En su alegato contra Cristina Kirchner, el fiscal Luciani consideró que la corrupción “afecta a los derechos humanos”

En su alegato final en el marco de la causa conocida como Vialidad, que la tiene a la vicepresidenta Cristina Kirchner como principal acusada, el fiscal Diego Luciani consideró que la corrupción “tiene un impacto directo en el Estado de Derecho” y afecta “a los más vulnerables”.

Durante su última exposición ante los jueces del caso, y antes de solicitar una condena a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la ex mandataria nacional, el funcionario planteó la gravedad de los hechos denunciados.

“Esto que estamos diciendo tiene un impacto directo en el Estado de Derecho en la medida en que es un sistema de reglas comunes en el que el poder está controlado por instituciones reguladas legalmente. En definitiva, como venimos sosteniendo, los sectores perjudicados por la corrupción siempre son los más frágiles. A estos no solo se los priva de tener las mismas oportunidades que el resto, sino que se los condena a la pobreza y a la precariedad”, sostuvo.

En este sentido, Luciani opinó que este tipo de delito contra la administración pública “significa más desigualdad porque los más vulnerables son los más afectados por la fuerte caída del gasto social”, por lo que remarcó que ambas cosas están “relacionadas directamente”.

“Los países pobres necesitan tener como prioridad la erradicación de la miseria y el desarrollo social de sus habitantes y para ello los gobernantes deben tener la obligación de controlar la corrupción. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó que la corrupción afecta los derechos humanos, derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y destacó que tiene un impacto grave y diferenciado del goce del ejercicio de derechos humanos históricamente discriminados tales como las personas en situación de pobreza. Por eso, concluyó que los sectores vulnerables son las primeras víctimas del impacto de la corrupción”, explicó.

En este sentido, el fiscal señaló que Luis Almagro, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), manifestó en 2018, en el prólogo del libro “Corrupción y derechos humanos”, que esta situación “es más grave y se profundiza aún más cuando estas prácticas emanan de los más altos niveles porque incluye estructuras detrás del poder y debajo de él”.

“Además, los mandos medios y bajos forjan el ejemplo sobre el máximo liderazgo sobre la permisividad de prácticas corruptas. Esto, señores jueces, es exactamente lo que sucedió en esta causa. Las órdenes venían de los máximos responsables políticos de nuestro país y la estructura las acató durante doce años”, concluyó.

Por todo esto, Luciani acusó formalmente a Cristina Kirchner e indicó como agravantes su falta de “arrepentimiento” de los presuntos delitos cometidos y el hecho de que “ostentaba el cargo máximo del estado nacional y empleó su poder sobre el resto de los imputados para alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada”.

A la hora de pedir las penas, acusó también al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; al ex secretario de Obras Públicas, José López; al empresario Lázaro Báez y al ex titular de la dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, como organizadores de la asociación ilícita y autores de fraude a la administración pública y solicitó para ellos una de penas de entre doce y diez años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

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