La justicia federal investiga un extraño hecho que ocurrió en una de las áreas más sensibles del Poder Judicial de la Nación, la oficina que tiene bajo su custodia las declaraciones juradas de todos los jueces nacionales y federales. El 21 de junio pasado un empleado del lugar advirtió al llegar qua la puerta estaba abierta. El presidente del Consejo, Horacio Rosatti, ordenó que se haga la denuncia penal y que se realice un arqueo para determinar si falta alguna documentación,
La causa quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas y del fiscal Carlos Stornelli que ordenaron las primeras medidas de prueba. Una de ellas que se determine si hay cámaras de seguridad y si es así que se aporten las filmaciones.
La apertura de la puerta fue advertida el martes 21 de junio, primer día laboral después del feriado largo de cuatro días por las muertes de los generales Martín de Guemes y Manuel Belgrano. La oficina del área de declaraciones judiciales se encuentra de la Administración General del Consejo, ubicado en el edificio de la calle Sarmiento al 800.
Según la denuncia, la oficina estaba revuelta pero no faltaba nada. Lo sensible del área es que allí se encuentran los ficheros que guardan cercan de 11 mil declaraciones juradas de los jueces federales y nacionales de todo el país y de otros funcionarios.
“Es muy raro y preocupante lo que país porque se trata de un área muy especial”, le dijo a Infobae un integrante del Consejo.
Las declaraciones juradas de los jueces son dos. Una pública con los datos generales y otra privada con la información más sensible, como direcciones de inmuebles o números de cuentas bancarias. Pero además hay información de conyuges o hijos, que los jueces también están obligados a dar. Todo eso estaba en la oficina.
Rosatti ordenó hacer un inventario preliminar y otro definitivo para determinar si falta alguna declaración jurada. “Puede pasar que no se hayan robada ninguna pero no sabemos si quien entró pudo sacarle fotos a alguna de ellas. Tampoco sabemos si estuvo poco o mucho tiempo en la oficina”, analizó la fuente consultada. En el Consejo adelantaron que cuando esté finalizado el inventario se lo enviará a la justicia federal.
El juez Rafecas, a pedido del fiscal Stornelli, ordenó las primeras medidas de prueba. Una de ellas fue tener el arqueo sobre las declaraciones juradas. Otra fue que se informe si hay cámaras de seguridad y en ese caso que se remitan las filmaciones. En el edificio hay cámaras pero en el Consejo sospechan que no funcionaban o que no estaban operativos esos días.
Por otra parte, el juzgado requirió que se informe si la cerradura había sido forzada. Eso determinará si quien o quienes ingresaron tenían la llave para hacerlo. En la justicia esperan los resultados de sus pedidos para fines de esta semana. Con esa información se determinará cómo continúa la investigación.
El hecho ocurre en la nueva etapa del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de la acusación y selección de jueces y de la administración del Poder Judicial. En abril Rosatii, presidente de la Corte Suprema, asumió al frente del organismo que pasó de tener 13 a 20 miembros tras un fallo del máximo tribunal que declaró inconstitucional su anterior integración. Desde medidos de junio, el cuerpo comenzó a funcionar con su nueva composición luego que fueron designadas sus nuevas autoridades, el vicepresidente y los titulares de cada una de sus comisiones.
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