El arranque del año electoral ya proyecta una enorme tensión institucional y mucho barro político

Alberto Fernández anotó en apenas una semana -la primera del año electoral- una sucesión monotemática de gestos que perfilan creciente riesgo institucional, mucho barro político y, una vez más, gestos ruidosos pero de escaso efecto para recuperar la consideración de Cristina Fernández de Kirchner en la interna. Inauguró enero con el anuncio de pedido de juicio político a la Corte Suprema, siguió con intentos hasta ahora limitados para lograr aval de gobernadores y anunció que este será el tema número uno de la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, paralizado de hecho.

La intención más clara, en lo inmediato, es convertir a Diputados en un enorme y vistoso escenario para la ofensiva en el terreno judicial. La movida cuenta con número para avanzar en comisión y asoma con nulas o muy lejanas chances de progresar en el recinto. Eso, en cuanto al trámite legislativo. El problema es el panorama oscuro para sancionar la medida docena de proyectos que anticipan desde el oficialismo, con eje en la economía.

Y surge entonces un enorme interrogante. ¿La batalla contra la Corte -como mensaje más amplio a la Justicia- es el sello profundo del oficialismo para el las elecciones, la marca de su perfil y candidaturas? Por lo pronto, corre el foco de los números que de manera persistente busca exhibir el ministerio a cargo de Sergio Massa, en la lógica de contener la inflación y tranquilizar los mercados. No sería esta la mejor señal en ese esquema, pero desde el propio frente oficialista se trató de destacar que los legisladores massistas acompañan la escalada contra la Corte.

La sectarización del discurso y el accionar que exhibe Alberto Fernández nada tiene que ver con el modelo armado en el 2019 como carta de triunfo electoral. Arrastra un grave desgaste, aunque su imaginario registra el sueño reeleccionista. CFK rechaza cualquier plan de esa naturaleza y desde el kirchnerismo duro dejan correr comentarios corrosivos sobre Olivos. Le enrostran al Presidente no haber ido a fondo en su mejor momento, cuando la especulación sobre la imagen moderada parecía imponerse en medio de la angustia inicial por el coronavirus.

Esta disputa escala, además, en un contexto político de degradación y sin señales de freno. “Estamos en zona de combate, de operaciones de chats y espías”, resume un experimentado legislador de la oposición. Refiere a los últimos episodios utilizados como marco para impulsar el juicio político a Horacio Rosatti y, en segunda línea, a Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Los chats en cuestión, que empujaron el pedido de licencia del ministro porteño Marcelo D’Alessandro, constituyen un hecho político grave en cualquier caso: por su origen ilegal y si son ciertos los mensajes o están adulterados.

En medio de tales sombras, la sucesión cronológica del oficialismo en la primera semana del año es de alto impacto. Arrancó con el Presidente anunciando la motorización del enjuiciamiento a los integrantes del máximo escalón del Poder Judicial y cierra con el Presidente en Chapadmalal tratando sumarle masa política a su jugada. En el medio, el Gobierno confirmó que formalizará el llamado a extraordinarias en el Congreso y que el primer punto del temario será la Corte. Y entre tanto, se sucedieron gestiones para mejorar el listado de avales de jefes provinciales, que hasta ahora son once. Las bajas en el propio peronismo y el paso al costado de partidos provinciales lastimaron la presentación inicial.

El Congreso, entonces, quedará en el centro de la disputa del Ejecutivo -y el oficialismo en general- con la cabeza de la Justicia. Es una carga que también apunta con descalificaciones a jueces o Cámaras que tienen en sus manos causas que afectan al Gobierno y, sobre todo, que inquietan a CFK. Se destacan en el corto plazo la decisión de la Corte sobre el reclamo porteño por el recorte de coparticipación -en febrero, por lo pronto, y después acerca de la cuestión de fondo-, la difusión de los fundamentos de la condena a la ex presidente en la causa Vialidad y la resolución de Casación en el caso Hotesur. No es poco.

El oficialismo dispuso concentrar el fuego en Diputados. Trabajó de entrada para alinear sin fisuras a los integrantes propios de la Comisión de Juicio Político. Suman 16: mayoría. Juntos por el Cambio anota 14 y uno corresponde al interbloque de peronistas desalineados y socialistas, que ya adelantaron su rechazo. En cambio, nada indica que el frente de Todos pueda sumar para llegar a los dos tercios de los diputados en el recinto para avanzar con la acusación.

Dicho de otra forma: puede mantener el foco político en la comisión. Y esa es la decisión que se deja trascender. Estirar, tal vez por dos meses, este proceso, con posibilidades de explotar al máximo citaciones y otras medidas. El barro puede ser total, según la decisión que tome la oposición, en principio con intenciones de hacer equilibrio entre ese temario de tensión institucional y la “realidad social”, pero todo atado al correr de los días. Difícilmente quede ajena a la previsible trepada con cruces de acusaciones y disputa por el manejo del impacto mediático.

En principio, JxC hizo circular la posibilidad de reclamar que el temario de la Comisión sea ampliado con los pedidos de juicio al Presidente, a CFK y a otros funcionarios. Desde el bloque oficialista, se deja trascender que lo rechazarán de plano argumentando que no corresponde apartarse del pedido hecho por el Poder Ejecutivo, con su papel excluyente en la confección del listado de proyectos a tratar en extraordinarias. Del otro lado, anticipan que sí pueden hacerlo porque los pedidos de juicio político no son proyectos sino parte de las atribuciones propias de la Cámara.

Es apenas un indicio. Por lo pronto, asoma muy difícil sino imposible el tratamiento de varias iniciativas que reclama Economía, en primer lugar un nuevo blanqueo. Nada puede hacerse en ese terreno por Decreto de Necesidad y Urgencia. Parálisis, no sólo barro. Así arranca el año.

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