El Gobierno incluyó la propuesta de “modernización laboral” en la Ley Bases con un contenido similar al del DNU

El Gobierno decidió incluir una propuesta de “modernización laboral” dentro del proyecto de Ley Bases que debatirá el Congreso que es prácticamente igual al DNU 70 que fue frenado por la Justicia. Así surge del último borrador enviado este lunes por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, que lo tratará el miércoles y el jueves en un plenario de comisiones, junto con el proyecto de reforma fiscal, con la idea de que se aprueben antes de la firma del Pacto de Mayo, el 25 del mes próximo.

De esta forma, la Casa Rosada desistió de tomar el proyecto de reforma laboral de los diputados de la UCR como base para buscar su sanción legislativa y, si no hay cambios sustanciales durante el tratamiento en comisión, el nuevo texto no mejorará la relación con la CGT: allí figuran la restrictiva reglamentación del derecho de huelga en diversas actividades que son consideradas servicios esenciales; la penalización de las asambleas de trabajadores que terminan convirtiéndose en medidas de fuerza encubiertas; pone en jaque la ultraactividad de los convenios colectivos, principio que obliga a mantener su vigencia hasta no negociar uno nuevo, y considera como “injuria laboral grave la participación en bloqueos o tomas de establecimiento”, entre otros puntos.

El borrador, en cambio, tiene algunas diferencias respecto del decreto firmado por Javier Milei: por ejemplo, reduce de 8 a 6 meses el período de prueba de los trabajadores y limita de una forma más estricta que en el DNU las cuotas solidarias, el recurso más eficaz para el financiamiento de los sindicatos a través de los descuentos compulsivos de una suma pactada en los convenios.

Además, alivia las penas contra quienes bloqueen una empresa: el DNU decía que esa acción será reprimida con 3 a 6 años de prisión y el borrador, con 6 meses a 3 años de prisión. Figura igual, sin embargo, otro artículo sobre el tema: “Configura grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación en bloqueos o tomas de establecimiento”.

Se mantiene en el capítulo laboral de la Ley Bases, tal como en el DNU y otros proyectos de la oposición dialoguista, la habilitación a que empresarios y sindicalistas acuerden en la negociación colectiva un sistema indemnizatorio distinto, basado en el Fondo de Cese Laboral de la UOCRA.

Fuentes oficiales, sin embargo, aseguraron a Infobae que para la redacción del nuevo articulado laboral “se tomaron en cuenta el proyecto de los diputados radicales, otros que fueron presentados por el PRO y hasta algunos atenuantes respecto del DNU que podrían conformar a la CGT”.

En realidad, el borrador del Poder Ejecutivo es más parecido al proyecto de ley presentado por la diputada del PRO Verónica Razzini, que responde en forma fiel a lo que buscaba el Gobierno con la reforma laboral original, porque su texto es un espejo del contenido del DNU 70.

Respecto de las cuotas solidarias, el DNU les ponía límites al exigir que pueden descontarse del sueldo “sólo si existe un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo”, mientras que el borrador agrega ahora que “sólo se podrá descontar a los trabajadores no afiliados si hay consentimiento expreso de ellos” y aclara que “esta autorización podrá ser revocada”. “En ningún caso los empleadores estarán obligados a retener cuotas, aportes o contribuciones y depositar importes a más de un sindicato”, agrega. Y advierte que “los trabajadores no afiliados podrán oponerse a la retención de dichos conceptos, comunicando su voluntad explicita en los supuestos de: superar el 2% de su remuneración mensual bruta o resultar superiores a los exigidos a los trabajadores afiliados, en dicho caso la retención deberá efectivizarse hasta su concurrencia; pretender su exigibilidad sin especificar plazo alguno en su aplicación, o cuando éste excediera de 1 mes, contado desde la fecha de la celebración o renovación del convenio colectivo que la dispuso; no garantizar beneficios concretos y reales a los trabajadores no afiliados por el período de vigencia”.

Además, el nuevo texto establece que “el empleador deberá proveer la inhibición o el cese de la retención desde que el trabajador le comunique su oposición, aunque no exprese el motivo”.

¿El Gobierno estará dispuesto a modificar el borrador cuando la Ley Bases se trate en comisión? En la oposición más cercana al oficialismo creen que no habrá tiempo de cambios: “En teoría no puede haber modificaciones -destacaron- porque vamos a debatir en comisión desde el miércoles con idea de sesionar el 29 de abril, que es el objetivo al que quieren llegar, o el 2 de mayo a más tardar”.

Empezó la cuenta regresiva. El borrador oficial elevado al Congreso quizá no sea el definitivo, pero si el Gobierno quiere llegar a una tregua con el sindicalismo deberá resignarse a muchos cambios en el capítulo laboral de la Ley Bases para que el final de la historia no se parezca al del DNU.