Javier Milei redobla la apuesta con la ley ómnibus, achica el margen de negociación y deja a la oposición ante un dilema

El mega decreto de desregulación económica y laboral de Javier Milei dejó en un lugar incómodo a una parte significativa de la oposición, que por estas horas analiza las alternativas posibles para favorecer la gobernabilidad sin permitir que se vulnere la institucionalidad.

“Estamos de acuerdo con el 90% de las cosas que propone, si mandaba los proyectos de ley la mayoría iban a ser aprobados”, explicaron a Infobae desde Cambio Federal, el flamante bloque de diputados que conduce Miguel Ángel Pichetto. El jueves, el propio Pichetto junto a Emilio Monzó, Nicolás Massot y Margarita Stolbizer se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior, Guillermo Francos.

En el encuentro le plantearon sus críticas al DNU. Principalmente señalaron que será contraproducente a la hora de atraer inversiones y generar seguridad jurídica. “Primero, hay muchos puntos que se van a judicializar y pueden ser revocados en los tribunales. Segundo, sentamos el precedente para que el próximo presidente también arranque su mandato con un mega DNU que anule todo lo que hizo Milei”, explicaron a este medio.

Monzó, que fue el titular de Diputados durante el gobierno de Mauricio Macri, también compartió su experiencia con una situación similar. En 2018, el gobierno de Cambiemos sacó durante el verano un decreto que incluía 170 medidas. Ante las críticas de la oposición y las presentaciones judiciales, el gobierno de Macri finalmente terminó reemplazando el decreto por tres proyectos de ley, que finalmente fueron aprobados.

En esa línea, Pichetto y Monzó insistieron con que el Ejecutivo utilice la vía parlamentaria para avanzar con las reformas. Por otro lado, los “federales” transmitieron otro reclamo concreto: que Milei “baje un cambio” y deje de agredir a los legisladores -”la casta”- a los que tiene que pedirle apoyo legislativo.

Sin embargo, casi inmediatamente se llevaron una negativa de Guillermo Francos, que a la salida del encuentro dijo a la prensa que no estaban evaluando retirar el DNU para enviarlo como proyecto de ley. Por su parte, desde la Casa Rosada se mostraron desafiantes y plantearon que los que voten en contra del decreto “pagarán el costo político con la gente”.

Pero el bloque de Pichetto y Monzó no es el único atrapado en el dilema de no obstruir al Gobierno, pero resguardar la institucionalidad. Los radicales tuvieron ayer una reunión del bloque de diputados en la que analizaron alternativas para evitar que el Congreso rechace de plano el mega decreto y el gobierno libertario quede herido en el inicio de su gestión.

“Si el Gobierno no evalúa enviar las leyes correspondientes al Congreso, que es el camino adecuado, pueden ayudar las aprobaciones parciales sobre gran parte de las propuestas, o bien que el Gobierno esté dispuesto a remitir las reformas de forma segmentadas en varios DNU para su tratamiento”, dijo Rodrigo de Loredo, nuevo jefe de la bancada.

En concreto, desde el radicalismo propusieron algunos caminos intermedios. La primera posibilidad había sido planteada el jueves por el Comité Nacional del partido, en manos de Martín Lousteau: enviar una ley “espejo” (que contenga los mismo que el DNU) para que sea tratado durante las sesiones extraordinarias. Algo rechazado explícitamente por la Casa Rosada.

Otra posibilidad barajada ayer fue que el Gobierno envíe las reformas “desglosadas” en varios decretos diferentes, lo que permitiría rechazar los que se consideren “indigeribles” mientras se le da luz verde al resto, como la reforma laboral o la modernización de los contratos.

La última alternativa es reformar la ley de 2006 que determina que la bicameral debe aprobar o rechazar los decretos en forma integral. Si se permitiera aprobar o rechazar por partes, el resultado sería similar: frenar algunos puntos polémicos y avalar el resto.

“Los radicales no podemos hacer kirchnerismo y tampoco mileísmo. Hay que ponerse muy creativos”, reflexionaron desde la bancada que conduce Rodrigo de Loredo.

Sin embargo, la premisa es no apurarse con un posicionamiento demasiado contundente. “El DNU entra en vigencia el 29 de diciembre. Posse (jefe de Gabinete) tiene diez días hábiles para remitirlo a la comisión bicameral de Trámite Legislativo, por lo tanto se va a empezar a analizar recién a mediados de enero”, señalaron.

El radicalismo, los federales y el peronismo moderado no pretenden que la comisión defina inmediatamente. Además, consideran que el transcurso de los meses fortalecerá su posición negociadora, debido a que el clima social se irá deteriorando a medida que se sienta con más fuerza el efecto del ajuste económico.

En la oposición, incluida el peronismo, existe consenso sobre un punto: los libertarios están planteando un juego “a todo o nada” como mecanismo para compensar su debilidad legislativa.

El anuncio de que el paquete de leyes finalmente llegará al Congreso en formato “ómnibus” y la confirmación de que los puntos del DNU no figuran en el temario de la convocatoria a sesiones extraordinarias, parecen confirmar la estrategia de la Casa Rosada. “Están en modo ‘vamos por todo’”, sintetizó un importante diputado de Unión por la Patria.

Por el momento, Milei y su equipo no hicieron ninguna concesión a la oposición o a los gobernadores y se apoyan en la creencia de que la presión de la opinión pública será suficiente para torcer voluntades y garantizar los votos. Esto reduce significativamente el margen de maniobra tanto de Martín Menem como de Victoria Villarruel para construir consensos con otros espacios.

No obstante, ante este dilema político, no son pocos los diputados opositores que expresan sus dudas puertas adentro. “Va a ser difícil quedar del lado Moyano de la historia, yo no quiero votar con el kirchnerismo”, reflexionó un hombre del radicalismo que se inclina por garantizar la gobernabilidad al gobierno libertario.