El Frente de Todos aprobó hoy una resolución de admisibilidad en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que deja abierta formalmente la investigación por mal desempeño contra los cuatro miembros de la Corte Suprema.
El oficialismo hizo valer su mayoría (tiene 16 de los 31 miembros) para votar en favor de todas las acusaciones en una misma resolución, algo que era cuestionado por la Coalición Cívica. El espacio referenciado en Elisa Carrió proponía que las acusaciones se voten por separado para así avanzar únicamente con sus denuncias contra Ricardo Lorenzetti.
“Decidieron votar en paquete y me parece una mala decisión por parte del Frente de Todos. Esto nos lleva a todos los diputados que no somos del Frente de Todos a votar en contra, se están perdiendo una oportunidad”, protestó el diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica. López, Paula Oliveto y la propia Elisa Carrió elaboraron un informe propio en el que detallaron las acusaciones contra Lorenzetti.
En una extensa reunión que duró más de tres horas, desde Juntos por el Cambio insistieron en que el oficialismo sólo busca presionar al máximo tribunal y deslegitimar a todo el Poder Judicial. “Este proceso es producto de 16 años de conflicto entre el kirchnerismo y el Poder Judicial y ahora se agudiza porque se conoció una sentencia condenatoria de la Vicepresidenta”, dijo Mario Negri, jefe de la bancada de la UCR.
En la misma línea, López señaló: “Cuidar la democracia es votar en contra de la admisibilidad. Va a sentar un precedente. Los 12 pedidos de juicio político, que no pasan el test de admisibilidad, son una maniobra orquestada de manera muy torpe, rudimentaria y burda. Pretenden juzgar a todos los miembros de la Corte a como dé lugar sobre la base de acusaciones falsas porque lo que les molesta es el contenido de las sentencias”.
En respuesta a Negri, quien chicaneó al oficialismo por no habilitar el debate de los 14 pedidos de juicio político contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el diputado Leopoldo Moreau aseguró que no son situaciones “equiparables”.
“El presidente y la vice se van a someter a una elección este año, ahí se va a juzgar la responsabilidad de los funcionarios políticos. En cambio la Corte no se va a someter a ninguna elección. Para eso está el juicio político”, argumentó. Y agregó que “negarse a abrir la investigación es cerrar los ojos ante un poder corrupto”.
“Las denuncias revelan en forma concurrente numerosas sospechas sobre la falta de independencia respecto del poder político, que afectarían el equilibrio de poderes y el sistema federal. Estos indicios surgen no sólo de la lectura de cada una de las iniciativas sino que se confirman en una lectura de conjunto de las iniciativas, en las que, en hechos distintos se podrían establecer conexiones en la formas, las personas y las consecuencias que desencadenan procederes y decisiones que, de un modo aislado de por sí podrían suponer una causal de mal desempeño de sus funciones, y que sostenidas en el tiempo y en simultáneo con otras acciones operan con mayor relevancia institucional”, señala el informe realizado por la comisión.
En la Comisión hay 14 expedientes contra los cuatro integrantes del máximo tribunal que, en total, suman alrededor de 60 denuncias contra cada uno de los jueces. Desde el oficialismo remarcaron que abrir la investigación no implica confirmar las denuncias sino simplemente permitir que se inicie la etapa de recolección de pruebas.
El Gobierno promueve el juicio político contra los cuatro jueces con el impulso del presidente Alberto Fernández y mandatarios provinciales, quienes advierten que Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti incurrieron en un mal desempeño en el ejercicio de su labor al frente del máximo tribunal.
Las acusaciones del Ejecutivo se fundan principalmente en el fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el litigio que mantiene con Nación por los fondos coparticipables, y también por reponer después de 16 años la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de 20 miembros, y que había sido derogada por el Congreso.
También se cuestiona al máximo tribunal el haber legitimado en 2017 el cómputo del “2x1″ para que Luis Muiña, un represor de la última dictadura cívico-militar, accediera al beneficio de la libertad condicional. Por otro lado, también se investigarían presuntas irregularidades y desmanejos en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), que es administrada por la propia Corte.
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