El Gobierno podrá suspender a las empresas de colectivo que hagan paro y darle el recorrido a otras líneas

Luego de varios conflictos por la entrega de subsidios, entre otros temas en discusión, el Gobierno decidió que a partir de ahora le podrá suspender la licencia a las empresas de colectivo que realicen paros y darle, de forma temporal, el recorrido de las líneas afectadas a otras compañías para garantizar la continuidad del servicio.

Esta iniciativa fue muy mal recibida por parte de algunas de las cámaras del sector, que consideran que esto solamente beneficia a una de las principales firmas operarias, que podría así acaparar más mercado, mientras que las autoridades nacionales aseguran que lo que se busca es que los usuarios no se vean perjudicados cuando se producen los denominados lock outs patronales.

De hecho, la medida, que fue informada a través de la Resolución Conjunta 2/2023, de las Secretarías de Gestión de Transporte y de Articulación Interjurisdiccional, ambas del Ministerio de Transporte, establece que esta suerte de sanción solo será aplicable cuando la protesta sea llevada adelante por las empresas y no por los trabajadores, como podría ser un reclamo sindical.

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De acuerdo con el texto, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno podrá autorizar “con carácter de excepción, a título precario y provisorio”, a las firmas de colectivo que estén registradas en la base de datos nacional a prestar “servicios de emergencia, alternativos” a los que realizan habitualmente, “mientras dure la medida de suspensión” contra los titulares de las líneas que están a cargo de los recorridos afectados por el eventual paro.

Al respecto, las autoridades remarcaron que las compañías que quieran “voluntariamente” operar esos trayectos “se encontrarán habilitadas exclusivamente para realizar dichos servicios durante el período que dure la medida de suspensión” de las que lo hacían originalmente.

“Las autorizaciones poseerán carácter transitorio y operarán por el tiempo que persista la suspensión de los referidos servicios. Finalizado dicho período, las autorizaciones caducarán de pleno derecho y cada empresa volverá a asignar su parque móvil a los servicios de los que el mismo fue detraído”, precisó el Gobierno.

Para solicitar ese permiso temporal, las firmas interesadas “deberán presentar una oferta de vehículos ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte” y “garantizar” que los recorridos que ya están realizando con sus líneas “continúen siendo atendidos, por lo menos, con el parque móvil mínimo”.

La asignación de los vehículos de una o más compañías para cubrir los servicios suspendidos por medida de fuerza se determinarán según la capacidad operaria de cada una de ellas, por lo que se priorizará a las que cuenten con “mayor cantidad de unidades” disponibles y que tengan cuadros tarifarios similares, es decir, que los precios del boleto que estén cargados en los aparatos de la SUBE sean parecidos a los valores del nuevo trayecto a cubrir.

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Es por este motivo que algunas de las cámaras del sector sostienen que la medida solamente es para beneficiar al grupo DOTA, ya que sería el único con la cantidad de colectivos habilitados como para hacerse cargo de los servicios interrumpidos por otras empresas.

Además, remarcaron que la decisión se tomó de manera unilateral y que no fueron ni consultadas ni informadas con anterioridad de lo que se iba a hacer, por lo que recién se enteraron de la iniciativa cuando fue publicada en el Boletín Oficial.

En el último tiempo, varias empresas de transporte urbano del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) realizaron sucesivos paros, que en algunas ocasiones fueron por la noche y en otros casos, durante algunas horas en la tarde, en reclamo de que el Gobierno pague los subsidios adeudados y actualice el monto de los mismos ante el incremento en los costos, generado por la inflación.

A mediados de abril, el Ministerio de Transporte se comprometió a saldar la deuda existente en el corto plazo, pero no presentó un cronograma de pago concreto, por lo que las cámaras advirtieron que el conflicto seguía.

“Nosotros estamos tratando de ser lo más comprensivos posible, pero estamos representando a mucha gente. Entonces, yo tampoco me puedo tomar la licencia de hablar por todo el mundo. Nosotros vamos a llevar esta propuesta a nuestros afiliados y esperemos que con esto podamos seguir dando la frecuencia normal de servicios. Normal del todo no va a ser, pero por lo menos dar el mayor esfuerzo”, explicó Mario Vacca, presidente de CETUBA, al salir de una reunión con los representantes del Gobierno que puso fin al último cese de actividades que se registró hasta el momento.

Paralelamente, el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires amenazó recientemente con quitarle la concesión a la compañía Metropol, que maneja 23 líneas de colectivo del AMBA, debido a que mantenía desde hacía días una medida de fuerza en reclamo de que se cumpla con un fallo judicial que la beneficiaría, aunque ambas partes llegaron a un acuerdo y se frenó el proceso para sacarle la licencia.

La Resolución de este martes indica que, de ahora en más, “en caso de producirse medidas de fuerza de cualquier índole y especie que en el futuro” que afecte a los usuarios, “bastará la comunicación de la Secretaría de Gestión de Transporte al Ministerio de Seguridad y a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), para habilitar nuevamente las autorizaciones a título precario y provisorio”.

Asimismo, en este caso se publicará en la página web de la CNRT y en las terminales de ómnibus que correspondan, el cronograma con los nuevos recorridos temporales de las empresas, para que el pasajero sepa qué línea debe tomarse para hacer su viaje habitual.

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