Santa Fe aprobó una ley de inteligencia y será la primera provincia del país con un organismo de espías

Con el impulso del gobernador Maximiliano Pullaro, la Cámara de Senadores aprobó ayer la sanción definitiva de la “Ley de Inteligencia” que le otorga un marco legal al sistema de investigación criminal y de actividades ilícitas en un distrito jaqueado por el narcotráfico. De esta manera, Santa Fe se convirtió en la primera provincia que tiene un organismo de espías propio, después de años de escándalos, conflictos y denuncias de corrupción y espionaje ilegal que involucraron a funcionarios y fuerzas de seguridad.

El proyecto tuvo un amplio apoyo de todo el espectro político en la última sesión parlamentaria del año. Primero pasó por la Cámara de Diputados local, donde cosechó 48 votos afirmativos y una sola abstención de Alejandra Rodenas, y luego fue convertida en ley por el Senado.

La norma de “Ley de Sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito” establece las “bases jurídicas, orgánicas y funcionales que regulen la actividad de producción y gestión de información para la prevención del delito”. Y especifica que alcanzará la “producción, obtención, reunión, sistematización y análisis de la información, referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que puedan afectar la seguridad de la Provincia, sus habitantes, empresas e instituciones, para producir conocimiento destinado a orientar la formulación y ejecución de políticas en materia de seguridad pública”.

El senador Felipe Michlig celebró que con la legislación aprobada “se termina el espionaje ilegal” y recordó al exministro de Seguridad, Marcelo Sain, a quien calificó de “impresentable”, “inefable” y que acusó de hacerle “tanto daño a la institucionalidad de la provincia de Santa Fe”. El exfuncionario está acusado de encabezar una asociación ilícita que perpetró seguimiento y recolección de información a opositores y personalidades locales.

“Con esto se termina los perfilamiento ilegales hacia políticos, hacia empresarios. Ayer, el senador por el este departamento, Paco Garibaldi, manifestó que fue espiado, que fue víctima del espionaje. Esto ahora se termina porque a partir de ahora estará controlado, se va a utilizar esta ley para hacer la inteligencia que corresponde para desbaratar a bandas criminales”, añadió Michlig en una rueda de prensa, y concluyó: “Se terminaron los carpetazos”.

En concreto, el nuevo sistema de inteligencia funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia de Santa Fe y estará integrado por tres áreas: la Subsecretaría de Inteligencia Criminal, la Dirección Provincial de Información Patrimonial y la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE).

El área de Inteligencia Criminal deberá producir conocimiento sobre fenómenos delictivos para elaborar con ello políticas de seguridad. Por su lado, la Dirección de Información Patrimonial gestionará información sobre fenómenos económicos delictivos y de lavado de activos; mientras que la CIOPE será la encargada de diseñar información para la definición de decisiones estratégicas, algunas de las cuales deriven o no en una investigación.

La iniciativa aprobada menciona que las partidas presupuestarias “serán públicas” aunque contempla que “podrán mantener carácter reservado” los fondos que sean necesarios para las actividades de inteligencia y “cuya publicidad pueda afectar el normal desarrollo de las mismas”. Todo el marco normativo estará bajo control de la Legislatura mediante una Comisión Bicameral de Control y Seguimiento, compuesta por cinco diputados y cinco senadores, en la que estarán representados los diversos sectores políticos.

Según la diputada socialista, Lionela Cattalini, la ley implica una “enorme responsabilidad y habla de que estamos entendiendo la urgencia de los santafesinos porque allí está puesta la seguridad”. “Va a permitir recopilar información para prevenir el delito y establece un fuerte control de la legislatura”, consideró. “La inteligencia es un tema que a todos nos preocupa y la duda si era propicio o no sancionar esta ley. Es mejor que haya un marco regulatorio con claridad y transparencia que diga qué se va a hacer”, añadió.

Esta área cuenta con un sistema de tres clasificaciones de información: secreto, confidencial y público, que establece de mayor a menor los niveles de autorización de acceso a la información producida, la gravedad de los intereses que puede afectar, y su divulgación. Los espías pueden utilizar “herramientas extraordinarias de monitoreo y seguimiento” en el marco de sus actividades de investigación. Además, siempre dentro de un legajo, están autorizados a recurrir a “medios excepcionales de prueba como el agente encubierto, el agente revelador, la entrega controlada y los informantes”.

En sintonía con el marco normativo nacional, el sistema de inteligencia prohíbe la “obtención, producción y almacenamiento de datos de las personas por razones étnicas, religiosas, ideológicas, de género, políticas, de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, empresariales, cooperativas, asistenciales, culturales y laborales, en especial la periodística”. El personal asignado a estas tareas de inteligencia tampoco pueden realizar “tareas represivas, poseer facultades compulsivas ni cumplir funciones policiales”.

Catallini precisó que el uso del sistema de inteligencia “siempre va a requerir autorización judicial”. “Nadie va a poder hacerlo de oficio o porque se le ocurra”, puntualizó hoy en declaraciones a la radio Aire de Santa Fe. Por lo tanto, dijo que es una “ley que crea un sistema de inteligencia con autoridades claras, donde se regulan los gastos reservados, cómo van a ser las fuentes de información y que tienen que coordinar con las áreas investigativas tanto de las políticas como del Ministerio Público”.

Con la aprobación en el Senado, la ley entrará en vigencia al ser publicada en el Boletín Oficial de Santa Fe. Pullaro ya quedará en condiciones de empezar a implementarla. “Tiene 90 días para aplicar el protocolo de actuación, el gobernador va a tener que mandar los protocolos para lograr su aprobación”, señaló Catallini.