Pidieron procesar a ex funcionarios kirchneristas y empresarios por las coimas del soterramiento del Sarmiento

Es la causa que atraviesa la grieta. A seis años y medio del inicio del caso que intenta develar si el grupo Odebrecht y sus socias locales pagaron coimas a ex funcionarios kirchneristas para obtener la licitación por el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, el fiscal federal Franco Picardi pidió avanzar con los procesamientos de todos los implicados, revelaron a Infobae fuentes judiciales. En la lista figuran desde el empresario Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, hasta el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López o los ex ministros Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros.

Es que Picardi presentó un escrito luego de que, tal como reveló este medio, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenara realizar un peritaje contable que permitiera establecer cuánto fue el eventual daño patrimonial al Estado. Lo hizo a pedido de la defensa de Calcaterra, que planteó que si la hipótesis de la causa es que existieron pagos de sobornos por parte del grupo Odebrecht y sus socias locales a funcionarios públicos para obtener la licitación había que corroborarlo a través de un peritaje.

“El peritaje solicitado por la defensa nada aportará en función del direccionamiento de la licitación o de las distintas irregularidades ya probadas -sostuvo Picardi en su presentación-. Conforme a la hipótesis propiciada por la Fiscalía, la estructura de corrupción estudiada se ha traducido en maniobras de suma complejidad, que ha incluido un pacto venal sellado a partir del año 2005 entre determinados funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal y empresarios, sucesivas connivencias, promesas de pagos y pagos indebidos, contratos comerciales simulados y una ingeniería financiera diseñada para la triangulación espuria de cuantiosas sumas de dinero, con la participación de sociedades nacionales y extranjeras, tanto en miras a posibilitar retornos para la canalización de sobornos, como para consolidar provechos económicos resultantes”.

Picardi insistió en que “los sobornos habrían propendido al direccionamiento de la adjudicación de la obra pública de soterramiento y, en lo sucesivo, a acelerar, destrabar y asegurar desembolsos y disposiciones funcionales concretas de distintos tramos de continuidad, en función del desarrollo de la obra, para beneficiar a los empresarios adjudicatarios”. Por eso, dijo, “el estado actual del expediente y la cuantiosa evidencia reunida a lo largo de la instrucción es contundente y suficiente para poder resolver la situación procesal de las personas indagadas, de conformidad con lo valorado y requerido por este Ministerio Público Fiscal”.

La causa

El caso se abrió en 2016, cuando en toda la región se ponía la lupa sobre los negocios de Odebrecht, luego de que el gigante brasileño admitiera prácticas de sobornos para pagar licitaciones. En Argentina, uno de los negocios fue la obra del soterramiento del corredor ferroviario de la línea Sarmiento, en donde ganó la UTE (unión transitoria de empresas) conformada por las firmas IECSA S.A. – Constructora Norberto Odebrecht S.A. – Ghella S.p.A.- Comsa S.A.

En abril de 2019, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó el procesamiento por los delitos de negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionarios de Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime y su testaferro Manuel Vázquez, Juan Pablo Schiavi y José López. El magistrado firmó la falta de mérito de los principales empresarios involucrados en el proyecto, entre ellos Calcaterra, Santiago Ramón Altieri, Eduardo Fernández, Diego Alonso Hernández, Alejandra María Kademian y Jorge Rodríguez. Incluso, los sobreseimientos de la familia de Manuel Vázquez, el asesor de Ricardo Jaime que buscó arrepentirse cuando pensó que se estaba muriendo y que no fue aceptado como imputado-colaborador. Y que se arrepintió de haberse arrepentido.

En ese momento, Martínez De Giorgi aseguró que no había pruebas para corroborar que los sobornos existieron. Pero en agosto de 2019, la Cámara Federal anuló los procesamientos y las faltas de méritos dictadas en el caso: aseguró que al expediente había que sumar las confesiones en Brasil en el marco de las investigaciones del Lava Jato. Desde entonces, la situación de todos los implicados está a la espera de resolverse.

