Capital Humano denunció “direccionamiento” en la compra de aceite por más de $600 millones para personas vulnerables

El ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello denunció a los responsables del ex ministerio de Desarrollo Social, por supuesto “direccionamiento” en la licitación por $613.974.500 para la compra de 2.700.000 botellas de aceite de girasol de un litro y medio destinado a los sectores más vulnerables de la población. Las anomalías fueron detectadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Este tipo de maniobras ya había sido revelada por La Libertad Avanza a través de una serie de auditorías internas en las que se descubrieron sobreprecios de hasta un 500%; cartelización en las compras; direccionamiento hacia empresas y sociedades; y “falta de trazabilidad” en el destino de los alimentos para programas sociales y que derivó en que Pettovello cambie la modalidad en la manera de adquirir alimentos secos para los comedores comunitarios. Por ejemplo, realizar convenios con Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que tiene altos estándares de control y transparencia.

“Abuso de autoridad”

La cuestionada adjudicación, según la documentación que se aportó a la justicia, corresponde a la orden de compra 132 tramitada a través a través del expediente 2022-89392670 y que se “se realizó para la adquisición de 2.700.000 unidades de aceite de girasol en el singular formato de 1,5 litros para mitigar las demandas de ayuda alimentaria para la población en situación de vulnerabilidad”.

La denuncia destaca que en varios puntos del expediente se menciona de manera directa la firma que resultó beneficiaria “Proveeduría Integral MC S.R.L.” y cuyos titulares resultan ser “Giuliano Carmelo Pellicori y Luisa Bianca Pellicori”.

La firma ya había sido beneficiaria en otras licitación, -ahora bajo la lupa- y, según la opinión que vierte el Ministerio a cargo de Pettovello “tendría vínculos con el poder político de turno”.

La PIA describió en la presentación judicial que, del expediente electrónico de esa compulsa, un área de la propia cartera de Desarrollo Social, había observado que los responsables de sociedad, “habían firmado con el sello de otra SRL, Alimentos Fransro SRL, también de ellos, que como otras sociedades también se presentaron en varias licitaciones, y creadas al efecto”.

En la fija 5, de las 48 que componen el documento, se describe que esa situación irregular “denota el posible incumplimiento de os deberes de funcionario público al no cotejar correctamente la documental aportada en las actuaciones sin hacer salvedad alguna”.

Otra de las irregularidades detectadas por la PIA e informada al Ministerio de Capital Humano fue “el vencimiento del plazo de tres días para complementar la documentación faltante y presentada en el expediente al momento”.

El 25 de octubre de 2022 la Dirección de Compras y Contrataciones, compartió el Informe Técnico que fue compartido por varias direcciones, entre ellas la de Inclusión Social a cargo de la dirigente de La Cámpora, Laura Alonso.

La denuncia refleja además que: “En dicho informe se realizaron observaciones sobre los productos ofrecidos, lo que motivo la intimación a la presentación de documentación complementaria el 28 de octubre de 2022 por parte de la Comisión Evaluadora -Julio Aníbal Talia-, dándose como fecha límite de cumplimiento para el 3 de noviembre de 2022″.

A pesar de la intimación, la empresa que ganaría la licitación por más de 600 millones de pesos, recién incorporó la documentación que faltaba 20 días después de la fecha límite, lo que “vulneró el principio de igualdad” con el resto de los oferentes, en caso de que lo hubiese. Razón por la cual, según los funcionarios denunciantes, las anteriores autoridades “se apartaron del principio de legalidad en clara vulneración a la normativa aplicable”.

El direccionamiento que habrían realizado los funcionarios de la cartera social no solo se debería a las concesiones otorgadas a la SRL beneficiada, sino porque las exigencia se adaptaban al producto que esta ofertaba razón por la cual, la empresa beneficiada “fue la única oferente”.

El 1 de febrero de 2023, el Ministerio de Desarrollo Social aumentó el monto del contrato en un 35% por un monto de otros $214.891.110.

La cuestionada compra se inició cuando el ministro de Desarrollo Social era Juan Zavaleta, pero fue adjudicada por su sucesora, la actual diputada nacional Victoria Tolosa Paz.

“Entendemos, prima facie, que los hechos descriptos constituyen los posibles delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público”, finaliza la denuncia penal firmada por Lella Daniela Gianni, la subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano y el abogado Ariel Román Ángel.

La misma firma fue beneficiaria de otras 31 licitaciones por la adquisición de otros alimentos que van desde garrapiñadas, a azúcar, conservas y frutos secos, entre otros por un valor que supera los 7.000 millones de pesos .

En dos de esas licitaciones, Proveeduría Integral MC S.R.L. fue la única oferente. La de aceite de girasol, y que derivó en la denuncia penal, y otra por $3.129.400.000 para la provisión de “mezcla de frutas secas desecadas y/o semillas”.

Funcionarios de esa cartera le aseguraron a este medio que “la ignota firma, creada poco tiempo antes de su primera licitación ganada en el año 2019, durante la gestión del ex ministerio de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, continuó siendo beneficiada con 31 adjudicaciones por miles de millones de pesos, durante las gestiones de los ex ministros Juan Zavaleta y Victoria Tolosa Paz”.

Los colaboradores de Pettovello le dijeron a Infobae que la presentación judicial se realizó “en el marco de la política activa anticorrupción y de transparencia emprendida por este gobierno nacional desde el 10 de Diciembre de 2023″.