Milei optó por pisar el freno y dar marcha atrás, ante el precipicio de un mayor costo político y económico

La marcha atrás con el núcleo fiscal de la Ley Ómnibus impactó de lleno en el tablero político, aunque nadie podría decir que no había indicios. El anuncio hecho por Luis Caputo se produjo después de un día cargado de contactos sin avances con diputados de peso y gobernadores de la oposición “dialoguista”. La inercia del discurso duro del oficialismo había dejado en segundo plano una frase significativa de la más reciente entrevista de Javier Milei a un medio extranjero: hablaba de la posibilidad de dejar para más adelante algunas de sus reformas. El retroceso, aun parcial, asomó finalmente frente a la alternativa de una derrota legislativa con mayor costo político y económico. La historia, igual, no estaría saldada.

La idea de que no podía llegarse al recinto de Diputados sin una base sólida de acuerdo y el análisis de una vía de salida postergaron el contacto de rutina con los medios en la Casa Rosada, más allá de razones prácticas vinculadas con la agenda presidencial. El muy complicado estado de las negociaciones por el megaproyecto de reformas fue analizado en un encuentro para nada reservado entre Martín Menem y Karina Milei. Para entonces, Guillermo Francos renovaba conversaciones con jefes provinciales, no sólo de los que mantienen la marca de JxC sino además con peronistas.

Hasta entonces, legisladores y gobernadores referenciados en la UCR, el PRO y algunos aliados coincidían en al menos dos puntos: el rechazo a acompañar la propuesta oficialista en rubros muy sensibles -retenciones y jubilaciones, en los primeros reglones- y el malestar por las cargas del Gobierno -el propio Milei y Caputo- en su contra. En esa línea, venían transmitiendo su fastidio no sólo por la acidez sobre su condición de posibles aliados, sino además por el efecto favorable a la dureza K.

El Gobierno pudo registrar que el problema había crecido en lugar de reducirse después de la firma de un impreciso y demasiado abierto acuerdo para lograr dictamen de mayoría apenas dos días antes, en el plenario de comisiones de Diputados. Ese trato venía acompañado por la advertencia de rechazo a puntos cruciales, como los referidos, en el recinto. La cuenta es sencilla: sin un entendimiento posterior -con eje en los gobernadores- el oficialismo iba camino a una derrota política de impredecible oleaje, también en el terreno económico.

El oficialismo necesita del apoyo de buena parte de los bloques del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal y otros bloques que también reclamaban cambios. La mayoría de ese conglomerado está atenta desde el primer día a las tratativas de los jefes provinciales con el Gobierno. Y hasta el primer quiebre en el peronismo/kirchnerismo estuvo relacionado con las posiciones de un gobernador, en ese caso el tucumano Osvaldo Jaldo. Precisamente, en lugar de astillar, la andanada oficialista facilitaría el cierre de filas en UxP.

El punteo sobre el estado de las conversaciones anotó en los dos últimos días cruces con algunos jefes de bloque -el radical Rodrigo de Loredo y Miguel Angel Pichetto, de HCF- y también el creciente cuadro de reacciones provinciales. En el espacio de JxC, pesaron Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro e Ignacio Torres. Y colaboraron a encender las luces de advertencia las expresiones matizadas, pero con reparos, que fueron sumando “provinciales” como el rionegrino Alberto Weretilneck y expresiones peronistas no alineadas como las del cordobés Martín Llaryora y el salteño Gustavo Sáenz.

El conjunto de tales datos, y los últimos contactos desde las oficinas de Interior, además del tanteo en continuado desde el despacho de Martín Menem, con intervención de otros funcionarios, pintaban un cuadro con complicaciones graves y variadas. Colaboraban la falta de precisiones o desmanejos con temas muy conversados, como biocombustibles y pesca. Lo dicho: parecía todo más denso o estático que la previa al dictamen en el plenario de comisiones.

El mensaje desde el círculo presidencial seguía arrastrando contradicciones. Habían trascendido frases que superaban incluso el límite de las advertencias. Una de ellas, adjudicada a Milei, precipitó la caída del ministro Guillermo Ferraro, que ya venía complicado por ásperos cuestionamientos de Nicolás Posse. Antes, entre las que generaron mayor malestar y recelos, se habían anotado declaraciones del jefe de Economía.

Con todo, Milei reiteró el discurso que condena y a la vez admite las tratativas políticas. Las últimas declaraciones del Presidente negaban cualquier posibilidad de negociación, hablaban de la aceptación de “mejoras” y hasta señalaba la posibilidad de que algunas reformas quedaran para “más tarde”. Fue parte de una entrevista realizada el martes, pero que se conoció horas antes de la conferencia de prensa a cargo de Caputo.

El anuncio oficial, en síntesis, significa que queda fuera del megaproyecto un tramo fundamental: retenciones, blanqueo, jubilaciones, bienes personales, entre otros títulos. Son propuestas que podrían ser escritas en proyectos específicos, a los que se sumaría Ganancias, que ya estaba fuera de la ley ómnibus. Varios temas se vinculan con los recursos para las provincias.

Por supuesto, quedan para el debate otros puntos fuertes del proyecto, entre ellos reformas estructurales y delegación legislativa. No son temas menores, ni sencillos. El Gobierno no demoró en plantear su posición: sostuvo que ahora está allanado el camino para aprobar la versión que resta del proyecto, dijo que los temas fiscales podrán ser tratados más adelante y ratificó que el ajuste alcanza a la Nación y también a las provincias, bajo la exigencia de “déficit cero”.

Cierto alivio, cautela y chicanas marcaron las reacciones de las distintas franjas de la oposición. El peronismo/kirchnerismo intentó presentarlo casi como una victoria, pero no descuidó la lógica de la dureza para contener sus internas y unificó criterios en las advertencias sobre la delegación legislativa. Los bloques negociadores mostraron sintonía con el nuevo actor de peso -los gobernadores- y volverán a jugar fichas dentro y fuera del Congreso.

El Gobierno tomó una decisión que no es indolora pero que significa un giro práctico frente a la perspectiva de una derrota legislativa, algo grave en materia política y de alto riesgo por sus consecuencias económicas. Se verá ahora cómo pilotea lo que sigue, es decir, si abre realmente un camino de negociación en varios tiempos -casi como mecanismo, obligado por su condición minoritaria en el Congreso- o si repite ensayos similares a los que derivaron en esta poda del megaproyecto.