Los afiches aparecieron en distintas avenidas de la Ciudad en la madrugada del 28 de marzo. Acusaban a la vicepresidenta de “asesina” y de ser “culpable de 35.000 muertes”. Rápidamente, el presidente Alberto Fernández salió a condenar el “escrache” en sus redes sociales y se abrieron tres causas judiciales. Aunque pasaron más de siete meses, todavía no se pudo determinar quién fue el autor ideológico.
La investigación está paralizada hace más de un mes por un conflicto de competencia. A fines de agosto, el juez Manuel De Campos, que había avanzado sobre la pista de una “jubilada” de Recoleta, se declaró incompetente y le mandó la causa al juez Sebastián Casanello, que ya había opinado que no era materia de la justicia federal, por lo que intervino la Cámara Criminal y Correccional.
Este martes, ese tribunal sostuvo que el “escrache” debe quedar a cargo de Casanello. “De las constancias reunidas, es posible inferir que la maniobra investigada se halla vinculada a una persona que encomendó la colocación de afiches con el objeto de conmocionar e influir en la opinión pública y a la sociedad en general, con relación a la autoridad mencionada, de modo que no existen hesitaciones en torno a que la finalidad de la conducta descripta era la de atentar contra la señora Vicepresidenta y su función en el Gobierno Nacional”, sostuvo el camarista Mariano Scotto.
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Hasta ahora, el hecho se investigaba como una intimidación pública, de la cual la vicepresidenta no era una víctima directa. Sin embargo, la Cámara equiparó el caso de los afiches a una amenaza de bomba en el domicilio de Cristina Kirchner. En ese expediente, el procurador interino Eduardo Casal dictaminó que debía investigarse en Comodoro Py.
Al hablar de “atentado”, la Cámara dejó la puerta abierta a una posible unificación con otros expedientes como el que investiga la jueza María Eugenia Capuchetti contra “la banda de los copitos” o el que está a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi por el financiamiento a la agrupación Revolución Federal.
La causa de los afiches, iniciada a partir de una denuncia de Enrique “Pepe” Albistur, el publicista amigo de Alberto Fernández, había tenido escasos avances. Nunca se peritó el teléfono y la computadora aportada por Lilian Melhem (61), la mujer de Recoleta acusada de haber pagado los afiches. Tampoco se pidió información sobre el mail que utilizaba la misteriosa mujer que llamaba a la imprenta “Vía Graphic”.
En otro expediente paralelo, a cargo del fiscal porteño Mauro Tereszko, se comprobó que los llamados entre la mujer y un empleado de la imprenta empezaron el 4 de marzo, 24 días antes de la pegatina. “Dice que es un partido político y es medio picante lo que quiere”, dijo un directivo de la imprenta al momento de encargar el trabajo en un chat interno.
A partir de ese momento, comenzó una negociación por el valor y la cantidad de afiches. Finalmente se encargaron 2000 afiches y se pegaron más de $500 mil. Parte de ese dinero fue llevado hasta la imprenta por un remisero, que terminó identificando a la mujer de Recoleta. Sin embargo, los investigadores no lograron reunir pruebas firmes contra Melhem.
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¿Cuál sería su motivación para escrachar a Cristina Kirchner? En la causa solo hay unas publicaciones en las redes sociales donde lamentaba la muerte de su padres por COVID-19.
Melhem dijo ser “jubilada”, aunque sigue trabajando como monotributista. Según su sitio web, actualmente se dedica a organizar eventos, asesoramiento de imagen, asistencia ejecutiva y hasta traducción de inglés a castellano. También es profesora de Raja y Hatha Yoga y de otras terapias alternativas.
Aunque los llamados a la imprenta provenían de un número desconocido, la empresa Telecom reveló que se hicieron desde un teléfono fijo registrado en la avenida Alvear al 1600, a pocas cuadras del domicilio de la vicepresidenta. Melhem no vivía en ese domicilio. Además, su voz tampoco coincide con los mensajes de audio que aportó el empleado de la imprenta.
Cuando la investigación judicial comenzaba a estancarse, la vicepresidenta se presentó a través del abogado Gregorio Dalbón y fue aceptada como querellante. Ese mismo abogado también representa a la vice en otra causa contra Claudio Hertz, un manifestante que amenazó a Cristina Kirchner en el Instituto Patria y fue procesado por el juez Daniel Rafecas.
La vicepresidenta sospecha que detrás de los carteles estuvo la oposición. Otros sostienen que fue una operación política para profundizar más las diferencias que había en ese momento entre Cristina y el presidente Alberto Fernández.
La Cámara del Crimen solo se expidió sobre la competencia. “Los sucesos pesquisados se vinculan con el entorpecimiento del ejercicio de la función de la querellante”, dice el fallo al que tuvo acceso Infobae.
Casanello ahora deberá analizar las pruebas reunidas en estos meses para definir una nueva línea de investigación.
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