
El Ministerio Público Fiscal (MPF) y la asociación civil Usina de Justicia firmaron un Convenio Marco de Cooperación Académica este lunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El acuerdo hace hincapié en una complementación entre ambas partes en medio de un “proceso general de profesionalización” del organismo estatal.
En un documento que consta de once cláusulas en las que se establecen los fines y la forma en que se desarrollará el acuerdo, se recalca la intención de consolidar las “iniciativas y actividades que favorezcan a la capacitación en los temas que son de interés” para el MPF.
“El presente convenio marco tiene por objetivo establecer las bases generales de cooperación conforme a las cuales el MPF y la Asociación realizarán acciones tendientes a fomentar la mutua complementación y colaboración académica que contribuya a sus respectivos desarrollos institucionales”, indica la primera condición.
Además, se especifican las diversas tareas que debe llevar a cabo el Procurador General de la Nación, el doctor Eduardo Ezequiel Casal. Asimismo, se detalla: “Se encuentran la de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos humanos y de los intereses generales de la sociedad, de acuerdo con los principios, derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, los tratados y convenciones internacionales”. Y continúa: “También la de coordinar actividades del Ministerio Público Fiscal con las diversas autoridades nacionales, provinciales y municipales, así como con otras instituciones públicas y privadas”.
En tanto, y con el fin de poder cumplir con esos objetivos, se celebró el acuerdo con la Asociación Civil Usina de Justicia, que es representada por su presidenta, la doctora Elisa Diana Cohén.

En el acuerdo establecido, la tercera cláusula se centra en los roles claves para llevar adelante el convenio y que todas las acciones se desarrollen de manera óptima. En este sentido, se designaron a dos personas de cada institución para coordinar y supervisar las distintas tareas. En representación del MPF, se nombró al doctor Juan Manuel Casanovas y desde la Usina de Justicia, se eligió a María Jimena Molina para llevar a cargo dicha función.
El convenio firmado no limita “la individualidad ni la autonomía de las estructuras técnicas y administrativas del MPF ni de la Asociación”. En este sentido, amplía: “Tampoco restringe la libertad de las partes para formalizar convenios similares con otras instituciones, organismos o empresas oficiales o privadas”.
Desde la fecha de la firma, el convenio tiene una validez de tres años. Sin embargo, esto no implica que pasado ese tiempo, dejará de existir. Conforme a lo establecido en la cláusula novena del documento, queda establecido que el acuerdo se prorrogará automáticamente por “periodos iguales sucesivos”, “excepto que alguna de las partes comunicara a la otra su voluntad de no prorrogarlo”.
A través de las redes sociales, la Usina de Justicia se define como un “foro ciudadano y apartidario por los derechos humanos de las víctimas de la inseguridad”. “Somos un grupo de víctimas que han perdido un ser querido en situaciones violentas y profesionales de distintas especialidades que voluntariamente trabajan y apoyan nuestra labor”, precisan desde el sitio web. La sociedad civil, que fue creada en 2014, recalca la importancia de “acompañar a las víctimas de homicidio y femicidio y recuperar una Justicia justa que contemple a estas víctimas”.
Integridad, solidaridad, compromiso, equidad y transparencia son los valores que representan. Y entre sus objetivos primordiales, se destacan: acompañar a los familiares de víctimas de homicidio y femicidio, brindándoles apoyo emocional y asesoramiento legal; promover los derechos y alentar la participación de las víctimas en el proceso penal y en la ejecución de las penas, en paridad de condiciones con las del imputado y el agente fiscal; e impulsar políticas públicas para mejorar la prevención de conductas delictivas graves.
Últimas Noticias
“Nos sentimos perseguidos varias veces”, denunció una diputada tucumana de LLA tras el ataque a Federico Pelli
La legisladora Soledad Molinuevo relató en Infobae al Regreso cómo un empleado vinculado al Ministerio del Interior de Tucumán agredió brutalmente al diputado Pelli durante una entrega de donaciones. El abogado del atacante alegó “desborde emocional” y la diputada cuestionó la inacción policial y la falta de respuestas del gobierno provincial

Adorni agradeció el respaldo del Gobierno y se refirió a su trabajo en EEUU: “La palabra no debió ser deslomarse”
El jefe de Gabinete admitió que fue un error utilizar ese concepto para describir sus actividades en Nueva York durante la Argentina Week: “Somos humanos y cometemos errores”, afirmó

Cómo sigue la investigación contra el empleado público de Tucumán que le pegó un violento cabezazo a un diputado
Se trata de Marcelo Segura, que trabaja en el Ministerio del Interior de la provincia, y agredió a Federico Pelli de La Libertad Avanza. Este viernes se llevará a cabo la audiencia de formalización de cargos

El Turco García volvió a las recorridas en CABA y repartió preservativos para concientizar sobre enfermedades de transmisión sexual
El ex futbolista, que fue candidato a diputado nacional en 2025, se mostró en el microcentro porteño acompañado de Daniel Amoroso, del partido Integrar

Cómo se gestó el apoyo del Gabinete a Manuel Adorni y cuáles son las primeras lecturas sobre la polémica
La cúpula del Gobierno se encolumnó detrás del jefe de Gabinete ante los episodios de los últimos días. En las filas del Ejecutivo se justifican diciendo que las críticas son desmedidas. “No va a ser gratis”, advierten hacia adelante


