
El próximo martes el oficialismo lograría sesionar en la Cámara de Diputados tras varios varios meses de virtual parálisis. Con un temario acotado al extremo (moratoria previsional y digitalización de las historias clínicas), el Frente de Todos pudo convencer a parte de los bloques “del medio” para alcanzar con lo justo el quórum de 129 que le permitirá abrir el debate. En cambio, el diálogo con Juntos por el Cambio sigue roto.
Todo el último año legislativo estuvo marcado por las dificultades para lograr consensos, al punto que apenas hubo una docena de sesiones. Sin embargo, las tensiones políticas entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio escalaron a otro nivel en noviembre pasado en torno al conflicto por las designaciones de representantes para el Consejo de la Magistratura. Finalmente, la decisión de avanzar con el juicio político a la Corte Suprema no hizo más que terminar de dinamitar los puentes.
Este panorama llevó a que fracasaran tres convocatorias a sesiones en diciembre y a que -con suerte- se aprueben solo dos de los 27 proyectos que la Casa Rosada envió para las sesiones extraordinarias (sin participación de JxC).
Desde el interbloque de Juntos por el Cambio, algunos dijeron abiertamente que no darían quórum para ninguna sesión mientras el kirchnerismo insista en atacar al Poder Judicial, sin importar el proyecto. Otros, en cambio, responsabilizaron de la parálisis legislativa al oficialismo, que no consensuó los temas a ser debatidos y nunca incluye propuestas de la oposición.
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Sin embargo, tras más de dos meses de inactividad en el recinto, algunas voces dentro de la bancada de Juntos por el Cambio comenzaron a plantear que no se puede continuar con una postura tan inflexible.
Ante la consulta de Infobae, varios legisladores de diferentes espacios señalaron que el tema todavía no se discutió en el interbloque y que cuando comiencen las sesiones ordinarias (1 de marzo) definirán una posición en conjunto. Las posturas no coinciden exactamente con los bloques, ya que dentro del PRO, la UCR y la CC hay “duros” y “moderados”.

“Muchos somos de la opinión de no tratar nada porque el kirchnerismo sigue con el circo del juicio político a la Corte. Pero algunos creen que hay que tratar algunos temas y otros no”, dijo a Infobae una de las espadas legislativas del PRO.
Por su parte, un miembro de la Coalición Cívica opinó que dependerá mucho “de cómo continúe el trámite en la comisión de Juicio Político y de los temas con los que quiera sesionar el kirchnerismo”. Aunque aclaró que “es probable que siga la postura de no dar quórum”.
“No va a poder seguir siendo tan inflexible y vamos a tener que mirar tema por tema”, reconoció un hombre de Evolución, que también deslizó que podría tener un efecto negativo ante la opinión pública si se traba algún proyecto “de claro beneficio para la ciudadanía”.
Desde el bloque radical señalaron que “hay que reactivar el Congreso”, pero admitieron que “no están dadas las condiciones para alcanzar una sesión acordada”. “Los kirchneristas no la están buscando y por ahora no hay una agenda de temas posibles”, detallaron.

Entre las posturas más firmes se destacó una diputada de la UCR que negó enfáticamente que la oposición esté “paralizando” el Congreso. En ese sentido, explicó que la oposición no está obligada a debatir proyectos con los que no está de acuerdo y que el reglamente justamente permite utilizar el quórum como herramienta política.
“No podemos dar quórum para que hagan un agujero fiscal para los próximos cinco años, que lo va sufrir el próximo gobierno, que lo consigan ellos”, remarcó en relación al proyecto de plan de pago de deuda previsional que se tratará el 28.
Además, recordó que el kirchnerismo tampoco dio quórum entre 2016 y 2019, cuando Cambiemos era gobierno.
Por el momento, el panorama no parece alentador. En la Comisión de Juicio Político el oficialismo hizo valer su mayoría para citar como testigo al fiscal Carlos Stornelli. Busca poner el foco de la investigación en los presuntos chats filtrados entre el vocero del juez Horacio Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad porteño -en uso de licencia- Marcelo D’Alessandro.
La oposición denunció que todo el proceso era nulo porque la comisión se estaba atribuyendo prerrogativas que no le corresponden, como pedir el registro de intercambio de llamadas, y anunció que seguiría participando “solo para garantizar el debido proceso y el respeto de los derechos de los testigos y acusado”. La mayoría de los diputados se retiraron de la comisión y apenas media decena quedó para cumplir un rol de “control”.
Al igual que sucede en todos los años electorales, la actividad del Congreso suele disminuir cuando comienzan las actividades de campaña. Por lo que en los próximos meses a las dificultades para lograr consensos se sumarán las ausencias de los legisladores que volverán a sus provincias para hacer proselitismo.
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