La vicepresidenta Cristina Kirchner aludió esta causa en un descargo público hecho desde el Senado tras el pedido de condena que le formuló el fiscal Diego Lucini en la causa Vialidad. Fue cuando repasó una de las pruebas claves de la fiscalía -los chats en el teléfono de José López- cuando habló de los diálogos entre su ex secretario y Nicolás Caputo, hermano de la vida de Mauricio Macri. Hace tres años, el fiscal Picardi incluyó los mensajes de López sobre el soterramiento como una prueba de cómo se frenó ese certificado hasta que no se cobrara la presunta coima.

El peritaje

Justo el día en que Luciani pedía la condena para CFK, Martínez de Giorgi le ordenó al Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que analice la oferta económica que hizo el Consorcio Nuevo Sarmiento (CNS) al ganar la licitación y que elabore una línea de tiempo en donde aparezcan, por las fechas, los pagos el Estado realizó a CNS desde la adjudicación de la obra y precise, junto a cada pago, el porcentaje que cada monto representa con relación al precio total de la obra. Otro de los puntos que deberán responder los expertos es “a cuánto asciende el precio por kilómetro de la oferta económica realizada” por la empresa para llevar adelante el soterramiento entre Caballito y Moreno.

En ese contexto es que aparece el dictamen de Picardi, al que accedió Infobae: a su criterio no es necesario avanzar en esa diligencia para resolver la situación procesal de los implicados, para quienes el Ministerio Público reclamó el procesamiento en base a las pruebas colectadas, en donde “se acreditó, por un lado el direccionamiento de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la contratación del Proyecto de Ingeniería, Proyecto Ejecutivo y Ejecución de Obra con Financiamiento para el Soterramiento del Corredor Ferroviario Sarmiento a favor del Consorcio Nuevo Sarmiento, conformado por las empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A., Iecsa S.A., Comsa Empresa Constructora S.A. y Ghella SPA., y por otro lado distintas irregularidades en el desarrollo del contrato en cuestión, su continuidad y distintas modificaciones”.

Picardi sostuvo que ya demostró “la finalidad criminal perseguida por las partes intervinientes”, con un “sinfín de irregularidades” en el proceso licitatorio, que “infringieron la debida publicidad del proceso, vulneraron los plazos para su emisión, omitieron la intervención de los organismos correspondientes, y en la práctica representaron todas aquellas adecuaciones que eran necesarias para predisponer la adjudicación de la obra al Consorcio Nuevo Sarmiento”. A eso, agregó, hay que sumarle “los incrementos presupuestarios, las posteriores modificaciones de la obra, la redeterminación de los precios, la prórroga de plazos y financiamiento, la falta de información a los oferentes, la oportunidad en la que la Secretaría de Transporte decidió dar a conocer el Pliego de Bases y Condiciones Generales y las exigencias técnicas más importantes de la obra”.

“A lo largo de la investigación, también se demostró sobradamente que el desarrollo irregular del proceso de licitación, adjudicación y tramos de continuidad de la obra de soterramiento -que beneficiaron ostensiblemente a los empresarios finalmente adjudicatarios- tuvo como correlato el pago de sobornos por parte de las empresas integrantes del Consorcio Nuevo Sarmiento a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal”, sostuvo Picardi.

Según resaltó, “el análisis de las irregularidades y direccionamientos debe relacionarse necesariamente con las promesas de pagos y los pagos indebidos detectados en la investigación que existieron como contrapartida, por parte de los empresarios beneficiados hacia los funcionarios. Sólo por vía de ese razonamiento se explica el modo en que se realizaron y extendieron los actos administrativos bajo estudio”. Por eso, dijo Picardi, “más allá de los resultados que eventualmente se obtengan a partir del peritaje recientemente ordenado por el Sr. Juez a instancias de la defensa mencionada, esta Fiscalía considera irrelevante su producción”.

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