La Justicia porteña dio curso a la denuncia que presentó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para que se investiguen los incidentes frente al Congreso durante la votación de la ley ómnibus, y se determinen a los responsables de los desmanes para que se hagan cargo del costo que implicó la limpieza, reparación y ordenamiento del lugar, un monto que llega a 106.890.000 de pesos, según advirtió el jefe de Gobierno, Jorge Macri.
En su presentación, las autoridades porteñas anexaron prueba audiovisual que podría servir para identificar a los responsables de las agresiones. Infobae pudo acceder a parte de ese material, que corresponde a diferentes cámaras.
“Las pruebas que estamos entregando esta vez, la contundencia de las imágenes, permiten que se inicien causas penales, además de económicas, por los daños perjudiciales. Primero penales, después de daños y perjuicios, contundentes y que la justicia debería tenerlas en cuenta”, señaló Macri, en diálogo con Radio Mitre.
En este sentido, la Fiscalía Penal, a cargo de Tomás Vaccarezza, solicitó a los diferentes canales de televisión que remitan las filmaciones de los desmanes. Formalizó ese requerimiento a través de una comunicación enviada al Jefe de Superintendencia de Operaciones de la Policía de la Ciudad, comisario mayor Marcelo Esteban Noguerol.
El pedido es de carácter urgente, en un plazo de 24 horas, sobre lo que sucedió el pasado 2 de febrero. El funcionario judicial solicitó, además, que “se releven e incorporen los videos obtenidos por el Centro de Monitoreo Urbano y cámaras privadas que hubieran captado hechos delictuales o contravencionales en dicha zona, como también vistas fotográficas, videos y evidencia digital de cualquier otra fuente sobre dichos sucesos”.
El objetivo de estas medidas de investigación apunta a “detectar cada una de las conductas registradas que constituirían prima facie delitos o contravenciones e identificar a todas las personas que se encuentren involucradas, detallando hecho por hecho con la respectiva evidencia que lo avala”, según se informó.
Asimismo, pidió que se describan “específicamente las conductas desarrolladas por las personas individualizadas a raíz del análisis de los videos y demás material recibido”. “En caso de daños materiales se deberá indicar en qué consistieron y el valor estimado de reparación”, se agregó en el documento instructivo del fiscal.
Vaccarezza planteó que, “una vez individualizadas las personas, se establezca si responden y/o forman parte de alguna persona jurídica, organización social o política, situación migratoria de ser extranjeras, y determinen posibles vinculaciones entre ellas”. Y solicitó que “se labre un informe detallado donde conste el resultado de todas las medidas dispuestas” para que “sea remitido a esta sede fiscal a la mayor brevedad posible”.
La medida adoptada por la administración de Jorge Macri va en línea con lo adelantado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien mientras se desarrollaban los incidentes en los alrededores del Palacio Legislativo advirtió por redes sociales que su cartera trabajará en “la identificación de todos los que quemaron bienes públicos tirando piedras, destruyendo todo al pasar y atacando a funcionarios policiales”.
En la denuncia, realizada por el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, y su par de Seguridad, Waldo Wolff, y presentada ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, se notifica que se “vandalizaron diversos bienes públicos de la Ciudad, se prendieron fuego vallas de madera sobre la vía pública, como así también tachos y contenedores de basura, se rompieron baldosas de las veredas, para así arrojar objetos contundentes al personal policial”.
En tanto, y en la previa de otra discusión parlamentaria sobre la ley ómnibus, el vocero presidencial, Manuel Adorni, advirtió a quienes se manifiesten: “Si cortan la calle o tiran piedras, la Policía va a actuar”, sostuvo, y finalizó: “Si están mucho tiempo al sol, pueden sufrir desmayos o descompensaciones”.
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