El diputado del PRO Álvaro González presentó este lunes un amparo ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal para que se concrete la jura como uno de los cuatro integrantes de la Cámara baja ante el Consejo de la Magistratura.
El Consejo de la Magistratura tiene 20 miembros pero por el momento solo hay 12. Además del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti juraron los representantes de los jueces, los abogados, los académicos y el del Poder Ejecutivo. Restan los ocho legisladores, que ya están designados pero todavía no juraron.
La Corte había dispuesto que juren los cuatro diputados (los del Frente de Todos Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade; el del PRO Álvaro González; y la radical Roxana Reyes) sin una fecha concreta, pero el lunes pasado el juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick dictó un fallo en el que objetó la designación de Reyes.
Fue a instancia de una presentación del titular del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez. El magistrado dijo que en base al fallo de la Corte Suprema sobre Martín Doñate también Diputados viola la representación de la segunda minoría. Explicó que si bien el PRO y la UCR son dos bloques distintos forman parte de la misma alianza política de Juntos por el Cambio y fueron a elecciones en la misma boleta.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, apeló el fallo para que sea revisado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, pero al mismo tiempo remitió una nueva resolución dejando sin efecto la anterior.
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En la presentación judicial, González consideró esa resolución como “manifiestamente nula, toda vez que ha sido dictada sin competencia, en violación a derechos subjetivos adquiridos, e incumpliendo la casi totalidad de los requisitos esenciales”.
El amparo presentado ante el fuero Contencioso Administrativo, con el aval del bloque de Diputados de Juntos por el Cambio, pide que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución de Moreau que tiene, según el diputado del PRO “el objetivo de obstruir o impedir que se me reciba el juramento de Ley y por lo tanto me he visto en la obligación de accionar judicialmente, a fin de no consentirla”.
“La demora en la integración plena del Consejo de la Magistratura es de una notoria gravedad institucional, ya que la eventual parálisis de ese órgano de la Constitución conllevaría un perjuicio irreparable, porque se entorpece la eficaz prestación de los servicios estatales, se obtura el funcionamiento del sistema institucional sobre el que reposa el Estado de Derecho, y se deja al desamparo a una sociedad que queda inerme frente a la violación de sus derechos fundamentales”, sostuvo el diputado.
La integración del Consejo también fue judicializada por los representantes del Senado. La semana pasada, la jueza María Alejandra Biotti rechazó un pedido del senador del PRO Luis Juez para que se anule la designación de su colega del kirchnerismo Martín Doñate. “Lo expuesto permite descartar la supuesta inminencia en la toma de posesión de sus cargos por los representantes del Senado, lo que determina la improcedencia de la tutela cautelar pretendida”, señaló. Y agregó que “aún más relevante, no puede obviarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra estudiando la situación”.
En tanto, la Corte tiene que resolver si le toma juramento o no a Doñate y a los otros tres representantes del Senado, Mariano Recalde y María Pilatti Vergara y el radical Eduardo Vischi. Los nombramientos de los cuatro senadores fueron aprobados por el pleno de la cámara en una sesión a la que la oposición no concurrió.
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