Sorpresivamente, la Oficina Anticorrupción le anunció este martes al Tribunal Oral Federal 2 que renunciaba a la querella que llevó adelante desde 2016 en la causa que se instruye contra Cristina Kirchner, los ex funcionarios de Planificación de su gobierno y el empresario Lázaro Báez, revelaron a Infobae fuentes judiciales. La noticia llegó cuando el TOF ya había decidido iniciar los alegatos el próximo 11 de julio.
“El Titular de este organismo ha dispuesto desistir del rol de querellante en las causas en que esta Oficina se encontraba constituida en tal carácter. Por lo tanto, no habiendo prueba propuesta por la representación de este organismo pendiente de producción, se solicita a Vuestra Excelencia que se aparte a esta Oficina Anticorrupción del rol de querellante, oportunamente asumido (art. 85, en función del art. 420 del Código Procesal Penal de la Nación) y se dé baja del sistema Lex 100 a los letrados intervinientes”, dice el escrito que se le entregó al TOF que firma el abogado Sergio Aleo y al que accedió Infobae.
“Por la inactividad que estaba demostrando en el juicio no nos sorprende”, dijeron a Infobae fuentes que participan del debate oral. Habrá que
ver qué conducta lleva adelante la otra querella, que representa la UIF.
Al inicio de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el organismo que dirige Felix Crous ya había decidido renunciar a todas las querellas de la causas en trámite contra la Vicepresidenta y sus hijos “.El titular de este organismo ha decidido desistir del rol de querellante en la presente causa. Por lo tanto, se solicita a vuestras excelencias que se aparte a esta Oficina Anticorrupción de tal carácter, oportunamente asumido”, decian los primeros escritos que se presentaron, uno en la causa Los Sauces y otro en la causa Hotesur, ante el TOF 5. Más tarde, vendrían planteos similares en otras causas como cuadernos.
En aquel momento, la decisión fue apartarse de las causas que aún estaban en instrucción o elevados a jucio pero sin haber iniciado. Precisamente, este el único juicio oral que hasta el momento enfrentó la ex jefa de Estado.
El debate comenzó en mayo de 2019, apenas días después de que Cristina Kirchner anunciara la formula presidencial con Alberto Fernández. Junto con la vicepresidenta están acusados otras 12 personas. Entre ellas Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti, ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz. La imputación es que desde los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner las empresas de Báez recibieron 51 obras públicas para Santa Cruz de manera irregular porque se otorgaron con sobreprecios, sin que las compañías tengan la capacidad para hacer las obras o porque cobraron la totalidad antes sin terminarlas. Se juzgan los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública.
Después de tres años de juicio oral, el TOF a cargo de Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso terminó con la ronda de testigos y fijó para el 11 de julio el inicio de los alegatos. El orden de acusaciones empezaba con la Unidad de Información Financiera y luego con la Oficina Anticorrupción, los dos organismos que se sumaron a la acusa como acusadores privados en la gestion de Mauricio Macri y siguieron el juicio ya durante la gestión actual.
Después le toca al fiscal Diego Luciani, que guarda bajo siete llaves los detalles de la lectura de pruebas que hará el Ministerio Público sobre el trámite de la causa. Será el momento en que se defina si la fiscalía acusa a la vicepresidenta. Tendrá nueve audiencias para alegar. Luego hablarán las defensas para rechazar las imputaciones. Se estima que el veredicto podría llegar antes de fin de año.
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