Los pobladores de Villa Mascardi afectados por los ataques incendiarios que protagonizó la agrupación mapuche Lafken Winkul Mapu reclamaron ante el Gobierno Nacional un resarcimiento patrimonial por no haber prevenido los ataques e incluso por haber actuado de manera cómplice con los integrantes de esa comunidad.
La presentación se realizó ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y fue rubricada por Luis Dates y Mercedes Olivera, propietarios de la devastada propiedad Los Radales, aunque otros damnificados confirmaron que harán lo propio en los próximos días.
En la misiva denunciaron que funcionarios nacionales intervinieron decisivamente en apoyo a la agrupación Lafken Winkul Mapu, intentaron extinguir las causas penales que recaían sobre sus integrantes y no actuaron de forma diligente para prevenir nuevos ataques o remediar los daños que habían ocasionado.
El conflicto de Villa Mascardi comenzó en 2017 con la irrupción de unas 30 personas en un predio que pertenece a Parques Nacionales, a 35 kilómetros de Bariloche. Desde ese espacio avanzaron hacia lotes de particulares linderos, provocando la destrucción de la mayoría de ellos.
Una de las viviendas que fue destruida por un devastador incendio pertenece a Dates, actual presidente de la Junta Vecinal del lugar, la cual fue vandalizada el primer día de agosto de 2022.
Los peritos determinaron que el fuego comenzó de manera intencional, a partir del hallazgo de elementos que así lo confirmaron. Además se encontraron leyendas con inscripciones mapuches, en las que la agrupación se adjudicó el ataque y lo atribuyó a una disputa territorial ancestral.
Dates, en diálogo con Infobae, aseguró que el planteo “es personal” y tiene como objetivo lograr “un resarcimiento de parte del Estado Nacional por su inacción para prevenir los ataques y por avalar el funcionamiento ilegítimo del grupo mapuche”.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla Corti, se inmiscuyó en el avance de la causa judicial por los atentados y solicitó la postergación del proceso para juzgar a los responsables, a instancia de la celebración de una Mesa de Diálogo en la que propuso ceder las tierras de Parques Nacionales a la comunidad que protagonizó los ataques vandálicos.
El propietario que radicó la presentación hizo mención a la participación de esa repartición al mencionar que “ha sido partícipe en algunos de esos hechos tan angustiantes y dramáticos que tanto daño nos han causado, por ejemplo, celebrando a principios de junio de este año un acuerdo a todas luces ilegítimo que motivó el inicio de un sinnúmero de acciones legales promoviendo su anulación”.
El funcionario anunció la entrega de esas tierras al grupo y la construcción de viviendas para albergar a la líder espiritual de la agrupación y personas de su entorno. También ofreció otras 10 hectáreas de tierra en otro paraje cercano para el desarrollo de las supuestas actividades del grupo. Sin embargo una lluvia de planteos impulsados, entre otros, por la Junta Vecinal, congelaron el avance de dicha entrega.
Muchos de los integrantes de la Lafken Winkul Mapu permanecen en la clandestinidad desde octubre de 2022, cuando se realizó el desalojo de todos los predios en el marco de un operativo que ordenó la Justicia Federal y llevó a cabo la Policía Federal. Desde entonces, el sitio permanece bajo custodia del Comando Unificado de Fuerzas, con presencia constante de uniformados de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Para Dates, “el Estado Nacional es responsable no solo porque ha tolerado o ha sido cómplice de los actos violatorios de nuestros derechos humanos por parte de la Lof Lafken Winkul Mapu sino también porque no ha sido lo suficientemente diligente para prevenir los actos delictivos o mitigar sus consecuencias dañosas”.
El ahora dirigente vecinal contó que tanto él como su esposa – quien también firmó la presentación – “nos salvamos de milagro” por los ataques de los encapuchados.
En el predio de los denunciantes, efectivos de Gendarmería Nacional fueron atacados por los encapuchados, quienes efectuaron detonaciones con armas de fuego y luego incendiaron la casilla móvil que había instalado la fuerza. Los uniformados debieron guarecerse en una estación de servicio situada a pocos metros.
Olivera aseguró que “la reparación pretendida es para volver a construir la casa y poder vivir con tranquilidad. Hemos sufrido muchísimo todos estos años. Destruyeron nuestro proyecto de vida. Ahora queremos que el Estado nacional nos resarza pero que también nos proteja”.
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