Reclaman que se aceleren las causas judiciales que investigan la corrupción venezolana en Argentina

Las ramificaciones de la corrupción venezolana ya llegaron hasta todos los continentes. Son 28 los países que están investigando irregularidades entre funcionarios, empresarios o ciudadanos de sus países con el chavismo. Las relaciones pueden ser comerciales o, simplemente, estos lugares pueden haber sido elegidos para blanquear el dinero proveniente de hechos ilícitos que termina en bienes como propiedades o autos de lujo en Argentina, Estados Unidos o España.

La “gran corrupción” venezolana es un fenómeno que fue definido por los expertos como un sistema que se ejecuta cuando un grupo de personas se adueña del Estado para defraudarlo, en este caso, por casi 70.000 millones de dólares. La cifra ilustra la dimensión de un fenómeno que fue discutido por fiscales, periodistas y activistas que se reunieron ayer en el encuentro “Los desafíos que plantea el caso de Venezuela”, organizado por la ONG Transparencia Venezuela en Buenos Aires.

La aparición de una decena de causas judiciales en los tribunales porteños vinculadas al fideicomiso entre Argentina y Venezuela, que durante una década reinó las relaciones comerciales entre ambos países, fue uno de los ejes del debate en la Universidad Di Tella. Cómo la justicia argentina puede evadir el bloqueo que plantean las autoridades venezolanas ante la falta de cooperación para los expedientes judiciales que avanzan en Comodoro Py fue parte del debate del que participaron Laura Roteta, titular la fiscalía antilavado; Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela; José Ugaz, ex fiscal de Perú; Pablo Secchi, director de Poder Ciudadano; y el periodista Hugo Alconada Mon, entre otros.

De Freitas aseguró que Transparencia Venezuela identificó 18 causas judiciales abiertas en los tribunales argentinos que involucran USD 1.600 millones vinculado a dinero público venezolano, casi todas por distintos hechos de corrupción dentro del fideicomiso bilateral que se ejecutó entre 2004 y 2016, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. “El gobierno venezolano no responde a las solicitudes de la justicia argentina. Le pedimos a las autoridades que no se cierren las causas. Necesitamos que aumente la cooperación internacional y los mecanismos colaborativos para combatir la corrupción”, reclamó.

Infobae y Transparencia Venezuela publicaron en septiembre una serie de notas que ejemplificaba con casos concretos la corrupción dentro del fideicomiso bilateral entre Argentina y Venezuela. Aunque varias de las investigaciones judiciales argentinas por esos casos siguen en curso, la mayoría de los jueces y fiscales se encontró con la falta de colaboración total de las autoridades venezolanas, que no responden los exhortos de sus pares argentinos. Esos pedidos formales son clave para continuar con las acusaciones porque mucha de las pruebas que requieren los procesos locales se alimentan con información oficial que está en manos de los funcionarios chavistas.

Roteta, titular de la la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), es una de las funcionarias que más investigó la corrupción venezolana en Argentina. “La cooperación jurídica internacional es fundamental para investigar la criminalidad económica compleja. Es necesaria ya no solamente para la extradición sino para realizar medidas probatorias, para incautar y recuperar bienes, para intercambiar información”, detalló.

Desde su trabajo como fiscal de Procelac, Roteta también sufrió la falta de colaboración internacional en estos expedientes, por eso, planteó ayer algunas soluciones posibles ante esta situación. “La burocracia de la justicia internacional tiene un impacto en la lentitud de los procesos. El eje de este tipo de investigaciones es la recuperación de los activos. La confianza entre pares es importante para la cooperación internacional, el contacto directo entre fiscales y la participación de organizaciones civiles permite un intercambio fluido de información”, agregó.

Ugaz, ex fiscal de Perú, fue más crítico de la situación que atraviesa la justicia por procedimientos administrativos formales, como lo son los exhortos entre países. “Las experiencias en materia de cooperación internacional por corrupción es diversa, ya que existen casos muy alentadores, pero también muy frustrantes. Hay un ritualismo excesivo en los mecanismos de cooperación internacional, lo que constituye un obstáculo en la lucha contra la corrupción”, cuestionó.

“Hay mucha complejidad en la cooperación jurídica internacional. Existe un ritualismo excesivo y se utiliza la soberanía como pretexto. Hay que encontrar un balance porque existe una necesidad de pragmatismo para resolver algunas instancia de causas de corrupción”, propuso el jurista que investigó, en la década de los 90, el político peruano Vladimir Montesinos.

Por último, De Freitas planteó ejemplos concretos sobre el impacto de la corrupción en la calidad de vida de los venezolanos. “En Venezuela no tenemos un sistema de justicia, de ahí la necesidad de una cooperación internacional activa para combatir la gran corrupción, que tiene sus consecuencias en nuestro país. El impacto de la corrupción se siente en sectores clave como la alimentación y la salud. Por ejemplo, hemos identificado víctimas que fallecieron porque no había ascensores en un centro de salud. La corrupcion tiene que ver con la vida”, afirmó la directora de Transparencia Venezuela.