El presidente Alberto Fernández deberá decidir en los próximos días si asume el costo político de comprar un nuevo avión presidencial para reemplazar el emblemático Tango 01, parado desde 2005 en la base de El Palomar. La licitación internacional lanzada a través de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), un organismo que depende de Naciones Unidas, entró en la etapa final. De los tres oferentes, uno solo cumplió con los requisitos pedidos por el Gobierno: se trata de un Boeing 757-256 identificado con la matrícula N7575AG. Si decide avanzar, el Gobierno deberá transferir USD 22 millones y entregar el viejo Tango 01.
La crisis política que vive el Gobierno, tras la renuncia de Martín Guzmán al ministerio de Economía, y el reciente cepo a las importaciones, condicionan la decisión final. “No se va a animar en este contexto”, repiten en el mercado aeronáutico, uno de los más afectados por las restricciones a las importaciones. “En este momento es muy difícil que se pueda avanzar”, admiten en la Casa Rosada.
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La licitación avanzó en silencio y solo falta que se active la lapicera del Presidente. La primera semana de junio, según pudo saber Infobae, una comitiva integrada por equipos técnicos de la OACI y de Presidencia viajó a Sarasota (Estados Unidos) para realizar una inspección de la aeronave elegida. Luego de ese viaje, los expertos recomendaron avanzar con el proceso de compra. “El Boeing 757-256 presenta mejoras que están por encima de las especificaciones técnicas originales sin modificar el presupuesto estimado lo que hace conveniente su adquisición”, dice un informe interno.
Entre esas mejores, los expertos de Presidencia destacaron que se trata de un avión fabricado en 2000 (el Tango 01 es de 1992), que tiene winglets (aletas que se sitúan en la punta del ala y reducen el consumo de combustible), y que tiene un sistema de iluminación y de humidificación de la cabina más moderno de lo requerido.
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El avión tiene capacidad para 39 pasajeros, un dormitorio principal con todas las comodidades, y otros dos dormitorios de visitas que se pueden adaptar como salas de reuniones. A diferencia del Tango 01, puede volar sin escalas hasta Europa o Estados Unidos.
En los registros oficiales, la aeronave está a nombre de Validus Aviation LLC, una firma con sede en Tampa, pero en la licitación de la OACI aparece C&L Aviation Group, una empresa con sede en Maine (Estados Unidos) que cumpliría el rol de intermediaria. “Tienen un poder para vender el avión”, explicó una fuente oficial.
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“C&L Aviation Group es un líder de la industria en el servicio, mantenimiento y apoyo a los operadores en la industria de la aviación corporativa y regional. Además de los programas de venta y arrendamiento de aeronaves y motores, C&L ofrece soporte de repuestos, mantenimiento pesado, actualizaciones y modificaciones de aviónica, renovación de interiores, desmontaje de aeronaves, servicios de desmontaje y administración de aeronaves”, se presenta la firma en su sitio web.
El año pasado, esa misma empresa le vendió a la Fuerza Aérea un avión SAAB 340B por USD 2.100.000. No es todo. Según pudo saber este medio, C&L tiene contratos vigentes de provisión de partes y mantenimiento de otras aeronaves de la Fuerza Aérea.
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La mirada del mercado aeronáutico apunta a los lobbistas locales de C&L. De hecho, uno de ellos habría viajado a Sarasota junto a la comitiva oficial. “Solo viajaron cuatro personas”, se limitaron a responder en la Casa Rosada.
El Tango 01 se dejó de usar a fines de 2015. Durante el gobierno de Mauricio Macri hubo varios intentos frustrados para comprar otro avión: la primera licitación ante la OACI se cayó por las internas dentro del Gobierno y la segunda por la realidad económica del país.
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Entre 2015 y 2019, Macri intercaló vuelos comerciales y privados para sus viajes al exterior y terminó gastando casi USD 10 millones en alquileres. Pero expuso demasiado su seguridad. De hecho, le tocó compartir un vuelo con dos narcotraficantes y 64 mil pastillas de éxtasis.
Alberto Fernández viajó mucho menos al exterior por la pandemia, pero igualmente lleva gastados casi USD 3 millones por los alquileres. En las últimas giras presidenciales, se utilizaron aeronaves de Aerolíneas Argentinas argumentando que era más económico.
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El Tango 01, un Boeing 757 200 adquirido por el Estado argentino en 1992, está parado hace más de seis años. Sin embargo, todos los años se pagan unos USD 220 mil entre gastos de personal, repuestos y el pago regular a la empresa Boeing.
En 2020, los responsables de la flota presidencial recomendaron reparar el avión con una inversión estimada entre USD 12 y 15 millones. Los trabajos previstos incluían la “rectificación” de los motores, la pintura exterior, reparar el tren de aterrizaje, la actualización de la unidad de adquisición de datos de vuelo (DFDAU) y del software del sistema de comunicación digital de abordo, y hasta agregar tanques suplementarios de combustible para poder volar hasta el sur de Europa o Estados Unidos sin realizar escalas.
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En el Gobierno aseguran que la OACI desaconsejó la reparación del Tango 01 por las dificultades para conseguir las piezas y por el tiempo que lleva parado. “Aunque ambas opciones (reparación o reemplazo) plantean riesgos relevantes, es la consideración de la OACI que existe una alta probabilidad, o casi certeza, de que la reparación del avión no podrá ser completada dentro de los tiempos requeridos, y que se podrá ver significativamente demorada por los factores antes mencionados, afectando en varios meses al calendario objetivo”, sostuvo ese organismo en febrero de este año.
Con ese panorama, se recurrió a una licitación internacional a través de la OACI. Aunque el mecanismo es más transparente, en el mercado aeronáutico denuncian que el pliego estaba “direccionado” porque tenía muchas especificaciones. De hecho, se presentaron tres oferentes y uno solo cumplía con todos los requisitos, el N7575AG.
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Pese a la confidencialidad de la licitación, este medio pudo saber que el precio acordado hasta ahora es de USD 22 millones. A eso hay que se sumarle el valor del Tango 01, valuado en USD 2,8 millones según el último informe del Tribunal de Tasaciones.
La licitación se puso en marcha en abril pero recién el 24 de mayo el Gobierno se enteró que había un solo finalista. A partir de ese momento, la OACI programó la inspección técnica que se concretó entre el 6 y el 10 de junio en Sarasota.
El proceso ahora solo depende de la decisión política de Alberto Fernández. Si decide avanzar, el Gobierno deberá transferir el dinero a una cuenta de la OACI hasta que se firmen los contratos. Superada esa etapa, el dinero será transferido al actual propietario.
Los plazos apremian. En el Gobierno aseguran que la decisión debería tomarse antes de agosto.
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