Argentina apoyó la designación de un relator especial de las Naciones Unidas (ONU) para investigar y denunciar la violación de los derechos humanos en la Federación de Rusia. Cuando Argentina argumentó su voto en Ginebra, en Oslo ya se había anunciado que la ONG Memorial -creada durante la Unión Soviética- había logrado el Premio Nobel de la Paz por su defensa de las libertades públicas y la vigencia de los derechos en Rusia.
La creación de un relator especial fue respaldado por 17 países, que encabezaron Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido y Japón, mientras que el rechazo de Rusia contó con la adhesión de 6 países: Bolivia, China, Cuba, Eritrea, Kazajastan y Venezuela. Hubo 24 estados que se abstuvieron, entre ellos Brasil, México, Armenia y Gabón.
“La delegación argentina votará a favor de la presente resolución en el entendido que es fundamental el rol del sistema universal de promoción y protección de derechos humanos, y en particular de este Consejo, para el fortalecimiento de los derechos humanos en la Federación Rusa”, adelantó el representante Sebastián Rosales.
El debate diplomático en el Consejo de Derechos Humanos se extendió por casi una hora y exhibió las diferencias geopolíticas entre Estados Unidos y sus socios europeos y Rusia y sus aliados en América Latina y Asia. Washington fue apoyado por Alemania y Francia, en tanto que Moscú recibió las adhesiones de China, Cuba y Venezuela.
Como consecuencia de la guerra ilegal que libra en Ucrania, la Federación Rusia se retiró del sistema de Derechos Humanos de Europa, una instancia institucional que permitía -al menos- denunciar las constantes persecuciones ordenadas por Putin. En este contexto, se presentó el proyecto para designar a un relator especial que actúe en Moscú con la protección de los Derechos Humanos.
La posición oficial en Ginebra surgió tras una silenciosa interna de poder adentro del Gobierno.
La troika protagonizada por el Instituto Patria, el vicecanciller Pablo Tettamanti y el embajador argentino asentado en Moscú, Eduardo Zuain, desplegó en las sombras una poderosa operación de lobby diplomático para evitar que Argentina apoye la designación de un relator especial de la ONU que investigue y denuncie las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que cometería Vladimir Putin adentro de Rusia.
“(Se) Decide establecer el mandato de Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia por un período de un año, y solicita a su titular que vigile la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia, recopile, examine y evalúe la información pertinente facilitada por todas las partes interesadas, incluida la sociedad civil rusa tanto dentro como fuera del país”, establece el artículo tercero del proyecto de resolución que fue aprobado hoy en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Avalada en silencio por Cristina Kirchner, la ofensiva del Instituto Patria, Tettamanti y Zuain exhibió la fractura ideológica en la Cancillería y puso a prueba la capacidad de Santiago Cafiero para enfrentar una jugada diplomática que se desplegó en Buenos Aires, Ginebra, Moscú, Beijing, Caracas y La Habana.
La línea dura del kirchnerismo en el Palacio San Martín abogaba por el rechazo del proyecto redactado en el Departamento de Estado. Cafiero -apoyado por Alberto Fernández- hizo frente al vicecanciller Tettamanti y rechazó su propuesta de poner a la Argentina al lado de Putin y su peculiar agenda domestica vinculada a los derechos humanos.
Cuando la troika apuntalada por CFK asumió que el Presidente no rechazaría el proyecto de Washington, se inició una nueva ofensiva para obtener -al menos- la abstención de la Argentina. Tettamanti y Zuain prometieron esa posibilidad a sus contactos en el Kremlin, que intentaron por todos los medios bloquear la designación de un relator especial de la ONU que tendría sus oficinas en Rusia.
La preocupación de la diplomacia de Putin sobre el proyecto de Estados Unidos no sólo esta centrada en la creación del relator especial que actuará bajo la protección de la ONU. El canciller Sergei Lavrov y su staff que opera en América Latina observan con muchísimo malestar el artículo segundo de la iniciativa que tratará hoy el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Ese artículo segundo “exhorta a las autoridades rusas a que defiendan las libertades fundamentales de pensamiento, de conciencia, de religión o de creencias, de opinión y de expresión, de reunión pacífica y de asociación, concretamente eliminando las restricciones impuestas a la diversidad de ideas, a la crítica y a la disidencia, así como los derechos conexos a la libertad y a la seguridad de la persona, a un juicio imparcial y a no ser sometido a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes para las personas que ejercen estas libertades”.
La derrota diplomática del Instituto Patria, Tettamanti y Zuain frente a la posición geopolítica de Alberto Fernández y Cafiero tiene razones ideológicas y argumentos apoyados en la realpolitik. El Presidente y su canciller no esperan nada de Putin y necesitan el respaldo de la Casa Blanca para obtener las revisiones trimestrales del Fondo Monetario Internacional.
Este descarnado quid pro quo también explica porque Argentina se abstuvo al momento de votar la posibilidad de debatir las violaciones a los derechos humanos en China y a posteriori apoyó la designación de un relator especial en Rusia para vigilar si Putin respeta los derechos establecidos en la carta de la ONU.
La hoja de ruta de la diplomacia argentina es trazada por sus necesidades económicas y financieras: la influencia Biden logró que Argentina cerrara un acuerdo rápido con el FMI, Xi Jinping ya aportó un swap de 18.500 millones de dólares para las reservas del Banco Central y Putin aún debe al país casi nueve millones de dosis de la vacuna Sputnik.
Desde esta perspectiva, Alberto Fernández se alineó con Biden y archivó su promesa política a Putin cuando lo visitó en el Kremlin. Argentina ya no será la puerta de entrada de la Federación Rusa en América Latina.
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