
El escándalo de los seguros lentamente comienza a expandirse a provincias y municipios. Pese a las denuncias y al estado de sospecha generalizado, el gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella sigue depositando su confianza en la empresa de Héctor Martínez Sosa, el broker amigo del ex presidente Alberto Fernández. El 1 de marzo, un funcionario de esa provincia contrató un seguro para una flota de autos y solicitó la intervención del broker, con oficinas en Río Grande.
El dato figura en la resolución 271/24, firmada por el vicepresidente de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), Sebastián Gerardo Medina. A través de esa norma, se contrató, de forma directa, a la firma Sancor para asegurar toda la flota de autos de esa repartición. El valor del contrato, prorrogable mes a mes, se acordó en $1.877.651.
Según la resolución, a la que tuvo acceso Infobae, cuatro empresas presentaron ofertas para quedarse con ese contrato: Sancor, La Segunda, Nación Seguros, y Caja de Seguros. A partir de ese momento, la decisión quedó en manos de la empresa de Héctor Martínez Sosa, contratado como asesor de la provincia desde 2020.
“Recibidas las ofertas se solicitó la intervención de la firma Hector Martinez Sosa SA en calidad de asesores en materia de seguros del Gobierno de la Provincia, entes descentralizados y autárquicos según convenio 21678 con registro de la Provincia”, dice la norma. Y agrega que el broker “sugirió” adjudicar la compra a Sancor luego de hacer una “análisis técnico y económico”.

Infobae ya había revelado que apenas asumió como gobernador, Melella le cedió el control absoluto de todas las contrataciones estatales a Martínez Sosa, a quien ya conocía y había contratado en la Municipalidad de Río Grande. El decreto 1000/20, publicado en julio de ese año, determinó que la empresa del broker se comprometía a “asesorar a la Oficina Provincial de Contrataciones en todo lo que se refiera en materia de seguros, su contratación, debiendo asistir en la confección de los pliegos y posterior análisis de las ofertas”.
A partir de ese momento, todos los seguros pasaron por sus manos a cambio de millonarias comisiones.
La empresa de Martínez Sosa tiene 52 años en el mercado. Comenzó en Buenos Aires pero rápidamente se instaló en Río Grande (Tierra del Fuego), donde obtuvo monopolio de los seguros durante las gestiones de Jorge Colazo y Gustavo Melella. Actualmente también tiene oficinas en Vicente López, Mar del Plata, Río Gallegos, y la Ciudad de Buenos Aires.
Cuando estalló el escándalo, el juez Julián Ercolini mandó a registrar las oficinas del broker en Vicente López, pero también le pidió a la Policía Federal que visite las oficinas de Río gallegos y Ushuaia, según pudo saber este medio de fuentes judiciales. El magistrado también le allanó la casa a Martínez Sosa en la localidad de Victoria. En ese operativo, los agentes se llevaron agendas, teléfonos personales y computadoras.

El broker, casado con la secretaria de Alberto Fernández, hasta ahora solo habló a través de un comunicado en el que negó que el ex presidente haya intervenido a favor de sus empresas y aseguró que no tuvo relación comercial con ANSES. “Nunca hemos solicitado como empresa al ex presidente su intervención en ninguno de nuestros negocios”, dice ese mensaje enviado al mercado asegurador.
Efectivamente, Martínez Sosa no está siendo investigado por la póliza de ANSES pero recibió contratos de la Gendarmería Nacional, el Servicio Penitenciario Federal, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Casa de la Moneda, y el Ministerio de Seguridad.
En los próximos días, el juez federal Ercolini apuntará a los movimientos financieros de los brokers involucrados en esta trama. Solo en el caso de Martínez Sosa, aparecen datos llamativos. Infobae reveló este domingo que en los últimos tres meses, de las cuentas bancarias del empresario se hicieron retiros en efectivo por unos $60 millones y más de USD 750 mil.

Los movimientos llamativos arrancan el 15 de noviembre pasado, cuatro días antes del balotaje, con un retiro de $10 millones y USD 260 mil. Al mes siguiente, hubo otra extracción de $8 millones y USD 200 mil. Siempre en efectivo y de sus cuentas personales.
De acuerdo a las fuentes consultadas por este medio, el 15 de enero pasado se retiraron $32 millones y USD 200 mil. El último registro de esa magnitud se dio apenas una semana antes del comienzo del escándalo, el 17 de febrero. Ese día se extrajeron, en efectivo, unos 20 millones y USD 100 mil.
Esa fortuna proviene de las comisiones. En Tierra del Fuego, Melella lo dejó asentado en el decreto que le cedió el monopolio: “Como contraprestación por los servicios prestador por parte de El ASESOR, éste cobrará su comisión por parte de la empresa aseguradora”.
Tras el escándalo, el gobernador le dijo al diario La Nación que contrató a Martínez Sosa porque “no encontró uno mejor”. La oposición de esa provincia todavía se mantiene en silencio.
Últimas Noticias
La Libertad Avanza quiere que Diputados trate la Ley de Glaciares y Hojarasca la próxima semana
El oficialismo activó procedimientos para que ambos expedientes, tras reuniones y dictámenes en comisiones, lleguen al recinto en una sesión prevista para el miércoles 8 de abril

Religión y política en Argentina: por qué crece su influencia en el discurso público
El avance de referencias religiosas en la agenda política reabre el debate sobre su influencia real en la sociedad. El sociólogo Pablo Semán analizó en Infobae en Vivo los mitos sobre el voto confesional, la diversidad dentro de los credos y las estrategias de los dirigentes para interpelar a los fieles

El Ministerio de Defensa asegura que no se venderán los inmuebles de IOSFA: qué harán con los edificios
Las autoridades nacionales sostienen que el traspaso de los bienes a AABE “es una cuestión jurídica”, pero que no se van a rematar para pagar la deuda de la obra social

El gobierno argentino declarará “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria de Irán
La decisión se tomará en las próximas horas. El actual líder de esa fuerza de Irán, Ahmad Vahidi, está acusado por la organización del atentado en la AMIA y permanece prófugo. La medida ocurre en medio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el régimen teocrático iraní

Neuquén: el gobierno provincial no aportó personal policial e impidió la ejecución de un desalojo mapuche con sentencia firme
El caso tiene más de 10 años de dilación y más de 15 jueces avalaron la medida. Funcionarios judiciales viajaron a Villa la Angostura para participar de la ejecución. Pero el gobierno provincial quitó el acompañamiento policial y frustró la concreción del desalojo



