Mientras avanza un proceso judicial contra cinco dirigentes de Camioneros por el bloqueo a una empresa, Pablo Moyano, uno de los referentes del gremio, fue recibido ayer por el Papa Francisco en el Vaticano, junto a a dirigentes sindicales de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y de la Federación Internacional del sector (ITF).
Según se informó, los gremialistas participaron de una jornada de debate encabezado por monseñor Marcelo Sánchez Sorondo y el ex legislador porteño Gustavo Vera sobre la problemática del transporte mundial, las condiciones laborales, la lucha contra la trata de personas y el cambio climático, entre otros temas. El Sumo Pontífice recibió también a Juan Pablo Brey, de Aeronavegantes, y Sergio Sasia, de Bancarios, entre otros.
Desde Roma, además, Moyano ratificó la movilización de la CGT para el próximo 17 de agosto desde el Obelisco hacia el Congreso en rechazo de “los especuladores y formadores de precios”. “Es preciso que cese de inmediato la remarcación de los precios de los alimentos de los ciudadanos, por lo que la movilización del 17 será multitudinaria y con una clara consigna: basta del robo empresario del plato de comida de los argentinos”, enfatizó.
Es la tercera vez que el Papa Francisco recibe en el Vaticano al referente de Camioneros. El primer encuentro tuvo lugar en mayo de 2015. Fue una reunión privada, en la sede de Santa Marta, en donde se habló de la “importancia de la unidad sindical y el movimiento obrero como principal actor social”, de acuerdo indicó el gremio.
El segundo ocurrió en noviembre de 2017, pocos días después del triunfo de Juntos por el Cambio en las elecciones legislativas. En aquella oportunidad, Moyano le adelantó a Jorge Bergoglio que iba a “luchar contra la reforma laboral” que -aseguró- impulsaba el entonces presidente Mauricio Macri.
La reunión de ayer tuvo como marco, además, el avance judicial contra cinco dirigentes del sindicato: El juez Fernando Caunedo decidió el martes mañana elevar a juicio por extorsión en grado de tentativa a Omar “Manguera” Pérez, secretario de Políticas de Transporte del sindicato, y secretario Gremial de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), un hombre clave en la estructura de Hugo Moyano; a Omar Dutrá, secretario de Logística del gremio; y a Diego Emanuel Coria, Jorge Fabián Aguirre y Matías Ezequiel Paz.
La medida judicial es por el bloqueo contra el depósito de Villa Soldati de la empresa Andar Transportadora de Trenque Lauquen, llevado adelante por unos 15 representantes gremiales para reclamar una deuda con el Sindicato de Camioneros de la que, según la Justicia, “no surgen elementos que permitan justificar la legitimidad”.
El pedido de elevación a juicio y el agravamiento de la acusación fue efectuada a principios de esta semana por el fiscal Ignacio Mahiques, en cuya presentación ante el juez consideró que “todos los imputados deben ser considerados coautores del hecho investigado pues con sus aportes contribuyeron a la realización del plan común que estaba orientado por la única finalidad de despojar a la firma de parte de su patrimonio en beneficio ilegal del Sindicato de Choferes de Camiones”. Y agregó: “Mientras parte de ellos llevaban adelante el bloqueo, otros, en particular Dutrá y Pérez, exigieron a Castell la entrega del dinero”.
Alejandro Castell es el dueño de Andar Transportadora, una pyme familiar dedicada desde 2001 al transporte de cargas y cuya abogada es Florencia Arietto, una experta en combatir los bloqueos sindicales. Ambos forman parte del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), presidido por Verónica Razzini, una empresaria a la que el Sindicato de Camioneros de Santa Fe amenazó y bloqueó dos locales de su firma durante 90 días, por lo que sus autores fueron detenidos e imputados.
Para Mahiques, al considerar ilegítima la deuda reclamada a Castell, ya que se comprobó que no hay constancia alguna en los ministerios de Trabajo de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, los imputados fueron coautores del delito de extorsión en grado de tentativa, que el Código Penal reprime con reclusión de 5 a 10 años. “Aun de resultar existente la deuda reclamada, lo cierto es que ello no los habilitaba a forzar el pago bajo la amenaza de paralizar el transporte”, afirmó el fiscal.
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