Elevaron a juicio una causa contra 6 activistas de la UOCRA por bloquear una pyme en Berazategui

La Justicia sigue avanzando contra los responsables de los bloqueos sindicales. Ahora, el fiscal Daniel Ichazo, titular de la UFI 1 de Berazategui, elevó a juicio a 6 activistas de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) acusados de los delitos de asociación ilícita, compulsión a la huelga y extorsión por un bloqueo en 2021 a la empresa Construcciones y Servicios Viales (Conyser).

El fiscal consideró “legalmente acreditado” que Miguel Angel Rojas, Gustavo Damian Villarroel, Omar Alberto Córdoba, Cesar Domingo Silva, Eduardo Daniel Martinez y Luis Daniel Olmedo “conformaron, mediante acuerdo previo, una asociación ilícita destinada a cometer delitos contra la libertad de trabajo y la propiedad”.

Para Ichazo, Rojas era el jefe y organizador de una facción de la UOCRA que bloqueaba el ingreso de los trabajadores a las obras en construcción para “forzar” a los dueños de las empresas a mantener una reunión con él, oportunidad en la que exigía “la puesta a disposición de distintos elementos como dinero y cosas, y finalmente, la perpetuación del bloqueo si esto no ocurría”.

En el caso de Conyser, una pyme familiar que trabaja desde hace 40 años primero en el rubro de la construcción de edificios y luego en movimientos de suelo con máquinas viales, los imputados se presentaron en dos oportunidades en agosto de 2021 en el ingreso del barrio privado Puerto Nizuc, en la localidad bonaerense de Hudson, Berazategui, y “ejercieron violencia sobre varios empleados de la empresa para compelerlos a tomar parte en una huelga, no prestar tareas e impedirles el ingreso, así como también a sus dueños, Ubaldo Vidal y Nicolás Vidal”.

En su presentación, el fiscal afirmó que “Rojas intimidó a Ubaldo Vidal y Nicolás Ariel Vidal al decirles que portaba armas de fuego; que había compulsado a la huelga a los empleados de otras empresas; y que dichos conflictos habían terminado en hechos de violencia con armas de fuego; esto para luego obligarlos a poner a disposición de los empleados de la empresa de su propiedad 70 pesos más por hora trabajada, viandas de almuerzo y viáticos por el importe de 300 pesos para cada uno y la designación de un delegado sindical sin que los empleados voten por él conforme corresponde legalmente, todo ello por fuera del convenio laboral vigente y la supervisión del Ministerio de Trabajo provincial, acciones que efectivamente realizaron, a excepción de la designación del delegado”.

Ubaldo Vidal declaró que quienes lo bloquearon dijeron recibir órdenes de Rojas y que éste, en una reunión, “le exige una serie de medidas que debía adoptar en su empresa para poder volver a trabajar, exigencias que se encontraban fuera del marco regulatorio de la ley y la normativa laboral vigente”. En los días siguientes, ante la negativa del empresario, se reanudó el bloqueo y “los sindicalistas se valieron de violencia de diferentes tipos para perpetuarlo en el tiempo”.

Según destacó el fiscal, “ninguno de los trabajadores de la empresa que sufrió el bloqueo ilegal quería participar de la huelga sino que fue compulsado a hacerlo como parte de la extorsión de Rojas y de todos los imputados”. Por eso se preguntó “por qué supuestos derechos “luchaban” el sindicato y sus integrantes si no eran los de los trabajadores de la empresa bloqueada”.

Ichazo consideró que “se hallan probados todos los extremos necesarios para la configuración de los delitos que fuesen acusados a los imputados, que han intentado durante la investigación valerse de la organización sindical legítima UOCRA para encubrir y deslindarse de su accionar ilícito”.

En diálogo con Infobae, Ubaldo Vidal admitió que está aliviado por el pedido del fiscal: “Siento que la Justicia actuó bien. Era hora de que alguien le pusiera un freno a esta gente”. En el bloqueo, los activistas amenazaron a los empleados de Conyser: “Les advirtieron que conocían dónde vivían. Cuando te dicen eso te están diciendo que te van a romper la cabeza”, según el empresario.

Vidal contó que ya sufrió otro bloqueo sindical en una obra que estaba haciendo en Quilmes, donde lo bloquearon durante un mes “en combinación con el Ministerio de Trabajo”. “Es una mafia”, dijo.

“Ahora se dieron cuenta de que no se pueden arrimar al sindicato porque quedan todos manchados -resaltó-. Antes caía el Ministerio de Trabajo y te decía que no podías hacer nada hasta que no te dieran un turno para una audiencia, pero no te lo daban nunca y podías pasarte dos o tres meses con el personal parado. Ahí te bloqueaban legalmente. Acá no fue legal: vinieron como 100 tipos, se instalaron y entraban todos al lugar menos nuestros empleados”.

¿Qué buscaban realmente los dirigentes y activistas de la UOCRA? Para el dueño de la pyme, “querían quedarse con la obra porque era una de las más importantes de los countries de la zona sur” y los imputados, según dijo, eran “secuaces” de Juan “Lagarto” Olmedo, quien conducía las seccionales de la UOCRA de Quilmes y Florencio Varela y estuvo acusado de extorsión, amenazas y hechos de violencia protagonizados por patotas. Por ese tipo de episodios fue desplazado de su puesto por el líder de la UOCRA nacional, Gerardo Martínez, con quien estuvo fuertemente enfrentado.

Consultado por Infobae, Martínez criticó y tomó distancia de Olmedo: “Rechazamos las acciones violentas o patoteriles. La UOCRA se encuadra en la defensa de los derechos colectivos e individuales en el marco de la ley y de los procedimientos administrativos que nos asisten”.

El empresario bloqueado destacó que la protesta duró casi una semana y “seguramente habría durado más” si no hubiera llamado a la abogada Florencia Arietto, la inspiradora del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), quien le aconsejó presentar una denuncia penal y diseñó la estrategia legal que terminó con la elevación a juicio de la causa contra los 6 activistas de la UOCRA.

Cuando se produjo el bloqueo en el country de Hudson, Arietto filmó y publicó en Twitter unos videos en los que se puede ver cómo los miembros de la UOCRA la maltratan y la intimidan.

En el último año, como anticipó Infobae, gracias a la acción desarrollada por el MEAB ya hay 10 dirigentes y activistas sindicales detenidos, 51 imputados y una veiuntena que irá a juicio en unas 30 protestas extorsivas que se registraron en casi todo el país.

“Pasó un año desde el bloqueo y ahora van a ir a juicio. Espero que los condenen”, afirmó Vidal. De todas formas, admitió que nada será igual a partir del pedido del fiscal: “Voy a andar con más cuidado en la calle porque la represalia puede venir. Estos tipos son todos pesados”.

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