Qué proyectos del paquete “anti casta” anunciado por Milei reúnen más consenso y cuáles saldrían rechazados

En la apertura de sesiones ordinarias Javier Milei hizo varios anuncios que buscaban un lograr un alto impacto político. Uno de ellos fue el anuncio de un “paquete de leyes anti casta”, que según el propio Presidente terminaría “con los privilegios de la política y sus amigos”.

Casi una semana después, todavía no trascendió ningún detalle de las propuestas enumeradas en el Congreso y desde la oposición dialoguista se muestran muy cautos: “Tenemos que esperar a conocer la letra chica, igual que con la Ley Ómnibus”, repiten casi al unísono diputados de diferentes bancadas.

Sin embargo, algunos de los postulados ya generaron resistencia y dada la posición minoritaria del oficialismo en la Cámara de Diputados es difícil que prosperen si el Gobierno finalmente decide dar el debate.

Eliminar el financiamiento público de los partidos políticos es uno de los puntos urticantes. Los libertarios ya habían planteado el tema dentro de la Ley de Bases en el capítulo de la reforma política, que fue uno de los primeros en caer por la profundidad de las reformas que proponía, como la adopción del sistema de circunscripción uninominal y la modificación de la cantidad de escaños en el Congreso.

En Argentina, la Ley N° 26.215 estipula que el Estado debe garantizar fondos para que todos los partidos puedan competir en condiciones de igualdad relativa y además fija límites a los aportes privados. El oficialismo buscaría terminar con el financiamiento público y liberar los aportes privados. “Cada partido tendrá que financiarse con aportes voluntarios de donantes o afiliados propios”, dijo Milei.

Desde la Coalición Cívica, casi inmediatamente después del discurso, aclararon que “un modelo como el norteamericano donde no hay límites al aporte privado lleva a que solo puedan hacer política los ricos o lo que hacen mucho lobby”.

Además señalaron que facilita la infiltración del narcotráfico en el sistema político. “Vamos a terminar como México”, advirtieron a Infobae. En la misma línea, desde el radicalismo también hubo voces que plantearon dudas. “El financiamiento privado sin regulaciones le cuesta más caro a los argentinos, porque después lo pagan en decisiones compradas por las empresas”, sintetizaron.

Sin el apoyo mayoritario del radicalismo y del bloque Hacemos Coalición Federal, los libertarios enfrentarán un panorama complejo para poder aprobar este punto. Un rojo, según la utilización de los colores del semáforo que se popularizó durante las negociaciones de la Ley Ómnibus.

Otra propuesta que despertó suspicacias fue la de penalizar a los funcionarios que financien el déficit fiscal con emisión monetaria. Pero particularmente la idea de equiparar este nuevo delito con los crímenes de lesa humanidad para que se vuelvan imprescriptibles. “Es una burrada comparar con los delitos de lesa humanidad”, aseguró una diputada del bloque que comanda Miguel Ángel Pichetto. En sintonía, desde el radicalismo plantearon que es una “banalización” de un tema muy delicado para la historia argentina.

No obstante, una puerta de negociación sigue abierta, ya que ambos espacios coincidieron en la necesidad de garantizar la independencia del Banco Central para que financiar al Tesoro no sea una política discrecional del gobierno de turno. Una medida mucho menos drástica pero que apunta al mismo objetivo: combatir la inflación. En definitiva, este punto queda en amarillo.

Por otro lado, muchos consideran que algunos temas terminarán inevitablemente judicializados incluso si se aprueban los proyectos de ley. Por ejemplo, el descuento de la jornada de trabajo a los empleados del Estado que hagan paro ya que podría entrar en conflicto con el derecho a huelga.

Algo similar podría suceder con la iniciativa para que los convenios por empresa o grupos de empresas primen por sobre los convenios colectivos del sector. Argentina tiene una amplia jurisprudencia en materia de derecho laboral e incluso este fuero fue el primero en suspender parte del mega DNU. También amarillos.

“Hay mucho humo en ese anuncio”, sintetizó con ironía un diputado del radicalismo que no se oponía a la reducción de la cantidad de asesores de los legisladores, aunque aclaraba que la misma medida se puede tomar por vía administrativa “sin hacer tanto show”.

Algo similar ocurre con la eliminación de las jubilaciones de privilegio para Presidentes y Vices. “Es para la tribuna, pero puede salir”, señalaron y recordaron que una ley que tenía el mismo espíritu ya se aprobó en la provincia de Buenos Aires para las jubilaciones de los ex gobernadores durante la gestión de María Eugenia Vidal. Ambas tienen el camino despejado, verde.

Finalmente, los dos puntos con mayor consenso son la “democratización” de los sindicatos y el proyecto de “ficha limpia”. El primero plantea que las elecciones en los gremios deben ser periódicas y supervisadas por la Justicia Electoral, además se limitan los mandatos a cuatro años con un tope de una sola reelección. La segunda, en tanto, busca que las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no puedan presentarse como candidatos.

Tanto el PRO como el radicalismo han presentado proyectos en ese sentido durante los últimos años que nunca prosperaron. Con el impulso de los libertarios esta vez podrían llegar a la media sanción. Verde.