El Gobierno anunció este miércoles que recurrirá a la Justicia para anular los contratos de concesión de los peajes que operan en los accesos Norte y Oeste, que fueron firmados en el 2018 durante la gestión de Cambiemos. En una conferencia de prensa, el presidente Alberto Fernández - acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis- denunció que esos acuerdos fueron “distorsivos”, por lo que “generaron daño económico al Estado y a los usuarios”.
Se tratan de los contratos firmados en el año 2018 con las concesionarias Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) que, según explicaron en la Casa Rosada, “comprometían al Estado” con un “impacto económico total para los usuarios y usuarias es de casi U$D 2.000.000.000″.
“Para cumplir la obligación de pago incluída en los acuerdos firmados en el año 2018 y según la solicitud de actualización tarifaria presentada por AUSOL y GCO en mayo de 2022, la tarifa debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte y más de 10 en el Acceso Oeste. Así, en las estaciones Debenedetti y Márquez, del Acceso Norte, actualmente un automóvil paga en hora pico y de modo manual $80 pesos, una tarifa que fue fijada por Vialidad Nacional en febrero de este año. Conforme a la solicitud presentada por AUSOL, esa tarifa debería ser de $1.830″, explicaron en un comunicado.
En el caso del Acceso Oeste, en todas las estaciones un automóvil paga, en hora pico y de modo manual, una tarifa de $100, un monto también fijado en febrero de 2022. Conforme a lo establecido por la concesionaria, “esa tarifa debería ser de $1.072, lo que significa 10,72 veces más de lo que se paga actualmente (1.000% más)”, ejemplificaron.
“En cuanto a la tarifa que hoy pagan los automóviles, en horarios que no son pico y de modo manual, es de $80 pesos, que significa una diferencia con lo planteado por GCO ($915) es de 11,43 veces más”, agregaron.
Según detallaron desde el Gobierno, en el año 2018 las concesionarias Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) firmaron con la gestión de Mauricio Macri acuerdos que “comprometían al Estado con una deuda bruta (sin descontar penalidades) de U$S 813.143.839,52, (U$S 540.522.269,52 para el caso de AUSOL S.A. y U$S 272.621.570 para el caso de GCO S.A.)”.
En este sentido, se establecía una cancelación en cuotas anuales, que irían desde 2018 a 2030, más un interés en dólares del 8% anual. Este interés era capitalizable y si el Estado se retrasaba en el pago el concepto adeudado pasaba a formar parte del capital, incrementando la deuda. “Con estos acuerdos, la deuda reconocida y sus intereses ascendía a U$D 1.161.292.387″, agregaron.
Se estableció, además, que las sumas debían ser percibidas por los concesionarios libres del Impuesto a las Ganancias y que el mismo debía ser abonado a través de las tarifas. Es decir, para cumplir con esas obligaciones, que comprendían afrontar el capital, los intereses o el impuesto a las ganancias, la tarifa necesaria era de hasta 20 veces más de lo que hoy paga un usuario o usuaria.
“Además, la tarifa de peaje se dolarizó ilegalmente, ya que existe el fallo CEPIS de la Corte Suprema en contra de la dolarización de tarifas, generando subas mucho mayores. A la vez, cada cuota anual no se completó en los términos de los acuerdos, por lo que la suma comprometida por el Estado en 2018 aumentó a valores cercanos a los U$D 2.000.000.000″, aseguraron.
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