
(Desde Washington)
Los organismos multilaterales descartan crear programas especiales de ayuda para los países de medianos ingresos que sufren crisis económicas causadas por situaciones exógenas, pese al reclamo que Argentina, Chile, Colombia y Bolivia, entre otros países, han presentado en foros regionales y globales como la Cumbre Iberoamericana, el G20 y la Cumbre de las Américas.
La pandemia del COVID-19, la invasión de Rusia a Ucrania y el cambio climático son situaciones inesperadas que afectan la economía mundial. En estos casos, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fijaron recursos excepcionales que llegaron directamente a los países pobres o que se distribuyeron por igual a todos los socios sin importar el ingreso per capita de sus ciudadanos.
“Es necesario acrecentar la transparencia de las instituciones financieras internacionales y abogar por un mayor acceso a facilidades crediticias a fin de impulsar el crecimiento y el desarrollo, antes que la especulación”, sostuvo Alberto Fernández en la Cumbre Iberoamericana.
El presidente argentino junto a sus colegas de Chile, Bolivia y Colombia, entre otros, sostiene que el sistema financiero de los organismos multilaterales aplica una política de salvataje social que sólo beneficia a los estados pobres y que excluye deliberadamente a los países de ingresos medios.
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Alberto Fernández, a la par que Gabriel Boric, Luis Arce y Gustavo Petro, sostiene que los organismos multilaterales debería modificar su política de distribución asumiendo que ciertos países que no son pobres en términos estadísticos necesitan -sí o sí- acceder a fondos extras para resolver sus estrangulamientos coyunturales.
La posición de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile y Colombia es relativizada por ciertos funcionarios de peso del FMI, el BID y el Banco Mundial. La argumentación es fácil de presentar: en estos organismos multilaterales se sostiene que los países de ingresos medios tienen recursos per se y que sólo están sufriendo una coyuntura grave que se resolvería con el tiempo.
Desde esa perspectiva técnica, Argentina no tendría razones para recibir ayuda extra. Posee recursos importantes -alimentos, energía, agua y educación- y atraviesa una coyuntura causada por la sequía. “Es cierto que Argentina sufre sequía, pero Uruguay y Paraguay también. Y ellos no están pidiendo nada. Su economía funciona, al margen de las circunstancias temporales”, explicaron a Infobae durante las sesiones de primavera del FMI.

La resistencia a modificar la reglas de distribución de recursos de los organismos multilaterales también se extiende a la negativa del FMI respecto a reducir los sobrecargos que pagan determinados países endeudados. Ucrania y Argentina integran este grupo que, por distintas razones políticas, accedieron a montos extraordinarios concedidos por el Fondo.
En el G20 de Roma y de Bali se sugirió al FMI un recorte de los sobrecargos, y Kristalina Georgieva se comprometió a tratar este complejo asunto en la reunión de directorio. La directora gerente del Fondo cumplió con su palabra, pero los países más poderosos del board -Estados Unidos, Japón, Alemania y Canadá- rechazaron la propuesta una y otra vez.
En el directorio del FMI se explica que los sobrecargos implican una penalidad financiera que se aplica a los países que recibieron créditos por encima de sus aportes como socios, y que además esos recursos se utilizan para pagar la maquinaria burocrática del organismo multilateral creado por los Acuerdos de Bretton Woods en 1944.
Sin reforma al método de distribución de recursos y a los porcentajes de los sobrecargos, países como Argentina buscan otras fuentes de financiamiento multilateral. En este contexto, la participación de Sergio Massa en las sesiones de primavera del FMI tiene ese objetivo estratégico. El ministro de Economía apunta a cerrar nuevos acuerdos crediticios con el BID y el Banco Mundial.
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