Los próximos pasos de la Justicia en la investigación del avión venezolano-iraní

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, espera las novedades de varias instrucciones clave y las más de 30 medidas de pruebas que definirán el curso de la investigación del avión venezolano-iraní que aterrizó en Ezeiza el 7 de junio pasado y captó la atención del sistema político. Hasta el momento, solo hay indicios y presunciones sobre los motivos del viaje de la tripulación. Nada concluyente.

El magistrado solicitó información clasificada a organismos de inteligencia de Estados Unidos e Israel, con el objetivo de determinar la identidad de los 5 iraníes y 14 venezolanos que iban en el avión de transporte de carga de Emtrasur, la filial de la empresa de bandera venezolana Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa). Una de las hipótesis en juego -no es la única bajo análisis- es si existe un vínculo de los tripulantes con el terrorismo internacional, en sintonía con la preocupación que emitió ayer la embajada argentina que representa a Tel Aviv.

Villena, junto a la fiscal Cecilia Incardona, requirió a las agencias extranjeras verificar si existen sanciones sobre el avión Boeing de matrícula venezolana y si hay investigaciones en curso sobre sus tripulantes. La DAIA, tras ser aceptada querellante en la causa, se sumó a las solicitudes de averiguación y pidió como medidas de prueba que se dicten exhortos al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y a Interpol.

Hasta enero pasado, la aeronave figuraba como propiedad de la empresa Mahan Air, una compañía con punitorios y restricciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC), que depende del citado departamento norteamericano. Luego, fue adquirida por Emtrasur.

Desde su partida de Paraguay, durante el vuelo hacia Argentina, el avión investigado transportaba piezas para la fabricación de asientos y panel de instrumentos para el modelo Taos que produce la empresa automotriz Volkswagen en su planta de General Pacheco, y que adquiere a través de la autopartista SAS. Ninguna de las dos empresas se responsabilizó por la mercadería.

El origen de la aeronave es una pista más para dar con la trama del vuelo. Sin el chequeo de la historia de la tripulación y de sus identidades, la investigación entrará en un terreno pantanoso.

El centro de la atención y de las averiguaciones a las agencias de seguridad internacionales está puesto en el piloto iraní Gholamreza Ghasemi Abbas, cuyo nombre coincide con un integrante de Fuerza Quds -un grupo vinculado a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC)- y sería directivo de la aerolínea Qeshm Fars Air, denunciada por Estados Unidos de mover armas y equipamiento militar a Siria durante la guerra civil en ese país.

Ayer, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró que Ghasemi Abbas es solo “un homónimo” y que no tiene relación con la Fuerza Quds, luego de averiguaciones realizadas por la Policía Federal. Sin embargo, el ministro de Inteligencia de Paraguay, Esteban Aquino, aseguró que el piloto se trata de la misma persona y expresó su preocupación. “Confirmaron agencias aliadas”, precisó manifestó el funcionario del gobierno paraguayo.

Otra de las medidas sobre las que se aguardan resultados son las pericias en torno a la caja negra del avión, que se retiró luego de una inspección realizada este jueves. Esta medida judicial busca abrir las comunicaciones corroborar si hay evidencias que se apagó el “transponder”, un sistema que transmite información de la aeronave y su altitud. La caja negra puede grabar hasta 120 minutos y las conversaciones que se producen en la cabina.

Villena también ordenó el secuestro de 18 teléfonos celulares, 7 computadoras tipo notebooks y las 5 tablets que llevaba consigo la tripulación. El juez necesita la descarga de toda la información contenida en los dispositivos, cuyos peritajes está a cargo de la Policía Federal y de la división de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta ahora, los analistas no habían encontrado nada de valor en los aparatos para el curso de la investigación.

Mientras se dirimen las diligencias judiciales, los 19 tripulantes del avión tienen impedido salir del país y se encuentran alojados en el Hotel Plaza Canning. Desde el martes pasado, sus pasaportes seguían secuestrados por orden de Villena por un plazo de 72 horas. El juez tiene pendiente la resolución jurídica de los viajeros, si permanecerán imputados por algún delito o si serán considerados como testigos. Todavía no declararon en la Justicia.

La causa permanece bajo secreto de sumario.

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