en los barrios o el fortalecimiento fiscal para comprar patrulleros. Son cuestiones que el Gobierno nacional le quitó a la provincia de Buenos Aires y a los municipios”. El recorte del Fondo Compensador implica para el distrito -según el intendente- cerca de $12 millones por mes.
“Nosotros hicimos las intimaciones correspondientes directamente ante la Nación por recursos que le debe al municipio en particular. Estamos cumpliendo con el planteo administrativo que es pre-judicial. Hay un corrimiento de parte del Gobierno nacional en distintas políticas públicas y si bien se le ha dado un tiempo al gobierno nacional para que hagan el análisis correspondiente porque son nuevos en la gestión, hemos comenzado con las medidas que corresponden. Tenemos que resolver el reclamo administrativo y después agotaremos la instancia judicial”, detalló por su parte el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.
El jefe comunal también detalló que el municipio está acompañando a través del área de Defensa del Consumidor local a “vecinos que tenían facturas de $10 mil y le llegaron facturas de casi $100 mil, comercios que tenían facturas de $30 mil y les llegó de $200 mil, $300 mil o más de $1 millón. Hay clubes de barrios que a través de la Unión de Clubes también estamos haciendo los reclamos, ya que es inviable la vida de las instituciones intermedias con las nuevas tarifas está permitiendo a las empresas prestadoras”, agregó. El tema tarifario también en los distritos también es seguido por la dos veces presidenta, Cristina Kirchner. Además del análisis hecho sobre el tema durante el acto que encabezó en Quilmes, también hizo mención a la cuestión de las tarifas días atrás desde el Instituto Patria. Allí relató que, incluso, habló sobre eso con el intendente de Ensenada, Mario Secco; uno de los intendentes que fue el encargado de poner a la luz la interna que atraviesa el peronismo en la provincia de Buenos Aires.
Otro intendente del peronismo que encendió luces de alerta por las tarifas del servicio eléctrico fue el jefe comunal de Esteban Echeverria, Fernando Gray. Si bien el jefe comunal no participa activamente de la discusión interna que tiene a La Cámpora por un lado y al sector de Axel Kicillof por el otro, lanza algunas señales sobre la discusión en sí. La gestualidad más elocuente fue el tuit de “otra vez sopa” que posteó al momento en que Cristina Kirchner daba su discurso en Quilmes. Gray mantiene marcadas diferencias con Máximo Kirchner.
Por fuera de esta trama internista, en los últimos días, el intendente cuestionó el incremento en la tarifa de la luz que le llegó al Hospital Municipal Santamarina de su municipio. “Este mes recibió una factura de electricidad de $10.154.565,67, lo que representa un aumento del 196,29% respecto del mes anterior, cuando el monto a pagar fue de $3.472.172,32. El alumbrado público municipal, que pasó de $71.882.479 en febrero a $271.114.175 en marzo”, detalló.
Asimismo, presentó un amparo contra los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que se tradujeron con la no renovación de 47 contratos entre los que hay personal calificado como observadores, investigadores; además de personal administrativo y logístico. “Este organismo fue creado en 1872, realiza temas fundamentales para el cuidado de la población y la economía del país; entre ellas las alertas tempranas que previene las lluvias así como alertas de sequías. Desde nuestro municipio estamos muy atentos a todas estas cuestiones, pues al encontrarnos a la veda del Río Matanza permanente tenemos distintas inclemencias del tiempo que a través de este servicio que es la voz oficial en nuestro país nos permite tomar las medidas adecuadas”, planteó Gray. La presentación que realizó está patrocinada por el abogado constitucionalista, Daniel Sabsay.
A la par, hay un pedido implícito del Ejecutivo bonaerense hacia los intendentes para que pongan énfasis en la paralización de la obra pública de parte del gobierno nacional. Parte de las últimas actividades de Kicillof tuvieron el tema en el itinerario, como ocurrió la semana pasada cuando fue a Berazategui y recorrió la paralización de un complejo de viviendas destinadas al ProCreAr. “No hay que perder tiempo en la interna”, plantea Kicillof a los suyos y pide enfocar a Milei. Sin embargo, “deja jugar”. Algunos intendentes empiezan a plantear que si bien las diferencias no de terminaron, por el momento no es una estrategia ideal seguir exteriorizándolas.
Al cierre de esta nota, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, trabaja en la convocatoria de una reunión con intendentes peronistas para la semana que viene con el objetivo de aunar el reclamo y buscar alternativas para la continuidad de la obra pública nacional en la provincia de Buenos Aires. No se descarta que también se cuele el tema tarifario. En el gobierno bonaerense advierten que son cerca de 900 los proyectos paralizados por la administración nacional.
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