Sabina Basile, integrante de Revolución Federal y detenida por la causa que investiga a la agrupación, rechazó este viernes en indagatoria haber buscado desestabilizar al Gobierno y aseguró que solo ejerció su derecho a opinar. Es más: afirmó que sus críticas no solo eran contra dirigentes del oficialismo sino contra “todo el arco político”.
Basile le pidió al juez la libertad: detalló que sus hermanos tienen hijos y que ella es la única que está al cuidado de su padre, el ex director de la Selección Nacional Alfio “Coco” Basile, indicaron a Infobae fuentes de la causa.
Basile fue la primera en declarar. Luego está previsto que indaguen a Jonathan Morel, el referente más visible de la agrupación, y a Leonardo Sosa y Gastón Guerra. Todos quedaron presos desde ayer, jueves, por orden de Martínez de Giorgi. Basile fue la última en ser arrestada. Es que cuando fueron a su casa no la encontraron y la mujer se enteró por los medios de comunicación que la estaban buscando. Se presentó voluntariamente en Comodoro Py 2002 junto a su abogado, Martín Sarubi.
El fiscal Gerardo Pollicita los imputó por incitación a la violencia colectiva. Según planteó, las pruebas permiten tener “por corroborada la actividad desplegada por Jonathan Morel y Leonardo Sosa, quienes organizaron una agrupación de la que luego tomaron parte Gastón Guerra y Sabrina Basile —entre otras personas aún no identificadas—, y desde la cual llevaron a cabo un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor”.
Puntualmente, el Ministerio Público sostuvo que “se pudo corroborar que, a través de la agrupación Revolución Federal, en el período reseñado los nombrados alentaron e incitaron a la persecución y al odio contra determinadas personas a causa de sus ideas políticas, principalmente funcionarios públicos de la actual gestión del Poder Ejecutivo Nacional —Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Silvina Batakis, Victoria Donda, entre otros—, y en ese contexto atentaron entonces contra el orden público”.
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Basile, ante el juez y el fiscal, negó esos cargos. Le preguntaron desde cuándo pertenecía a Revolución Federal. Allí declaró que en julio conoció a Morel, Sosa y Guerra, cuando fue a la residencia de Olivos a manifestarse contra la asunción de Batakis como ministra de Economía. Precisamente, una cacerolazo en la residencia de Olivos un domingo a la noche derivó en la suspensión de una conferencia de prensa para oficializar la noticia.
Después, contó Basile, empezaron a frecuentarse y la incorporaron al grupo de WhatsApp. Pero, según dijo, “nunca tuvieron intención de desestabilizar o agredir”, detallaron las fuentes. Cuando le preguntaron por el financiamiento de la agrupación, la mujer afirmó que era todo “muy anárquico” y que no había plata. “Uno llevaba una guillotina, el otro decía llevo antorchas… No era planificado”, acotaron las fuentes en base a su declaración.
Basile también dijo que ni ella ni el resto de Revolución Federal conocía a Fernando Sabag Montiel, ni a Brenda Uliarte, la pareja acusada de haber intentado matar a la vicepresidenta Cristina Kirchner. “No teníamos la intención de agredir. Solo de ejercer el derecho de protesta”, afirmó la mujer. Y señaló que le llamaba la atención el motivo de su detención.
En las primeras horas de hoy se presentó en tribunales Matías Cúneo Libarona, abogado de la firma Caputo Hermanos. A esa empresa se la investiga bajo la sospecha de haber financiado a la agrupación. Es que la firma pagó a través de dos fideicomisos a Morel y sus allegados más de 8 millones de pesos por trabajos de carpintería.
En sintonía con el escrito que había prestado la firma el miércoles, Cuneo Libarona insistió en que ni el ex funcionario macrista Luis Caputo ni su primo, el empresario Nicolás “Nicky” Caputo, están vinculados a la empresa y que hubo una “malintencionada” información para involucrarlos a este episodio por “portación de apellido”. Sobre por qué habían contratado los servicios de una carpintería que recién comenzaba a funcionar, el abogado dijo que “fue un tema de presupuesto” y que la empresa no financió ninguna agrupación violenta. “Caputo Hermanos contrató un trabajo y pagó por ello”, añadió en la puerta de tribunales.
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