El Gobierno analiza las vías jurídicas para conseguir el asilo político de la ex ministra de Correa condenada por corrupción

Después de la negativa del gobierno de Ecuador para conceder el salvoconducto a la ex ministra María de los Ángeles Duarte Pesantes -condenada a 8 años de prisión por hechos de corrupción- que permitiría darle el asilo político en Argentina, el Gobierno analiza diferentes vías jurídicas para torcer esa decisión.

En la Cancillería, que conduce Santiago Cafiero, descartan por el momento acudir a la mediación de terceros países, como podría ser a través de Colombia o México. Los especialistas de la Consejería Legal del Palacio San Martín estudian en detalle qué responderán a los argumentos ecuatorianos.

“Tras hacer un análisis jurídico del tema, el Gobierno de Ecuador concluye que, según el artículo III de la Convención de Caracas de 1954 -del que ambos países son parte- no es lícito conceder asilo a una persona condenada por corrupción”, expresó la cartera que lidera el canciller Juan Carlos Holguín en un comunicado que se difundió en la tarde del martes 13 luego de dos reuniones con el embajador argentino en Quito, Gabriel Fuks.

De ese modo Ecuador respondió a una carta que Cafiero le había enviado el día anterior pidiendo que en 48 horas se resolviese el tema.

Antes, el gobierno argentino había mantenido una reunión de trabajo la semana pasada con la Secretaria Ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, que se realizó en Washington y de la que participaron la jefa de gabinete de la Cancillería, Luciana Tito; el consejero legal Holger Federico Martinsen y el embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi. Allí se dieron a conocer los fundamentos y la preocupación por el deterioro psíquico debido a la prolongación de la grave situación de Duarte Pesantes y su hijo de 11 años –de padre argentino- que permanecen hace más de dos años en la residencia argentina en Quito.

Según fuentes de la Cancillería argentina, se decidió “en ejercicio del derecho que le otorga la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conceder el asilo diplomático solicitado a Duarte Pesantes, quien permanece desde el 12 de agosto de 2020 alojada en la Residencia Oficial Argentina en Quito en carácter de huésped por razones humanitarias”. Entre las razones esgrimidas figuran que “las normas internacionales aplicables y razones humanitarias exigen poner fin a la situación de encierro en que se encuentra la persona asilada”.

Señalan, además que hubo “violación de las garantías judiciales esenciales en la tramitación de un proceso judicial respecto del cual el Relator Especial de la ONU, sobre la independencia de los magistrados y abogados, ha expresado su preocupación vinculada a vulneraciones al debido proceso y a otras garantías judiciales”.

Cafiero y su entorno saben claramente cuál es la posición ecuatoriana. El presidente de ese país, Guillermo Lasso, ya dejó en claro que no está dispuesto a otorgar el asilo para Duarte Pesantes porque considera que debe cumplir con su pena por cohecho agravado. Que es una delincuente común que busca fugar de la justicia de su país apelando a un tratado internacional que no la protegería por los hechos de corrupción cometidos.

Si otorgase el salvoconducto para que la acusada abandone su país y se traslade a Buenos Aires, debería asumir un alto costo político interno y otorgarle el mismo beneficio al expresidente Rafael Correa, condenado en la misma causa y asilado en Bélgica.

A la ex ministra se le probó su participación directa en el caso Sobornos 2012-2016. Esta investigación judicial reveló una trama de financiamiento irregular del movimiento Alianza País, la coalición política que encabezó Correa y que tuvo como una de sus principales protagonistas a la entonces titular de la cartera de Transporte y Obras Públicas.

Una asesora de Correa -llamada Pamela Martínez- llevaba un cuaderno de contabilidad que registraba los aportes ilegales de empresas privadas al aparato político del ex presidente. Entre esas compañías se encontraba la constructora brasileña Odebrecht, que enfrentó casos de corrupción en toda América Latina.

La sentencia por este caso de corrupción política se conoció el 7 de abril de 2020. El Tribunal de la Corte Nacional de Ecuador sentenció a “8 años de pena privativa de libertad a dieciocho procesados, entre ellos, Rafael Correa y Jorge Glas, expresidente y exvicepresidente de la República, respectivamente; Alexis Mera, exasesor jurídico de la Presidencia; los exministros de Estado, María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y Walter Solís; la excandidata a la Alcaldía de Guayaquil, Viviana Bonilla y el exasambleísta Christian Viteri”.

El embajador Fuks, quien estuvo reunido el martes con el vicecanciller ecuatoriano Luis Vayas para aclarar los términos de la carta que había enviado Cafiero, este miércoles compartió con Lasso y con Holguín la XV Cumbre Empresarial entre Latinoamérica y el Caribe con empresarios chinos que se efectuó en Guayaquil. Hubo saludos cordiales entre Fuks y Holguín en un encuentro en el que se avanzó en un Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y la nación asiática, con la presencia de numerosos representantes diplomáticos latinoamericanos.

“Esto no es una novela que todos los días tiene un capítulo. Las cartas están tiradas, pero por unos días no habrá novedades hasta que se vea la respuesta jurídica”, deslizó un funcionario cercano a la embajada argentina en Quito. Esa misma fuente le contó a Infobae que “las relaciones entre ambos países siguen siendo normales”.

Desde Ecuador afirman que el malestar con la cartera que conduce Cafiero comenzó a principios de este año. Fue después de una reunión entre funcionarios del Palacio San Martín y el embajador ecuatoriano en Buenos Aires, Xabier Monge Yoder, donde le pidieron un “indulto” para Duarte Pesantes, de un modo bastante agresivo. Lo sintieron como una presión innecesaria que contribuyó a deteriorar el vínculo diplomático.

Seguir leyendo: