El Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich reveló este martes que en un mes la línea 134 recibió 57.300 denuncias de instigación o coacción para cortar calles y rutas. De esos casos, 927, que se refieren a organizaciones sociales o referentes que extorsionan con la amenaza de quitar planes a quienes no concurran a las protestas, fueron denunciados ante la Justicia por parte del Gobierno.
Los datos, que comprenden el período que fue del 18 de diciembre al 17 de enero, fueron difundidos un día antes del paro general convocado por la CGT en contra de las modificaciones a la legislación laboral del mega DNU y la Ley Ómnibus impulsados por el Gobierno de Javier Milei, que incluirá una marcha al Congreso y la presencia de grupos piqueteros.
Además de las 927 denuncias formalizadas ante la Justicia, hubo otras más de 1.200 que fueron derivadas al Ministerio de Capital Humano. En esos casos, también el Gobierno afirma que “involucran a personas u organizaciones sociales que presionan a los beneficiarios de algún tipo de plan o asignación estatal para participar de cortes de calles bajo la premisa de quita, limitación o multa de los beneficios a aquellos que no concurran, como así también diversas irregularidades relacionadas con la administración de los planes mencionados”.
Por otro lado, 20 denuncias incluso aportan los CBU o alias de los referentes sociales que los amenazaron. Mientras tanto, los datos de más de 48.000 denuncias al 134 continúan sin ser cerciorados por el Gobierno.
Las organizaciones sociales denunciadas en las llamadas son: Corriente Clasista y Combativa, Organización Cuba MTR, Polo Obrero, Barrios de Pie, Libres del Sur, Movimiento Evita, MTE - Movimiento Trabajadores Excluidos, Agrupación Darío Santillán, Corriente Pueblo Unido, Asociación Valeria Orozco, Movimiento Redes Argentinas Rebeldes, FORJA, Movimiento 17 de Noviembre, Movimiento 17 de Octubre, El Cambio es Posible, Agrupación la William Cooke, Agrupación Las Américas, Agrupación Felipe Vallese, Agrupación Desocupados Eva Perón, CTA, Evita Solano, Cooperativa Unión de Productores Familiares, Nuevos Pasos, Movimiento sin Trabajo, Teresa Vive, Agrupación Martín Fierro, Organización Corriente Pueblo Unido, Mariano Ferreyra, Organización FOL, Movimiento Barrial de Trabajadores, Movimiento Teresa Rodríguez.
Además, se brindaron detalles de algunas de las denuncias presentadas, que también incluyen el reclamo de sumas fijas mensuales a los beneficiarios, como el caso de una persona que afirma que su referente le exige cada mes $27.000 de su plan Potenciar Trabajo y $3.000 más del bono. Como esa, con distintos de montos, se difundieron varias denuncias de delitos similares: en otra, se les pide el 20% de lo que cobran.
Los denunciantes incluso aportaron capturas de pantalla de chats que mantuvieron con sus extorsionadores y hasta de los depósitos que los obligan a hacer mensualmente para mantenerles los planes.
En los chats, se observa cómo referentes de las organizaciones daban a entender el 18 de noviembre que parte del dinero que recaudaban era reenviado a personas del Ministerio de Desarrollo Social que conducía Victoria Tolosa Paz.
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