La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó este jueves 15 de junio la modificación de la ley de contrataciones y compras del Estado, añadiendo una preferencia para aquellas empresas que contraten en sus nóminas mujeres, personas con discapacidad, mayores o personas jurídicas que hayan obtenido certificados que respondan a criterios sociales.
Con el voto de 47 diputados porteños y 9 abstenciones, de un total de 60 bancas, los legisladores sancionaron la modificación de la ley 2.095, norma que regula los procesos de compra de bienes y contratación de servicios que realiza el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Según las argumentaciones que se escucharon en el recinto durante la sesión en la que se modificó dicha ley, el objetivo es orientar el presupuesto del Estado para que equilibre lo que el mercado por sí mismo no logra saldar, que es un criterio de justicia. Es una Ley contra las desigualdades sociales que existen en el mercado laboral y empresarial, utilizando a la contratación pública como un vehículo para avanzar en la igualdad social, priorizando a los proveedores que cumplen con criterios de sustentabilidad social, señalaron, entre otros argumentos, los diputados porteños que apoyaron la norma.
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Su impulsor fue el diputado del bloque Vamos Juntos, Diego García Vila, quien explicó: “La contratación pública es mucho más que la adquisición de bienes y servicios por parte de los gobiernos para cumplir sus fines estatales, es un instrumento para que los gobiernos de los países desarrollados y en desarrollo utilicen su poder de contratación con el fin de promover los derechos de las minorías y reducir la discriminación”. En efecto, los presupuestos de las distintas reparticiones del Estado tienen una incidencia significativa en el funcionamiento de la economía.
La modificación en el método que usa el gobierno porteño para contratar servicios y comprar bienes adquirió consenso a lo largo del tratamiento legislativo. En efecto, la oposición, nucleada en el bloque del Frente de Todos, acompañó la medida, aunque marcando diferencias. De hecho, el diputado Juan Manuel Valdés, referente de esta bancada, había impulsado un proyecto con similares características, y terminó plegándose al texto aprobado.
No obstante, reclamó en el recinto que la ley se amplíe y que se profundicen los controles en todo el proceso de contratación pública.
El proyecto aprobado contó con el seguimiento técnico del Observatorio de Discapacidad del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, conducido por la consejera Genoveva Ferrero.
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A la hora de realizar una contratación, según la modificación de la ley, deberán contemplarse políticas de género, de inclusión, desde una perspectiva que favorezca a personas mayores y con discapacidad. El eje conceptual que sobrevoló la sesión fue el de utilizar a la contratación púbica en la Ciudad de Buenos Aires como herramienta para promover los derechos de las minorías.
Finalmente y a modo de balance, los legisladores destacaron que esta norma pone a la Ciudad de Buenos Aires a la vanguardia, convirtiéndola en pionera en la región en el desarrollo de estas políticas públicas, que a nivel internacional instrumentan países como el Reino Unido, Canadá, EE.UU., Malasia y Sudáfrica.
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