El kirchnerismo busca despegar el juicio político a la Corte Suprema del escándalo de espionaje ilegal

A pocos días del balotaje presidencial, el kirchnerismo continúa trabajando en los dictámenes de acusación del juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema y espera una señal política de Sergio Massa.

En la recta final de la campaña electoral, el candidato de Unión por la Patria planteó que “no era el momento” de discutir el comportamiento de ningún juez supremo. En sintonía, el oficialismo aprovechó la prórroga de las sesiones ordinarias para postergar la firma del dictamen de acusación hasta después de las elecciones.

Además, las revelaciones de la causa de espionaje ilegal a jueces, políticos y funcionarios le permitió a Juntos por el Cambio cerrar filas y arremeter contra el diputado Rodolfo Tailhade, quien había recibido mensajes del espía detenido Ariel Zanchetta.

El PRO, la UCR y la Coalición Cívica denunciaron que Tailhade fue parte de una operación de inteligencia ilegal y adelantaron que votaría su desafuero si así lo requiere un juez federal. Al mismo tiempo, exigieron que el legislador kirchnerista sea apartado de la comisión de Juicio Político y de la Bicameral de Inteligencia.

En esa línea, insistieron con que el proceso contra los jueces de la Corte quedó “viciado” por operaciones de espionaje. Un argumento que ya había planteado durante el proceso, ya que gran parte de la acusación contra el juez Horacio Rosatti se basaba en los presuntos chats filtrados entre el director de su vocalía Silvio Robles y el ex ministro de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.

Estas conversaciones fueron utilizadas por el kirchnerismo para intentar demostrar que existió un acuerdo entre el presidente de la Corte y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para favorecer a la ciudad de Buenos Aires en su reclamo por el recorte de la coparticipación.

Hasta el momento, el oficialismo se limitó rechazar el pedido de apartamiento de Tailhade bajo el argumento de que no está imputado en la causa y tampoco figura en el dictamen del fiscal, donde se requirieron medidas de prueba como el allanamiento de las oficinas y de la casa de Fabián “Conu” Rodríguez, el Subdirector General de Servicio Al Contribuyente de la AFIP, que mantenía contactos con Zanchetta.

El martes también se levantaron abruptamente de la reunión de comisión para “no dar lugar a los shows preelectorales”, debido a que esperaban que Juntos por el Cambio arremetiera contra Tailhade por sus mensajes con el espía detenido.

Para los diputados del oficialismo, se trata de una “operación de prensa” que busca deslegitimar el proceso de Juicio Político y apuntan contra el fiscal Gerardo Pollicita, ya que consideran omitió maliciosamente que Tailhade estuvo entre los políticos espiados por el ex policía.

Por eso el propio Tailhade presentó un escrito este miércoles ante el fiscal Pollicita para saber si su nombre figura en la lista con cerca de 2.000 “objetivos” de Zanchetta. En caso de ser así, Tailhade pedirá ser querellante en la causa como víctima de espionaje ilegal.

Ayer, ante la falta de respuesta del fiscal, el diputado presentó otro escrito, esta vez ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi para que le informe si su nombre figuraba entre los “objetivos” del espía o, en su defecto, para que instruya al fiscal a contestar.

Por el momento, el bloque que conduce Germán Martínez continuará con el trabajo pero sin levantar demasiado el perfil. La mayoría de la comisión de Juicio Político pertenece al kirchnerismo y por eso su objetivo es completar el trámite de acusación antes del recambio del 10 de diciembre. A partir de esa fecha la irrupción de los libertarios cambiará la relación de fuerzas y podría darle el control de la comisión a la actual oposición.