A un año del accidente aéreo en Río Grande, las familias de las víctimas reclaman Justicia: “Necesitamos saber qué pasó”

365 días pasaron desde la última vez que la familia de Denise Torres García supo de ella. Fue el pasado 1 de julio de 2022, cerca del mediodía, cuando la enfermera de 30 años emprendía la vuelta de un viaje desde Río Grande hasta Buenos Aires. Lo hacía en un avión sanitario, donde acompañaba a un bebé de cinco meses en grave estado. Pero nunca llegó a destino: justo en el momento del despegue, el LearJet en el que viajaba chocó y la mujer murió en el acto.

A un año de la tragedia, el reclamo de la familia sigue intacto. “Necesitamos saber qué pasó ese fatídico día”, piden enfáticamente amigos y allegados de la joven. Lo exigen con la misma intensidad con la que lo solicitaron el primer día, cuando les llegó la noticia de la explosión de la aeronave y el consecuente fallecimiento tanto de ella como los cuatro tripulantes que iban a bordo.

El tiempo pasó, pero los desperfectos técnicos que sufrió el vehículo y los motivos que lo generaron, aún se desconocen. En este sentido, las familias de Torres García, la del piloto Claudio Canelo, el copiloto Héctor Vittore y el médico Diego Ciolfi, piden a la Justicia que se dé a conocer algún indicio de lo que ocasionó el fatal episodio.

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En representación de los familiares de las víctimas, desde el entorno de la joven aseguran que “nadie se quiere hacer cargo de lo que sucedió”. “Somos familias enteras destruidas”, remarcan.

Si bien del avión sanitario ya no hay restos -dado que al momento del impacto este se prendió fuego-, sí es posible acceder a la caja negra del mismo. Es por esto que las críticas de la familia de la enfermera apuntan directamente a la Junta de Seguridad de Transporte Aéreo, la cual, según indicaron a Infobae, es la que debe presentar “el informe final de la caja negra para que se pueda avanzar en el proceso judicial”. Los resultados están desde marzo, pero no hay novedades.

“Tanto la Junta de Seguridad del Transporte Aéreo, como la empresa MD FLY SA- Ader (la empresa dueña del avión Flying América), y el ANAC (organismo encargado de investigar si la empresa está en condiciones de seguir volando) son responsables del destrato que recibimos y que está recibiendo esta causa”, enfatizaron los familiares de Denise, quien había empezado a trabajar en aviones sanitarios tres meses antes de la tragedia.

Y añadieron: “Es indignante, ¡estamos pidiendo justicia por Denise y todos los tripulantes a bordo que fallecieron ese día! ¡Nadie se quiere hacer cargo! Somos familias enteras destruidas; nadie tuvo hasta acá ni un mínimo de compasión”.

El pedido lo reiteran en una campaña de recolección de firmas que llevan adelante a través de la plataforma de Change.org, la cual es titulada “Justicia por Denise” y cuenta con más de 37.000 adhesiones. Además, este sábado la familia realizará una marcha para pedir Justicia por ella en el marco del primer aniversario del hecho.

Denise Torres García, vecina del barrio porteño de Núñez, estaba iniciando un nuevo desafío laboral cuando ocurrió el accidente que terminó con su vida. Enfermera desde el año 2017, había decidido aceptar la propuesta de un colega y cambiar de rumbo dentro de su profesión apenas tres meses antes del choque. Fue entonces que comenzó a incursionar en los traslados de pacientes en aviones sanitarios.

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El caso

Torres García viajaba junto a dos pilotos y un médico (Claudio Daniel Canelo, Héctor Andrés Vittore y Diego Ciolfi) en un vuelo que volvía de trasladar a Tierra del Fuego a un bebé de 5 meses que había estado internado en grave estado en Buenos Aires. Gracias a su labor, el niño logró estar al cuidado de especialistas de la Clínica CEMEP, un centro de salud privado muy conocido de la ciudad riograndense.

De acuerdo a su hoja de ruta, el avión había iniciado el vuelo en la localidad bonaerense de San Fernando, despegando a las 8.45 de la mañana del viernes. Luego hizo una parada en la ciudad de Comodoro Rivadavia para cargar combustible antes de arribar a Río Grande.

Pero en el despegue de regreso sufrió inconvenientes y no pudo realizar la maniobra con éxito. La caída de la aeronave se produjo en la pista de la Base Naval, lindante con la de Río Grande. Los cuatro tripulantes a bordo perdieron la vida en el accidente.

La aeronave era parte de la división Fliyng Med dedicada a vuelos sanitarios, un Lear 35A LV-BPA. Las causas del accidente son materia de investigación y en el lugar del hecho trabajó el fiscal Marcelo Rapaport, titular de la Fiscalía Federal de Río Grande. La investigación quedó en manos del Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande, a cargo de Mariel Borruto.

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