Grúas porteñas: no hubo quórum y se levantó la sesión en la Legislatura que iba a tratar el polémico negocio del acarreo de autos

Pese a los intentos de la oposición para lograr el quórum, la Legislatura porteña levantó la sesión especial impulsada por los legisladores del “Frente Anti-Grúas” ante la falta de quórum para tratar el polémico negocio del acarreo de autos.

Los adversarios políticos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, necesitaban del respaldo de una fractura del oficialismo local para que avance la iniciativa. Días atrás, la dirigente de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió confirmó por Twitter que su espacio “va a votar la suspensión” del servicio y había adelantado a este medio que estaba dispuesta a pedirles a sus diputados que rechacen la continuidad de ese “negocio oscuro”.

Para concretar ese objetivo, los bloques opositores necesitaban que al menos 3 de los 4 legisladores de la CC asistieran a la sesión. Pero esa tentativa no ocurrió. Finalmente, tras la fuerte presión política en medio de la interna de Juntos por el Cambio, la convocatoria de la sesión especial no se concretó, luego de que el Gobierno de la Ciudad avanzar con la decisión de suspender por decreto el contrato con las empresas BRD y Dakota, las empresas a cargo de la concesión del servicio.

Los bloques alineados con Horacio Rodríguez Larreta comunicaron oficialmente que no colaborarían con el quórum. Los jefes de bancada Diego García Vilas (Vamos Juntos), Diego Guouman (UCR-Evolución) y Roy Cortina (Partido Socialista). Por omisión, tampoco se presentó la Coalición Cívica.

En el caso de Republicanos Unidos, que lidera el legislador Roberto García Moritán, justificaron la decisión de no dar quórum al alegar que, con la suspensión de la concesión privada en el acarreo de autos, la sesión especial había “dejado de tener razón de ser”. Y adelantaron que presentarán un proyecto de ley que garantice la transparencia del servicio, con el que quede de manifiesto que el acarreo de vehículos sea utilizado como “excepción” ante infracciones y no busque “fines recaudatorios.

Al momento de la caída de la sesión especial, solo había seis legisladores presentes: Ramiro Marra, Oscar Zago y Rebeca Fleitas (La Libertad Avanza) Gabriel Solano y Amanda Martin (FIT-Unidad/Partido Obrero), Emmanuel Ferrario (PRO), presidente de la Legislatura porteña.

Sin chances de contar con la mayoría necesaria de 31 legisladores para realizar la jugada política, el bloque del Frente de Todos realizó una conferencia de prensa, en la que fue más allá de la concesión y reclamó que se investiguen los “21 años de concesiones ilegales” del servicio de acarreo de vehículos de la ciudad de Buenos Aires.

“Hoy es un día histórico para la Ciudad de Buenos Aires: le pusimos fin a más de 20 años de ilegalidad en el servicio de acarreo. Se termina #ElNegocioDeLasGruas luego de la gran presión que realizamos los bloques de la oposición en la Legislatura”, comunicó desde su cuenta de Twitter el legislador Juan Manuel Valdes, del Frente de Todos.

Durante la presentación, las bancadas del Frente de Todos, Consenso Federal y La Libertad Avanza elevaron una nota a la Legislatura en la que se propuso auditar los contratos rubricados en las últimas dos décadas, a través de una comisión de seguimiento para tener “garantías” de que en el futuro funcionará como un “sistema de ordenamiento del tránsito”. Además, se planteó elaborar un “inventario respecto a los bienes que la Ciudad va a recuperar a partir de la estatización del servicio” y un estudio de costos de la licitación que se llevará a cabo.

Esta semana, con la presión del “Frente Anti-Grúas” -integrado por el Frente de Todos, el FIT, La Libertad Avanza y Consenso Federal- y de Elisa Carrió, el gobierno porteño terminó formalizando el decreto para detener la detención de la concesión del servicio de acarreo de autos mal estacionados en la Ciudad de Buenos Aires.

La medida se definió ante las irregularidades detectadas a partir de un informe de la Auditoría General de CABA, y a solo un mes de que una investigación de Infobae revelara que “el Gobierno porteño sólo les cobra $55.000 por mes a las empresas que manejan el millonario negocio”.

Desde que se definió la revocatoria de una concesión, que ya había vencido hace más de veinte años, la administración de Horacio Rodríguez Larreta anunció que el servicio será prestado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad a través de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) “hasta tanto se inicie la prestación por parte de los prestadores que resulten adjudicatarios de la Licitación Pública”.

Durante la actividad legislativa de este jueves, el diputado Matías Barroetaveña consideró que “es imposible que semejante negocio irregular” del sistema de grúas “no cuente con la complicidad de autoridades del gobierno”. Por lo tanto, aseguró que Horacio Rodríguez Larreta “se autoincrimina al desarmar el negocio de las grúas en 24hs depues de 15 años diciendo que no se podía”.

La investigación de Infobae

El pasado 17 de julio una investigación de este medio reveló la existencia del polémico negocio del acarreo de vehículos en infracción. Iván Ruiz, Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli revelaron con detalle los orígenes y protagonistas de la licitación más opaca que tiene la ciudad de Buenos Aires

“La concesión del acarreo en la Ciudad de Buenos Aires está en manos de Dakota SRL y BRD Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria (SAICFI), dos empresas que operan el negocio con el contrato vencido desde hace 21 años. A cargo de los acarreos desde 1990, estas empresas le pagan al gobierno porteño un canon mensual de sólo $55.000 cada una para operar el servicio, según le confirmaron a este medio fuentes oficiales”, reveló la nota.

“El monto está congelado desde 2014 y, hasta hace apenas dos semanas, esa cifra también incluía la concesión de los viejos parquímetros y máquinas tickeadoras para el cobro del estacionamiento medido”, precisaron.

En el informe se incluyó la declaración de Juan José Calandri, auditor general de la Ciudad e integrante de la Coalición Cívica, quien aseguró que las empresas “siempre pagaron un canon bajo, pero el actual es ridículo”.

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