La discusión por el manejo de los planes sociales sumó un nuevo capítulo en el Congreso de la Nación. Ahora, la Coalición Cívica presentó un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal con el fin de castigar a aquellos que extorsionan a los beneficiarios de los planes sociales para que participen en marchas.
El documento que ingresó esta tarde a la Cámara de Diputados propone modificar el segundo párrafo del artículo 149 bis del Código para que quede establecido: “Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Si para obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad, se hiciere uso de amenazas de quitar, eliminar, suspender o limitar un subsidio, asignación o prestación social, la pena será de prisión o reclusión de cuatro a seis años”.
En el caso de que quienes utilicen esto de manera coercitiva y sean funcionarios públicos, la norma establecería “inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena si el hecho lo cometiere un funcionario público que abusare de sus funciones”.
El proyecto de ley también busca modificar el artículo 168 del Código Penal y pide cambiarlo por uno que diga que será reprimido “con reclusión o prisión de cinco a diez años, el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos”
Incurrirá en la misma pena el que por los mismos medios o con violencia, “obligue a otro a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito”. Y profundiza: “Si para obligar a entregar, enviar, depositar, transferir o poner a disposición de otro, cosas, dinero o bienes, se hiciere uso de falsa orden o amenazas de quitar, eliminar, suspender o limitar un subsidio, asignación o prestación social, la pena será de prisión o reclusión de seis a doce años e inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena si el hecho lo cometiere un funcionario público que abusare de sus funciones”.
Para el bloque de la CC, el incremento de los alcances de los planes está generando estas distorsiones de su idea original. Por lo menos así lo dice en los fundamentos del proyecto de ley cuando señala que “es público y notorio que muchas personas en estado de necesidad, son obligadas a hacer determinadas acciones o a entregar parte del dinero público que reciben de los planes sociales a dirigentes de las organizaciones”.
El texto hace referencia a las denuncias en los medios de comunicación al respecto en las ultimas movilizaciones de los movimientos piqueteros y sociales. Pero desde el partido fundado por Carrió señalan que la intención no es “criminalizar el ejercicio del derecho a peticionar a las autoridades o del ejercicio de la política partidaria, o desincentivando el trabajo social de muchos voluntarios que con admirable entrega muchas veces sustituyen al Estado en lugares a los que lamentablemente, no llega como debiera; sino de proteger a las víctimas más vulnerables de nuestro entramado social y evitar que los más necesitados sean utilizados por personas que abusan de su posición de poder, violando su dignidad, su derecho a la libertad, e incluso, de propiedad”.
En el año 2002 los planes sociales ascendían en la Argentina a 1,6 millones. Veinte años más tarde, en 2022, el número asciende a 12,12 millones (según los datos del bloque tomando en cuenta los planes Potenciar inclusión joven, Argentina hace, Tarjeta Alimentar, Potenciar Trabajo, Hacemos Futuro, Progresar Argentina, entre otros) “con un aumento del 657,5%, aunque cabe aclarar que una persona puede estar cobrando más de un beneficio, debido a la superposición de planes entre las distintas reparticiones”.
SEGUIR LEYENDO:
Últimas Noticias
La Justicia argentina dio otro paso en la causa por posible daño ambiental de la planta de hidrógeno en Uruguay
La Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay determinó que corresponde al juzgado local tratar la demanda contra el Estado uruguayo y la empresa HIF. El reclamo fue impulsado por los legisladores peronistas Guillermo Michel, Adán Bahl y Marianela Marclay
Javier Milei se reunió con Viktor Orbán en Hungría y habló sobre la inmigración: “Cuando no se adapta al lugar, se convierte en invasión”
El Presidente también se reunió con Tamás Sulyok y fue el principal orador de la cumbre de la CPAC. Estuvo acompañado por Karina Milei y el canciller Pablo Quirno
En medio de su construcción federal, Kicillof busca contener a intendentes en alerta por la caída de recursos
Los invitó a un encuentro en La Plata para trazar un escenario económico. Los jefes comunales coinciden en que aumentó la morosidad en las familias y la demanda de alimentos. Además, plantean retraso en obras provinciales y caída de la coparticipación
La Libertad Avanza y el PRO, entre el desafío de mantener la identidad y la chance de una alianza en el 2027
El Gobierno sumó a varios funcionarios y dirigentes que vienen de la gestión de Mauricio Macri, quien recientemente encabezó un acto de relanzamiento de su partido y sostuvo que son “el próximo paso”. Tensiones, acercamientos y negociaciones
La Justicia rechazó una medida cautelar de las ONG para suspender las audiencias públicas por la ley de glaciares
La petición había sido presentada por Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas, luego de que el Gobierno permitiera la exposición en vivo solo de 200 participantes
