La Corporación de Abogados Católicos (AICA) manifestó su rechazo al intento de juicio político que el Frente de Todos impulsa contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
A través de un comunicado, la organización expresó su preocupación, afirmó que la maniobra “atenta contra instituciones básicas” para el funcionamiento del país y advirtió que la medida tiene el objetivo de “condicionar futuros pronunciamientos”.
“El juicio político que se intenta realizar a la totalidad de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la exclusiva finalidad de avasallar al Poder Judicial, dada la manifiesta ilegitimidad de la causal que lo motiva, consistente en el contenido de sentencias dictadas por el tribunal en causas en las que la Constitución Nacional le atribuye indudable jurisdicción para su conocimiento y decisión, y que fueron precedidas de un procedimiento regular por el que se garantizó a las partes el debido proceso y el derecho de defensa en juicio”, manifestaron desde la agencia de noticias que funciona desde 1956.
En este marco, la corporación consideró que el proceso impulsado por el Gobierno de Alberto Fernández contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, constituye “un propósito destituyente, concomitante con la búsqueda de mecanismos espurios para incumplir los fallos” y que “atenta contra instituciones básicas para el funcionamiento de la República, como la división de poderes y el respeto irrestricto de las resoluciones judiciales”.
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Además, la entidad que nuclea a los abogados católicos también apuntó contra el Poder Legislativo por su “conducta facciosa y funcional a los lineamientos de quien ostenta el Poder Ejecutivo Nacional”.
En el mismo sentido, aseguró que esta actitud quedó evidenciada en “la intención de hostigar y amedrentar a los jueces, con el objetivo de condicionar futuros pronunciamientos, abusando de su condición de mayoría en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, a través del indebido inicio de una investigación sobre los magistrados sin el previo tratamiento y en clara violación a lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Nacional, dado que corresponde al cuerpo en pleno, por mayoría de dos tercios, disponer no solo la eventual acusación posterior, sino también el inicio mismo del procedimiento”.
“En consecuencia, los actos que se desarrollen sin cumplir este requisito deben ser calificados de verdaderas vías de hecho contra un poder legítimo del Estado, afectados de nulidad insanable de conformidad a la doctrina de los artículos 29, 33 y 36 de la Constitución Nacional”, concluyó el comunicado de AICA.
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