Organizaciones sociales oficialistas, como el Movimiento Evita; sindicales, entre los que destacan representantes de la CGT y la CTA; y de derechos humanos y de pueblos originarios, lanzarán hoy la CELAC Social en el marco de la VII Cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe que este año tiene sede en Buenos Aires. Los dirigentes ya consensuaron una declaración, a la que accedió Infobae. Entre los principales puntos se destacan “la institucionalización de espacios permanentes de diálogo de los gobiernos con las organizaciones y movimientos sociales”; el “procesos de democratización de los poderes judiciales en América Latina y el Caribe, que se encuentran cooptados por intereses internacionales y locales que no corresponden con los de nuestros pueblos”; y la “liberación de la dirigenta argentina Milagro Sala”.
El 15 de diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia desestimó el recurso de la defensa de la líder de la Tupac Amaru y dejó firme la condena a 13 años de cárcel que había sido impuesta a la dirigente social jujeña en el marco de la causa “Pibes Villeros”, donde se la acusó por asociación ilícita y defraudación al Estado.
Además, entre sus treinta y tres puntos se exige “que la CELAC sostenga un posicionamiento firme en relación con la finalización de la guerra en Ucrania” y se reafirman “los legítimos derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y el Sector Antártico Argentino”.
A través de un comunicado, los dirigentes sociales y sindicales destacaron que la CELAC Social nació “con la convicción de dar un marco institucional a la integración regional de los pueblos” y se destaca que el objetivo es “avanzar hacia la conformación de espacios permanentes de diálogo entre organizaciones sociales y los gobiernos”.
El documento consensuado destaca algunos reclamos que son propios del gobierno de Alberto Fernández y que han tomado como bandera los movimientos sociales oficialistas agrupados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), como la reforma a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De hecho, en uno de sus puntos se demanda “la promoción, por parte de los gobiernos de la CELAC, de procesos de democratización de los poderes judiciales en América Latina y el Caribe, que se encuentran cooptados por intereses internacionales y locales que no corresponden con los de nuestros pueblos, para así dar fin al disciplinamiento social, la criminalización de la pobreza, la juventud y la protesta, así como a la persecución político-judicial o guerra jurídica contra los y las líderes populares”.
En este mismo punto, el más extenso de todos, los integrantes de la CELAC Social sostienen: “Demandamos la liberación de todos los presos políticos y todas las presas políticas en la región, sin cuya liberación no hay democracia. Exigimos la liberación de la dirigenta argentina Milagro Sala”.
Otra de las demandas dirigida a los líderes de Estado es la “creación de un ámbito para la elaboración de estrategias comunicacionales conjuntas, que no sólo permitan formular políticas y desarrollar actividades frente a las noticias falsas (fake news), y las propias acciones de las grandes corporaciones de medios con un claro sentido de dominación, sino que también refleje y exprese el bagaje cultural latinoamericano, las experiencias organizativas, las luchas populares, las historias de resistencia, la vida cotidiana de los pueblos”.
Como ya lo han demandado en otras oportunidades, los dirigentes sociales y sindicales solicitan “a los gobiernos de la CELAC iniciar acciones coordinadas para desmantelar las bases militares instaladas por Estados Unidos en América Latina en el año en que se cumplen 200 años de la Doctrina Monroe” y afirman: “Condenamos fuertemente lo que ella implica y cualquier tipo de injerencia en nuestra región por parte de Estados Unidos”.
La CELAC Social también se mostró en contra “de la extranjerización de la tierra en nuestra región, un flagelo que se ve agravado por la actual disputa hegemónica global”.
En ese sentido, los dirigentes sociales advirtieron “sobre la gravedad y el riesgo generado con los procesos de extranjerización de tierras y espacios marítimos y fluviales en beneficio de empresas estatales, privadas o individuos ajenos a nuestra región”.
La declaración se hará pública mañana a través de una movilización que a partir del mediodía se realizará en Cerrito y Avenida Santa Fe para marchar hacia el Hotel Sheraton en simultáneo a la realización de la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado.
El objetivo de la marcha será simbolizar y concretar la entrega de la Declaración redactada por las organizaciones.
El documento también condena “los golpes de Estado que han tenido lugar en la región” y destaca el “recientemente perpetrado en Perú y los intentos de magnicidio de la ex presidenta y actual vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y de la actual vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez”.
En otro de los ítems salientes se sostiene uno de los reclamos que con insistencia realiza Juan Grabois, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos y del Frente Patria Grande: “La generación de trabajo digno y productivo, la reducción de las desigualdades, el establecimiento de salarios mínimos vitales y su elevación progresiva”.
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